Juicio Rápido y Cancelación de Antecedentes Penales por Delito de Conducción bajo la Influencia de Drogas Tóxicas o Alcoholemia 


El plazo para la cancelación de los antecedentes penales variará en función de la pena impuesta en sentencia.

Para saber el plazo de cancelación de los antecedentes, lo primero que hay que ver es la pena con la que el Código Penal castiga el delito de conducción de vehículos bajo el efecto de bebidas alcohólicas e influencia de drogas tóxicas.

En Julio de 2015 se modificó el Código Penal, el artículo 379 castiga la conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas o drogas tóxicas. 

Establece las siguientes penas:

El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meseso con la de multa de seis a doce meseso con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 

Se impondrá sólo una de estas tres penas: la prisión o la multa o los trabajos en beneficio de la comunidad.

Además, este delito siempre lleva aparejada la retirada del permiso de conducir por tiempo de uno a cuatro años.

Observación:

Aunque no se superen dichas tasas de alcohol, se puede condenar por dicho delito si se acredita que se conducía con indudable alteración de las facultades físicas o psíquicas.

Si el Juzgado apreciase que el conductor se encuentra afectado por el consumo de bebidas alcohólicas, es decir si conducía con indudable alteración de sus facultades psíquicas y físicas, puede ser igualmente condenado por dicho delito aunque no hubiese alcanzado las tasas reseñadas.

Ejemplo de sentencia:

Audiencia Provincial de Madrid (Sección 17ª), sentencia de 27.11.2015:

“El 13 de junio de 2010, el acusado conducía el vehículo Volkswagen ….,  haciéndolo bajo la influencia de una intoxicación etílica, que le mermaba en sus facultades psicofísicas, razón por la cual cuando circulaba por la Avenida Juan Carlos I, de la localidad de Leganés, perdió el control del vehículo, subiendo sobre un bordillo e introduciéndose en el interior de una glorieta, chocando contra una señal de tráfico y tres árboles propiedad del Ayuntamiento de Leganés. El acusado presentaba síntomas de hallarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, tales como ojos rojos, pupilas dilatadas, habla pastosa, boca seca, fuerte olor alcohol y deambulación vacilante. Al serle realizada la prueba de determinación del grado de impregnación alcohólica con etilómetro, arrojó unos resultados de 0,47 y 0,43 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Se CONDENA a xxxxx , como autor penalmente responsable de un delito contra la Seguridad Vial del artículo 379.2, por conducir bajo la influencia del alcohol, a las penas de 46 días de trabajos en beneficio de la Comunidad y de 15 meses de privación del derecho de conducir vehículos de motor y ciclomotores…”

Cuando llegan las actuaciones al Juzgado procedentes de la comisión “presunta” de un delito de conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas, lo habitual es que se celebre un juicio rápido.

Juicio Rápido

Es muy probable que el abogado del acusado llegue a una conformidad con el Ministerio Fiscal a la vista de que las pruebas de alcoholemia evidencian que su defendido superaba la tasa permitida, por lo que la mayoría de las veces es aconsejable tal acuerdo previo al juicio, ya que de esta manera el acusado puede acogerse por ley a una rebaja de UN TERCIO de la condena solicitada por el Ministerio Fiscal.

La “conformidad del acusado” en el juicio rápido ha sido una de las grandes innovaciones que se produjeron en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Permite que los acusados por uno de los delitos que se ventilan en este tipo de juicios rápidos puedan acogerse, en el supuesto de mostrar su conformidad con el escrito de acusación que presente el Fiscal, a la reducción de un tercio de la pena solicitada por dicha acusación.

Ejemplo:

La Guardia Civil abre atestado a un conductor por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, que ha dado positivo en el control de alcoholemia correspondiente y en base a la tasa de alcoholemia resultante, envía el expediente a juzgado de guardia.

Los Juicios Rápidos son los procesos penales por los que se enjuician los delitos castigados, con pena privativa de libertad que no exceda de 5 años o bien cualesquiera otra cuya duración no exceda de 10 años.

