La renovación del Certificado de Aptitud CAP lo paga la empresa en el Transporte de Viajeros por Carretera


La empresa, y no el trabajador, debe asumir el importe de la tasa que grava la renovación del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) en el sector del transporte de viajeros por carretera, ya sea directamente o reintegrando su cuantía en los casos en que el trabajador haya abonado dicha tasa, según establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 29 de abril de 2021.

El ponente, el magistrado Sempere Navarro, determina que la realización de los cursos de 35 horas para obtener o renovar el CAP se encuadra en el ámbito del artículo 19 de la Ley de Protección de Riesgos Laborales (LPRL), y que por ello el tiempo dedicado a esa formación ha de llevarse a cabo con cargo a las empresas en las que se prestan los servicios que exigen la posesión de ese certificado, dentro de la jornada laboral y considerado ese tiempo como de trabajo efectivo con cargo a la jornada laboral ordinaria.

La acreditación forma parte de la formación continua necesaria para el transportista.

Por otra parte, concluye que la obtención de la tarjeta que acredita esa formación continua, en cuanto necesaria para poder desarrollar las tareas productivas, “forma parte de la propia formación y su coste debe ser asumido por el empleador”.

El ponente razona que “la tasa grava la expedición de una tarjeta imprescindible para acreditar que se ha cursado la formación exigida para desempeñar la tarea de conducción, esa exacción final forma parte de los costes que no pueden recaer sobre quienes trabajan”.

Y, concluye Sempere Navarro, que tanto la interpretación de las normas de conformidad con las exigencias del Derecho de la UE cuanto su conjunción lógica y sistemática “abocan a que quien asume el coste principal de la formación (tempo considerado como trabajo efectivo; material docente; profesorado; infraestructura; consumibles, etc.) también deba pechar con el accesorio (asociado a la emisión de la tarjeta acreditativa)”.

La sentencia resuelve un conflicto colectivo, no un litigio individual en el que haya habido una actuación abusiva o fraudulenta por parte de quien cursa la formación y acto seguido abandona la empresa para competir con ella. Para la Sala, eventuales conductas de ese tipo, en su caso, deberían examinarse de manera individual.

Divulgación: Club Autoescuela

Publicado por

Clubautoescuela

Formador Cursos DGT, Diplomado en Relaciones Laborales y RRHH, Seguridad Vial Laboral, Comunicación y Marketing PYME. Formador SEPE para el empleo. En memoria de José Manuel López Marín. Con todo mi cariño y devoción, presente en mí día a día. Tu hijo, Jose Eduardo López Vidal.

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