Atendiendo a los diversos y variados  criterios de unos y otros  en función de donde realizan su actividad, bien sea en el sector público o en el privado, los criterios y análisis son diametralmente opuestos y no coincidentes, sin tener en consideración las bondades que cualquiera de ellos pueda aportar y al mismo tiempo minimizando las connotaciones negativas de las que puedan adolecer, ya que el prisma desde el que se observa puede adulterar o distorsionar la realidad.

Se puede asegurar de forma discreta y prudente  que un servicio público es aquel que va encaminado (como su nombre indica) a proporcionar al ciudadano una serie de acciones  encaminadas  a facilitar  y mejorar su comodidad y, a la vez, su calidad de vida.

El hecho de que el servicio lo preste una empresa privada o sea una entidad pública, no es motivo para que el servicio sea de calidad  y sin que se cree un conflicto de intereses, es decir, en el caso de empresa privada no han de prevalecer  las conveniencias  puramente económicas y en el caso de entidad pública  los beneficios laborales, que de alguna forma  pudieran menoscabar los derechos y privilegios  del ciudadano, que termina soportando su coste bien sea impuestos  o de forma directa, que en el caso de los exámenes de conducir  los soporta directamente  y al margen de los impuestos ordinarios, pagando las tasas oficiales establecidas.

Se puede entender como “privatización” a la concesión que el sector público hace al sector privado de la autorización  o facultad  de realizar una actividad anteriormente reservada para la Administración. Por consiguiente,  la privatización es el traspaso de la gestión y/o de la propiedad  parcial o total de un bien público al sector privado con el objetivo fundamental de mejorar la asignación de recursos.

Además, desde un punto de vista funcional y estratégico, con la privatización se intenta lograr  que se actúe fuera de la influencia  de los procedimientos públicos, de la burocracia de la Administración, y de la tutela del presupuesto. Definido de esta forma, el término privatización no solo supone, en la práctica, traspasar a la economía privada  parte del patrimonio público, mediante la enajenación  de activos  o empresas, sino que también se le otorga al sector privado la “capacidad” de convertirse en oferente  o proveedor  de ciertos servicios públicos.

Si atendemos a la finalidad perseguida  o al objeto de la medida privatizadora, se puede distinguir  entre la privatización de bienes y la privatización de servicios públicos, dado que las consecuencias  institucionales  son muy diferentes  si la privatización va dirigida a un bien o a un servicio público.

En el caso que nos ocupa, se trata de la privatización de un servicio, por tanto no existe gestión alguna  de bienes públicos y en consecuencia los medios materiales  y humanos son aportados  por el adjudicatario de la concesión, en las condiciones estipuladas  y con las garantías exigidas  en el pliego de condiciones.

LA PRIVATIZACIÓN ORGANIZATIVA  COMO LA MEJOR OPCIÓN PARA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DE CONDUCIR

La privatización de servicios públicos es más compleja  que la de los bienes o capital público, porque supone una reorganización de las funciones  y responsabilidades  que tienen los entes públicos en cada servicio. Dentro de ella podemos diferenciar  a su vez:

a) la gestión privada de un servicio público (subcontratación) que consiste en transferir a manos privadas  la prestación o gestión de un servicio público y,

b) la desregulación o eliminación de trabas que impiden o dificultan  la competencia en determinados sectores. Respecto la subcontratación  es necesario señalar  que hay diversas formas  de llevarla a la práctica , dependiendo si el Estado quiere conservar parte de la responsabilidad  de este servicio o si quiere hacer un traspaso total de la gestión del servicio al sector privado.

En el primer caso, estaríamos ante la denominada “privatización organizativa” donde la entidad pública  sigue sintiéndose responsable del cumplimiento de la tarea  y de cómo se cumple, pero no la realiza ella misma sino la empresa privada, que se postula (a juicio) como la mejor opción, puesto que la Administración sigue controlando y supervisando la actividad; en el segundo caso, estaríamos ante la denominada  “privatización funcional” que supone un traspaso al sector privado de la responsabilidad  y realización del servicio, de forma que el sector público solo se siente  responsable subsidiariamente.

ALGUNAS RAZONES PARA LA PRIVATIZACIÓN

Entre ellas:

a) Reducir los monopolios estatales y mejorar la prestación de servicios.

b) Aliviar el presupuesto del Estado, aunque también  se pretende mejorar  la eficiencia y la gestión del servicio.

c) Parte del proceso político para la consolidación de la democracia.

d) Socavar el poder de los sindicatos  al tiempo que se alienta la implicación de los trabajadores.

e) Mejora de la actitud  de los empleados  con el ciudadano.

f) Adecuación de la oferta a la demanda.

g) Ampliación de horarios h) Facilidad para la contratación de personal.

h) Inmediatez en la toma de decisiones.

i) Mejora salarial de los empleados.

En definitiva, la privatización puede ser utilizada como un instrumento  para mejorar los exámenes, al imponer ésta más rigor en la gestión que resulta más difícil de implantar en el sector público.

CONDICIONES ESPECIALES QUE HAN DE CUMPLIR LAS CONCESIONES  DE DETERMINADOS SERVICIOS PÚBLICOS

De todos es conocida la privatización de las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITVs). La cual no se ha producido al mismo tiempo en todas las Comunidades Autónomas de España; algunas han sido más reacias  a su implantación, pero todas han terminado aceptando esta fórmula  para conseguir  dar al ciudadano un mejor y más amplio servicio.