Es necesario que el proceso penal se inicie con atestado policial y la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de Guardia o que, aún sin detenerla haya sido citada a comparecer ante el Juzgado de Guardia por ser denunciado en el atestado, y que además concurran alguna de las siguientes circunstancias:

Se enjuician como delito rápido:

A – Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.

B – Delitos de hurto

C – Delitos de robo

D – Delitos de hurto y robo de uso de vehículos

E – Delitos contra la seguridad del tráfico

F – Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal

G – Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal

H – Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.

Cuando llega el atestado al Juzgado, el Ministerio Fiscal presentará un escrito de acusación en el que solicitará como penas que lleva aparejado este delito, la de retirada del permiso de conducir y la imposición además de una pena de multa económica (puede solicitar también prisión, pero no es lo habitual cuando los hechos ocurren por primera vez y no se producen lesiones).

Imaginemos que el Fiscal solicita en su escrito de acusación la retirada del permiso de conducir por un año (pena mínima) y además la imposición de una multa de 1.200 euros. Si el acusado considera que no tiene forma de defenderse de esos hechos, ya que la prueba practicada ha dado positivo, puede conformarse con los hechos y el escrito de acusación presentado.

En este caso, la conformidad del acusado en el juicio rápido, sin necesidad de celebrarlo, le permitirá acogerse a una reducción de la condena solicitada en un tercio.

En este ejemplo si la acusación le pedía la retirada del carnet de conducir por un año, y se muestra conforme, al final la sentencia le rebajará dicha condena en un tercio, por lo que se le condenará a 8 meses de retirada del permiso de conducir. Igual pasará con la multa de 1.200 euros, reduciéndose en un tercio, por lo que la sentencia le impondrá una pena de multa de 800 euros.

¿Quedan antecedentes penales por un delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas o alcoholemia?

La respuesta es sí, van a quedar anotados los antecedentes penales en el Registro de Penados, puesto que conducir en estado de embriaguez es considerado un delito.

¿Qué plazo hay para la cancelación de los antecedentes penales por un delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas o alcoholemia?

Antes de ver los requisitos para la cancelación de antecedentes penales tenemos que saber la clase y cuantía de la pena que nos ha impuesto un Juez.

Por tanto, tendremos que leer el fallo de la sentencia y saber si nos han condenado a tantos meses o años de prisión, a tantos meses de multa, a tantos meses de retirada del permiso de conducir, ya que dependiendo de la pena o penas impuestas en la sentencia podremos calcular el tiempo que tardará en cancelarse nuestros antecedentes penales.

Uno de los requisitos para la cancelación de antecedentes penales, es que el culpable o condenado no cometa ningún otro delito dentro de los plazos que se establecen en el Código Penal.

Por tanto, una vez tengamos nuestra sentencia a la vista y sepamos a qué nos condenó el Juzgado, tendremos que acudir al artículo 136 del Código Penal para saber durante qué plazo no podemos cometer ningún otro delito para que se nos cancelen esos antecedentes penales.

El art. 136 Código Penal dice que han de transcurrir sin que el culpable cometa un nuevo delito, los siguientes plazos:

– 6 meses para las penas leves.

– 2 años para las penas menos gravesque no excedan de 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes.

– 3 años para el resto de las penas menos graves (las que excedan de 12 meses y no alcancen las graves).

– 5 años para las penas graves.

Opciones de Condena

Como hemos dicho, estos delitos llevan aparejada la imposición de 2 penas distintas:

1ª PENA. El juez aplica alguna de las tres opciones siguientes

a.- Pena de prisión (de 3 a 6 meses)

b.- “o” pena de multa (6 a 12 meses), el mínimo de la pena de multa a pagar para las personas físicas será de 2 euros día, y el máximo será de 400 euros día. En este caso se deja al criterio del Juez el importe que tenga que abonar el condenado, que deberá estar en sintonía con su capacidad económica.

Los Jueces fijarán en la sentencia, el importe de las cuotas de multa que debe abonar el condenado, teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo.

