La eurodiputada Izaskun Bilbao pide a la CE medidas contra los abusos de empresas de transporte lituanas


La Eurodiputada vasca presenta una iniciativa parlamentaria instando a la Comisión europea a que adopte medidas contra el dumping social y la explotación laboral “vergonzante” que llevan a cabo grandes empresas de transporte lituanas.

Con ocasión de la tramitación del Paquete de movilidad de la UE, cuyo papel fue determinante para su aprobación, la eurodiputada Izaskun Bilbao presentó iniciativas parlamentarias similares denunciando la situación de precariedad laboral que vive el sector del transporte, en la que dicho paquete legislativo debe contribuir a su erradicación.

Escándalo por las condiciones y abuso


Hace unos días Fenadismer se hizo eco del impactante reportaje de investigación, emitido en televisión lituana, sobre las prácticas abusivas a que se ven sometidos miles de conductores profesionales que trabajan para grandes empresas de transporte internacional de dicho país, lo que ha ocasionado un profundo impacto en la sociedad lituana y en diferentes ámbitos políticos, que ha trascendido más allá de sus fronteras.

En este sentido, la Eurodiputada española Izaskun Bilbao ha presentado una iniciativa parlamentaria dirigida a la Comisaría de Transportes, Adina Valean, instando a la Comisión Europea a que investigue y tome medidas contra el dumping que las principales empresas lituanas de transporte por carretera practican para competir en el mercado de la Unión.

La Eurodiputada basa su iniciativa en el Paquete de movilidad aprobado por el Parlamento Europeo, fundamental para que el sector del transporte por carretera aporte lo mejor que tiene, flexibilidad y capilaridad, a la logística europea.

Debe competir gracias a esa virtud, a un proceso acelerado de digitalización, a su progresiva descarbonización y a la oferta de nuevos servicios y prestaciones basados en la innovación y la combinación eficiente con otros modos de transporte.

Por ello, insta a que se expulse del mercado a quienes se obstinan en seguir compitiendo a base de precarizar el mercado, degradar sus condiciones de empleo y esclavizar a los profesionales.

Según recoge en su iniciativa parlamentaria, el reportaje televisivo revela que compañías, que copan ya el 6% del mercado europeo, “practican un dumping social que debería avergonzar a las empresas que lo propician y las autoridades que lo consienten. Es, además, una vergüenza para el modelo social de la UE y un riesgo para la seguridad vial porque se obliga a los conductores a incumplir hasta los tiempos de descanso. En febrero entró en vigor el paquete de movilidad, pero hay prácticas y tipos de relación laboral que hay que cortar de inmediato”.

No es la primera vez que la Eurodiputada vasca plantea una iniciativa de este tipo. Antes de aprobarse el Paquete de movilidad denunció que el primer problema que debía combatir esta legislación era el dumping social que conduce al subempleo y degrada las condiciones de trabajo de todos, como por ejemplo los miles de camioneros filipinos con infra-contratos utilizados por empresas buzón suecas en Lituania, prestando servicio en las carreteras de la Unión.

En su respuesta la Comisión Europea aludía a la responsabilidad de los Estados miembros en el control de estas infracciones y mostraba su optimismo por el efecto que tendría el Paquete de movilidad en la eliminación de este tipo de prácticas.

En esta ocasión, en el reportaje de la televisión lituana explica como miles de personas en precarias condiciones, residentes en antiguas repúblicas soviéticas con bajos niveles de renta, acuden a las ofertas que las empresas lituanas publican en Internet seducidos por condiciones de empleo que prometen salarios que rondan los 2000 euros.

Una vez formados los contratos comienza el rosario de prácticas irregulares que recortan ese salario hasta en dos terceras partes. Alguna de ellas consiste, por ejemplo, en constituir un depósito mensual que se detrae del salario para atender daños producidos en el camino por accidentes, cuando los vehículos deben tener legalmente un seguro. Teóricamente si no hay accidentes ese “deposito” retorna al conductor, pero algunos de los entrevistados afirman que no conocen ningún caso en que se haya producido esa devolución.

Asimismo en su iniciativa parlamentaria, Izaskun Bilbao, se hace eco del dramático relato que hacen un grupo de ocho conductores en el referido reportaje sobre sus condiciones de vida, hacinados en una pequeña habitación de apenas 15 metros cuadrados en la que duermen en literas.

Así explican como las empresas les sancionan con nuevos descuentos del salario por no respetar las rutas que les asignan las empresas que sistemáticamente evitan las autopistas de peaje, discurren a veces por carreteras que no admiten vehículos de gran tonelaje o por cascos urbanos de pequeños pueblos y ciudades, derivando las sanciones por las infracciones cometidas en estos recorridos a los propios conductores, los cuales se arriesgan además a perder su carnet y la posibilidad de seguir conduciendo.

Igualmente, otros conductores describen los recorridos que se ven obligados a realizar en furgonetas en las que pasan en ocasiones hasta cinco días, cuando son sustituidos por otros compañeros en diversos puntos de Europa. Las compañías les obligan a pagar por esos desplazamientos, deben pagarse las comidas durante esos viajes, que tienen que ver con su actividad laboral, y son obligados a volver a conducir sin respetar los tiempos de descanso fijados por las normas europeas, lo que supone un riesgo para los propios conductores perjudicando gravemente la seguridad vial.