Cuando una mayoría del sector proponía la privatización del servicio de exámenes de la DGT, por una carencia escandalosa de servicios, otros decían lo mismo de las ITVs y, efectivamente estos han tenido más suerte y lo han conseguido hace años.

Los beneficios para el ciudadano han sido múltiples y variados pero ha primado fundamentalmente la economía, un buen servicio y la comodidad.

¿ Alguien ha contabilizado el número de horas que muchos han perdido en las interminables colas que se producían en los malos controles públicos de las inspecciones de vehículos?¿Cuál era su verdadero coste?, hagamos un símil  o extrapolación  de este servicio a los exámenes para la obtención del permiso de conducir y realicemos un cálculo del “lucro cesante”para las autoescuelas  y las horas de trabajo que pierden muchos alumnos por un mal servicio, al margen de otras incomodidades.

La concesión administrativa de la posible privatización de este servicio debería de contemplarse de forma análoga a las de las ITVs. También en ese sector existían detractores de la privatización.

Por otro lado, la Asociación Española de Entidades Colaboradoras  de la Administración en la ITV (AECA-ITV), ante peticiones interesadas en la liberación de este servicio, rechazan la misma porque aseguran que el modelo actual  garantiza la “calidad” de las inspecciones  y mantienen la fiabilidad  de los operadores por ser estos independientes del sector de la automoción.

La comunidad extremeña también ha alzado la voz  en contra de la  privatización prevista. Sin embargo los fabricantes, los concesionarios y los talleres  llevan tiempo solicitando esta liberalización  o apertura ya anunciada por Industria, pero de forma total, lo que daría luz verde a todos los eslabones  de la automoción a poner en servicio una estación ITV y bajar la calidad de estas inspecciones  para convertirse este servicio en un mercado persa.

NO TODOS LOS QUE QUIEREN PUEDEN

En concreto, el artículo 6 del nuevo decreto, establece que los titulares de la estación ITV (socios, directivos y personal) no podrán tener participación alguna en actividades de transporte por carretera, comercio de vehículos automóviles, talleres de reparación o centros de diagnosis de vehículos, entidades aseguradoras, gestorías administrativas relacionadas con la automoción, peritos de seguros o mediadores privados que ejerzan en el sector, entidades involucradas en el diseño, fabricación, suministro, instalación, uso o mantenimiento de vehículos, así como cualquier  otra actividad  que pueda afectar  a la independencia  de la estación ITV e influir  en el resultado de sus actividades. Es lo que recoge la norma.

En el supuesto de la “privatización” los exámenes de conducir podrían suponerse  unas condiciones similares y muy restrictivas.

La mayoría de los profesionales del sector de las autoescuelas creen que la “privatización”será un hecho, solo es cuestión de tiempo, la ciudadanía, cada vez más exigente, demanda más y mejores servicios y, precisamente  los exámenes de conducir no son los más eficientes y deseables en un futuro próximo por la carencia de examinadores y el coste de los mismos. Pensar que la Administración puede asumir ese tributo y, ala vez, salto cuantitativo y cualitativo parece utópico.

DESCENTRALIZACIÓN Y EXTERNALIZACIÓN  DE LOS SERVICIOS DE LA  DGT

Han pasado algunos años desde que comenzó  la externalización de determinados servicios de la DGT:

a) Tramitación de matriculaciones de vehículos y otros , mediante los gestores administrativos.

b) Tramitación para la renovación de los permisos de conducir, en manos de CRC.

c) Cursos para la recuperación de puntos, lleva la CNAE d) Cursos de fase de presencia  de Profesores de Formación Vial.

La firma electrónica  y la presentación de documentos por vía telemática, más pronto que tarde, terminará con los sistemas administrativos directos, en estos momentos, solo se realizan mediante la cita previa.

El hecho manifiesto de la falta de personal examinador propicia la “privatización del servicio de exámenes” por la facilidad  de reubicación  de los funcionarios  en temas relativos a su desempeño, entre los que destacan la la labor o tarea inspectora  y las actuaciones en el campo de la seguridad vial y, como no, la inspección y control de los centros de exámenes privados.

Los beneficios, entre otros, que supondría la privatización/externalzación del servicio de exámenes de conducir permitirían una mayor flexibilidad  al poder disponer  de una plantilla de examinadores  más amplia, abundante y “especializada, a la vez, contar con mayor capacidad de maniobra distribuyendo su cabida o fuerza  de trabajo de acuerdo con las necesidades de las Autoescuelas y los propios ciudadanos.

De esta forma, se podría contar con refuerzos, en momentos puntuales, de sobrecarga en los exámenes, lo que en las plantillas de la DGT actuales resulta complejo o casi imposible, por la cantidad de bajas y jubilaciones.

A la vez, ante un cambio (mejora de la calidad de los exámenes), la concesionaria especializada y capacitada en estas tareas, podría aportar personal capacitado y cualificado en un plazo inferior a la DGT, que ya sabemos los métodos complicados que tiene para obtener nuevos examinadores eficientes y capacitados para ejercitar esta labor. Esta flexibilidad es por si misma una razón de bastante peso como para motivar a la DGT a externalizar el servicio.

César Augusto del Ebro

 

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