De ahí la importancia de que el condenado acredite con los medios de prueba que disponga (número de hijos, ingresos, hipoteca, etc.) las cargas familiares que tenga para que el importe de la multa sea consecuente con su capacidad económica.

El Tribunal, por causa justificada, podrá autorizar el pago de la multa dentro de un plazo que no exceda de 2 años desde la firmeza de la sentencia, bien de una vez o en los plazos que se determinen. En este caso, el impago de dos de ellos determinará el vencimiento de los restantes.

Esto significa qué si no se puede abonar de una sola vez la multa impuesta, se puede solicitar del juzgado el pago fraccionado, ahora bien, el compromiso que se asuma ha de cumplirse, pues se corre el riesgo que de no ingresar la cantidad en los plazos establecidos el Juez revoque el fraccionamiento y pueda convertirse la multa en días de prisión.

Si el condenado no abonase la multa impuesta, queda sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de prisión por cada 2 cuotas de multa no satisfecha no satisfecha.

c.- “o” pena de trabajos en beneficio de la comunidad (de 31 a 90 dias), es muy importante, por parte del condenado que se cumpla escrupulosamente con la totalidad de los trabajos en beneficio de la comunidad impuestos en la sentencia, ya que de no hacerlo o no presentarse a las entrevistas previas que correspondan, puede dar lugar a un nuevo delito de quebrantamiento de condena o delito de desobediencia, que lleva aparejado consecuencias más graves.

Los trabajos en beneficio de la comunidad no podrán imponerse sin el consentimiento del penado.

Los trabajos no serán retribuidos y deben referirse a actividades de utilidad pública sin que se pueda atentar contra la dignidad del penado.

Estarán cubiertas por la Seguridad Social las contingencias que pudieran ocurrir por accidente o enfermedad profesionalLa duración diaria de los trabajos en beneficio de la comunidad no podrá exceder de 8 horas.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria es el encargado de controlar el cumplimiento de la pena impuesta, por lo que pedirá los informes que precise a la Administración o entidades públicas que prestan estos servicios para controlar que el penado cumple con la pena impuesta (“plan de cumplimiento”).

Los trabajos en beneficio de la comunidad son una pena y su incumplimiento acarrea graves consecuencias.

Los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena y, en todo caso, dice la ley que deberán remitir inmediatamente al Juez de Vigilancia, información de si el penado:

a)Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.

b)A pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo, su rendimiento fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible.

c)Se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se le dieren por el responsable de la ocupación referidas al desarrollo de la misma.

d) Si la conducta del penado fuere tal, que el responsable del trabajo se negase a seguir manteniéndolo en el centro.

Una vez valorado el informe, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá enviar al penado para que finalice la ejecución de la misma en otro centro o entender que el penado ha incumplido la pena.

Si la pena de trabajos en beneficio de la comunidad ha sido impuesta en la sentencia como pena originaria, y el condenado a dicha pena no cumpliese con los trabajos impuestos, se deducirá testimonio al Juzgado competente y se podrá iniciar otro procedimiento penal contra el sujeto por un presunto Delito de Quebrantamiento de Condena.

Cuando se impone la pena de trabajos comosustitutiva de otra, el incumplimiento no dará lugar a la comisión de un delito de quebrantamiento de condena.

Si el penado no pudiese acudir algún día concreto a realizar los trabajos en beneficio de la comunidad, deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la Asociación o entidad donde esté prestando dichos servicios, así como acreditarlo documentalmente (Certificado de enfermedad, fallecimiento de algún familiar, etc.).

La causa para no cumplir con el trabajo encomendado debe ser importante.

2ª PENA. Además, la pena de retirada del permiso de conducir por tiempo de 1 año hasta 4 años.

La duración de la misma depende de la gravedad que estime el juez en función de los hechos y de las circunstancias del conductor (reincidencia, etc.).

Periodo que transcurrirá para disponer de derecho a la solicitud de la cancelación de antecedentes penales

Según la duración de las penas impuestas en sentencia, el plazo de espera para la cancelación de antecedentes penales por un delito de alcoholemia o conducción bajo la influencia de drogas variará de la siguiente manera:

*Por la pena de prisión (de 3 a 6 meses)o la de multa (de 6 a 12 meses)o la de trabajos en beneficio de la comunidad (de 31 a 90 días):

La duración de cualquiera de estas penas, consideradas por el Código Penal como ”Penas menos graves” tienen un plazo de cancelación de los antecedentes de 2 años.

*Por la pena de retirada del permiso de conducir por tiempo de 1 año hasta 4 años:

Si la retirada del permiso de conducir ha sido por 1 año exacto (o menos si existe conformidad en el juicio rápido), el plazo de cancelación será de 6 meses.

Si la retirada del permiso de conducir ha sido por tiempo superior a 1 año (basta con 1 año y 1 día) e inferior a 3 años, el plazo de cancelación de antecedentes es de 3 años.

Si la retirada del permiso de conducir ha sido por tiempo de 3 a 4 años, el plazo de cancelación será de 5 años.

¿Desde cuándo se inicia el computo de los plazos para la cancelación de antecedentes por un delito de alcoholemia?

Los plazos señalados se contarán desde el día siguiente a aquel en que se haya extinguido la responsabilidad penal, es decir, desde que se ha cumplido la última de las penas impuestas.

Ejemplo: (pasos a seguir)

1º paso. Si una persona ha sido condenada por conducir un vehículo en estado de embriaguez y se le condena a una pena de multa económica de 6 meses (plazo cancelación 2 años) y a la retirada del permiso de conducir por un tiempo de 1 año (plazo cancelación 6 meses).

2º paso. El plazo para la cancelación de los antecedentes de este delito comenzará desde que se extinga la última de las penas impuestas: cuando se termine el pago de la multa o al finalizar el tiempo de retirada del carnet de conducir.

3º paso. A partir de la extinción de la última de las penas deberá transcurrir el mayor de los plazos de cancelación, en este caso es el de 2 años. Habrá que contar 2 años desde el día siguiente al cumplimiento de la última pena para la solicitud de la cancelación de los antecedentes penales.

Prescripción de los delitos contra la seguridad vial *

Los delitos contra la seguridad vial prescriben al igual que el resto, con arreglo al artículo 131:

– A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años.

– A los quince años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años.

– A los diez años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez.

– A los cinco años, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año.

Si la pena señalada por la ley fuera compuesta, habrá que atender, para la aplicación de las reglas comprendidas en este artículo, a la que exija mayor tiempo para la prescripción.

En otro orden, en los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave.

En virtud del artículo 132, los plazos anteriormente señalados se computarán desde el día en que se haya cometido la infracción. En los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta.

* Prescripción en material penal: Consiste en la imposibilidad de ejercer una acción judicial penal contra una persona porque la acción penal prescribió. … En otras palabras, la prescripción de delito corresponde a la imposibilidad de que el culpable de un delito cumpla la pena que se le asignó.

Divulgación: Club Autoescuela

El perfil tipo del conductor profesional que buscan las empresas de transporte


Un estudio oficial analiza las ofertas de empleo para conductores profesionales para dar con las competencias del perfil que buscan las empresas de transporte.

El Ministerio de Trabajo ha llevado a cabo un análisis de diversos perfiles profesionales y de las competencias que requieren las empresas para cubrir sus puestos de trabajo.

Entre estos puestos se encuentra el de conductor de camión, una categoría profesional que, según el análisis, ha visto cómo el pasado 2019 se interrumpía la tendencia al alza en la contratación que se habían mantenido desde 2013.

Así pues, el informe oficial dibuja un perfil en el que la mitad de los contratos que se ofertan son temporales y en el que solo una quinta parte de las ofertas con contratos temporales oferta la posibilidad de continuar en el puesto de trabajo.

De igual manera, el 54% de las ofertas de trabajo para conductores de camión mencionan el salario ofertado, de tal modo que de este porcentaje, el 52% se sitúa entre una y dos veces el salario mínimo interprofesional, mientras que un 18 % propone una remuneración según convenio.

Competencias específicas de las ofertas de trabajo para conductores

Adicionalmente, entre las competencias especificas para la mayor parte de las ofertas de conductor para el transporte de mercancías es frecuente que lleven asociado el reparto, la carga y descarga, lo que supone en algunas casos el manejo de carretilla elevadora.

En relación con los candidatos, el análisis de Trabajo refleja que se suele recalcar la disponibilidad del candidato para el transporte internacional, así como la actitud ante el trabajo, por lo que se insiste en capacidades personales como responsabilidad, adaptabilidad, aprendizaje continuo, comunicación, orientación al cliente y al logro de resultados.

En este mismo sentido, las empresas requieren personas comprometidas y responsables con la imagen de la marca, con buena presencia y puntualidad.

Además, valores como la polivalencia, flexibilidad, iniciativa y dinamismo vienen a completar el perfil requerido de los candidatos para una ocupación que presenta buenas perspectivas de empleo, a corto y medio plazo.

Sin embargo, el informe también destaca que no suele solicitarse una titulación o estudios determinados para estos empleos, aunque, en cambio, suele requerirse experiencia previa de manera expresa en el 70% de las ofertas, principalmente con entre uno y dos años de experiencia.

Por otra parte, cada vez mas se requiere que el conductor profesional tenga un saldo de puntos del carnet de conducir razonable, al menos en relación a los trayectos que le corresponda cubrir.

¿Qué opción le queda a la empresa si un vehículo con 25 Tm de carga útil al completo, queda inmovilizado a 400 Km de su destino o de su origen si un control detecta que el conductor ha perdido su saldo de puntos  y el vehículo queda inmovilizado?. De poco le valen 30 años de experiencia al conductor profesional y un saldo de puntos precario.

El art. 384 del código penal castiga al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa económica de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, formando parte del título del mencionado código dedicado a los delitos contra la seguridad colectiva.

Así pues, el permiso correspondiente en vigor, el certificado CAP y el ADR (en su caso) son requisitos esenciales, la experiencia dilatada con un saludable saldo de puntos del permiso de conducir son elementos fundamentales en el momento de realizar la selección del conductor en quién delegar la responsabilidad del vehículo de la empresa. En transporte internacional se valoran las nociones de inglés y las competencias digitales en cuanto a la gestión de la documentación digital, cada vez mas frecuente, y de los nuevos tacógrafos inteligentes de segunda generación, que también deberán equipar los vehículos ligeros a partir de Julio de 2026.

Divulgación: Club Autoescuela

Instalar una cámara en el coche puede conllevar una multa de 1.500 euros


La Agencia de Protección de Datos sanciona con esta cantidad a un ciudadano que colocó un dispositivo de grabación en la parte trasera de su vehículo por violar el derecho a la intimidad de los viandantes.

Es una tendencia global. Cada vez hay más conductores alrededor del mundo que deciden colocar una pequeña cámara de alta definición conectada a una tarjeta de memoria (dashcam) en el interior de sus coches para registrar todo lo que ocurre mientras van al volante. El objetivo es utilizar esas imágenes como prueba en caso de multa o accidente y despejar cualquier duda en un futuro proceso judicial.

Estos dispositivos, que pueden encontrarse en el mercado por menos de 100 euros, comenzaron a popularizarse en países con una alta tasa de siniestralidad, como Rusia donde su uso no solamente es legal, sino que además es obligatorio para reducir los intentos de fraude a las aseguradoras y depurar responsabilidades. De hecho, estos gadgets se han hecho muy famosos por nutrir las redes sociales con cientos de videos virales en los que pueden verse impactantes choques e infracciones de tráfico de todo tipo.

En España no hay ninguna normativa específica que impida o castigue llevar una dashcam en el choche. Ahora bien, al estar en la frontera entre las grabaciones privadas y la videovigilancia, su utilización puede dar lugar a importantes sanciones, dependiendo de cómo y dónde sean ubicadas. Así lo demuestra una reciente resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que multa con 1.500 euros a un vecino de Toledo que instaló uno de estos aparatos en parte trasera de su automóvil, enfocando hacia la calzada.

Espacio público

Según consta en el expediente sancionador, fue una patrulla de la Guardia Civil la que detectó la presencia de un dispositivo de grabación en la bandeja del maletero del automóvil cuando éste se encontraba aparcado en la vía pública. En concreto, se trataba de una cámara de 360 grados de la marca Xiaomi My Home Security que permite ser controlada con una aplicación y visionar las imágenes directamente desde un teléfono móvil.

Teniendo en cuenta el atestado y el reportaje fotográfico facilitados por los agentes, la AEPD considera probado que el denunciado poseía un sistema de videovigilancia en el interior de su automóvil orientado hacia el espacio público “sin causa justificada” y que, por tanto, incumplió el artículo 5.1 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Este precepto establece, en esencia, que los datos personales captados por cualquier tipo de sistema de grabación serán “adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados”.

En este sentido, la AEDP argumenta que el control del tráfico y el espacio público es una competencia exclusiva de las fuerzas policiales y, aunque reconoce el derecho de cualquier persona a captar imágenes en la calle, entiende que hacerlo de forma continuada vulnera el derecho a la intimidad de los viandantes. Especialmente cuando no hay un motivo concreto, como ocurrió en este caso.

Cartel informativo

El escrito recuerda que cualquier cámara a bordo debe orientarse “preferentemente hacia el espacio particular”.  Es decir, hacia el interior del coche, evitando “controlar zonas de tránsito”. Por otro lado, indica que necesariamente se tendrá que advertir a todas las personas que puedan ser grabadas con un cartel informativo, incluso en el caso de que se trate de cámaras “simuladas” o disuasorias, dado que “pueden llegar a sentirse intimidadas”. Dos requisitos que aparentemente chocan con el propósito con el que estos aparatos son normalmente instalados: para registrar lo que ocurre en la calzada y desvelar la identidad de aquellos conductores o peatones que cometan ilegalidades.

Las infracciones del RGPD llevan aparejadas multas de hasta 20 millones de euros o del 4% de la facturación, en caso de que la infractora sea una empresa. Sin embargo, en el presente expediente la presidenta de la AEPD, Mar España, aclara que dada la gravedad de los hechos “se considera acertado imponer una sanción inicial de 1.500 euros, situada en la escala más baja para este tipo de comportamientos”. Contra la resolución ahora cabe recurso judicial por la vía contencioso-administrativa.

SANCIONES POR MANIPULAR LA CÁMARA EN MARCHA

La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte en un reciente informe que la manipulación de la daschcam con el coche en marcha supone una infracción del artículo 11 del Código de Circulación, que obliga al conductor a estar atento a la carretera. Al igual que otro tipo de distracciones al volante, como llamar por teléfono, introducir una dirección en el GPS o sintonizar la radio, configurar un dispositivo de grabación supone una distracción y un grave riesgo de sufrir un accidente sancionado con 200 euros y 3 puntos del carné de conducir. Además, en base a ese mismo artículo, el conductor puede ser multado hasta con 100 euros si se comprueba que la ubicación de la cámara dificulta su campo de visión o supone una interferencia para la conducción.

Más de 1.159 personas se encuentran en prisión por delitos contra la seguridad vial


El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado el primer informe integral sobre delitos de seguridad vial y su incidencia en el ámbito penitenciario, que refleja que hay 4.542 personas privadas de libertad con algún tipo de delito relacionado con la seguridad vial (9% de la población penitenciaria). De ellos, 1.159 tenían como delito principal la seguridad vial (un 2,3% de las personas en prisión).

“El estudio nos devela que los delitos relacionados con la conducción de vehículos a motor llevan a prisión a un número cada vez más elevado de conductores. Tenemos que frenar esta tendencia, porque no debemos olvidar que, detrás de estas frías cifras hay personas con nombre y apellidos que en un momento dado incumplieron las normas y sufren las consecuencias ellos y sus familias”, ha señalado Grande-Marlaska.

El informe señala que el 97,3% de las personas en prisión son hombres, frente al 2,7% de mujeres. Así, la radiografía de este tipo delictivo determina que se trata de un varón con una edad media de 40 años (39,8), con condenas inferiores a tres años por conducir sin permiso o sin vigencia del mismo (54,4%), de forma temeraria (16,7%) y bajo influencia de bebidas o análogas (16,7%) y de nacionalidad española.

Además, 9 de cada 10 personas tienen condenas inferiores a tres años y la condena media se sitúa en los 667 días (1,8 años). En cuanto al ámbito geográfico, las provincias de residencia de los condenados más frecuentes son Madrid, Málaga, Sevilla, A Coruña y Pontevedra.

Homicidio imprudente

El informe recoge que de estos penados, 26 personas se encuentran en la cárcel por estar acusadas o condenadas por homicidio imprudente con vehículo a motor. Este delito representa el 0,7% del total de delitos por homicidio, el 20% de los homicidios imprudentes y el 2,4% del total de internos contra la seguridad vial. Es decir, uno de cada cinco homicidios imprudentes se produce con un vehículo a motor.

El perfil del homicida imprudente en prisión, según se desprende del estudio, es hombre de edad comprendida entre 26 y 60 años, con una condena media de 4 años y de nacionalidad española. El análisis del ámbito geográfico indica que los delitos se producen tanto en grandes zonas urbanas como en rurales, costeras o del interior de la península.

De los 26 condenados por homicidio imprudente con vehículo a motor, dos de los infractores acumulan 6 y 7 condenas relacionadas con la seguridad vial. Únicamente dos de las 26 personas son mujeres. Lo que vendría a determinar que 1 de cada 10 personas condenadas por este delito son hombres.

El ministro del Interior ha señalado que “quienes cometen infracciones que les conducen a prisión lo hacen porque incurren en un doble error”. “Por un lado, no perciben el riesgo de las imprudencias que cometen pese a que, como hemos visto, las consecuencias son gravísimas y muy costosas. Por otro lado, muestran una equivocada sensación de impunidad cuando, según nos muestran las estadísticas, el grado de represión de estas conductas lesivas es muy alto”, ha indicado.

Tratamiento en centros penitenciarios

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha explicado que desde el 2010 está implantado un programa de intervención que lleva por título ‘Universalización de la educación vial en los centros penitenciarios’. El objetivo del mismo es sensibilizar a los internos de la importancia que tiene el comportamiento cívico y respetuoso con las normas a la hora de ponerse ante un volante. Asimismo, facilita la preparación para la obtención del permiso de conducir, permisos profesionales o la recuperación de puntos. A lo largo de estos diez años, 1.675 internos e internas han sido aptos para sacarse el teórico del carnet de conducir de los 2.501 que se han presentado.

Con relación a los aptos del examen práctico, los datos se refieren al período 2010-2016 ya que en años posteriores no se desarrolló el programa. Durante esos seis años, un total de 494 han conseguido el permiso de conducir, 463 eran hombres y 31 mujeres. El informe concluye que el número de internos que aprueban el examen práctico de conducir supera al de los aprobados del examen teórico.

Penas y medidas alternativas a la prisión

El informe también analiza la incidencia de estos delitos sobre las penas y medidas alternativas, que no implican penas privativas de libertad sino que obligan a las personas, bien a realizar talleres o programas de reeducación conductual, bien tareas de utilidad pública con el fin de reparar el daño causado, son los conocidos trabajos en beneficio de la comunidad (TBC). En 2019 el número de mandamientos recibidos por los servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas ascendió a 80.935, de los que un 30% responden a delitos contra la seguridad vial (24.487).

En cuanto a las tareas de utilidad pública, 10.683 personas realizaron trabajos en beneficio de la comunidad.

En resumen, en 2019 la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias gestionó la situación de alrededor de 30.000 personas condenadas por delitos contra la seguridad vial.