Divulgación: Club Autoescuela

La Inspección de Trabajo da la razón a UGT contra las subcontratas de Amazon


La Unión General de Trabajadores lleva tiempo denunciando graves irregularidades por parte de las empresas subcontratadas por Amazon en la plataforma logística de O Porriño (Vigo) para el transporte y distribución de sus envíos. El Sindicato ha advertido en innumerables ocasiones de los constantes abusos que soportan los trabajadores y trabajadoras de estas subcontratas y, en consecuencia, ha interpuesto distintas denuncias ante la Inspección de Trabajo en los últimos meses. Una de ellas ha sido por el tipo de contratación utilizada en relación al volumen de contratos temporales y pone el foco en la empresa Typsa Delivery, aunque no sería la única si extrapolamos esta realidad que denuncia UGT a un contexto nacional.

En este sentido, la Inspección de Trabajo ha dado la razón a UGT-Vigo en respuesta a una de las denuncias interpuestas por el Sindicato por el tipo de contratación utilizado por la citada empresa subcontratada por Amazon en su base de O Porriño (la única en toda Galicia).

Análisis de la resolución de la Inspección de Trabajo

Entre los argumentos esgrimidos, se centra en las normas rectoras, que insisten en la necesidad de hacer coincidir una identificación suficiente de la obra y servicio que se esgrime como causa de la temporalidad. Y por supuesto, que esta obra o servicio que constituye la causa del objeto, aun cuando coincida con la propia actividad de la empresa, tiene que presentar una autonomía y sustantividad propias, no pudiendo recurrir a la fórmula contractual elegida en sendos contratos objeto de examen: “servicio Amazon de distribución local de rutas planificadas en Vigo, centro Amazon Vigo”.

Por cuanto la mercantil Typsa Delivery tiene como actividad reconocida el transporte de mercancías, y en el centro de trabajo de Vigo, el total del volumen de la estructura del capital humano que conforma el mismo se sustenta en los contratos temporales, y ello según expone la Mercantil por su vinculación a la temporalidad del contrato mercantil firmado con el cliente y que supone el servicio que se presta. Ello contradice el sentido de la norma, cuando habla de la excepcionalidad de esta modalidad contractual frente al contrato indefinido que es el contrato de trabajo privilegiado en el sistema jurídico laboral español, y que es el que articula la actividad, y sirve de ensamble a las circunstancias tasadas formal y causalmente en la ley para justificar la contratación temporal.

La doctrina se ha pronunciado sobre la necesidad de que concurra en el servicio prestado la autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa. Su contenido, en cuanto al detalle de la causa que lo justifica y supone su objeto, se debe especificar e identificar suficientemente, con precisión y claridad. Y también en este sentido se ha pronunciado sobradamente el Tribunal Supremo, sala de lo Social, véase las sentencias de 2010, de 9 y de 29 de abril.

Jurispridencia

La sala en Pleno del Supremo, plantea la ilicitud de acudir a la contratación temporal cuando la actividad de la empresa es la de prestar servicios para terceros, y por tanto desarrolla relaciones mercantiles con los destinatarios de tales servicios a través de los oportunos contratos. Ve injustificado el recurso a la contratación temporal y “que una empresa apoye la esencia de su actividad en una plantilla sujeta al régimen de indeterminación relaciones laborales.”

Contrato por obra y servicio: el más utilizado en España

La modalidad del contrato por obra o servicio es, en nuestro país, el de más elevada utilización, y no por eso podemos vaciarlo de su contenido legalmente tasado. Conviene, pues, volver a la definición del contrato para obra o servicio del art. 15.1 a) ET, que pone el acento en la autonomía y sustantividad dentro de la actividad de la empresa, para apreciar que en las actividades como las descritas no es posible continuar aceptando ni la autonomía ni la sustantividad porque el objeto de la contrata es, precisamente, la actividad ordinaria, regular y básica de la empresa.

Al tratarse de una empresa que ofrece servicios a terceros y desarrolla su actividad esencial a través de la contratación con éstos, resulta ilógico sostener que el grueso de aquella actividad tiene el carácter excepcional al que el contrato para obra o servicio busca atender.

La mayor o menor duración del encargo del Cliente no puede vincularse a la nota de temporalidad de este tipo de contrato de trabajo, y en idéntico sentido se pronuncia el Tribunal Supremo en la sentencia ya señalada 1137/20.

La duración determinada del contrato de trabajo por obra o servicio de duración determinada, estaría justificada por la particularidad de la obra o servicio, en la medida en que ésta pueda claramente definirse y delimitarse respecto del volumen ordinario o habitual y surgir, precisamente por ello, como un elemento destacado y no permanente respecto del ritmo de la actividad de la empresa.

Nada de esto puede afirmarse cuando toda la actividad empresarial consiste, precisamente, en desarrollar servicios para terceros. Éstos, como tales, estarán sujetos a una determinada duración en atención al nexo contractual entablado con la empresa cliente, pero tal delimitación temporal en su ejecución no puede permear la duración de la relación laboral de la plantilla de la empresa si no se atienen a las notas estrictas del art 15.1 a) ET.

Divulgación: Club Autoescuela

Sólo un tercio de las pymes conoce su obligación de hacer un registro salarial por sexos, según los gestores


La obligación de implementar el registro retributivo fue establecido por el RD 902/2020

Sólo un tercio de las pymes conoce su obligación de tener un registro salarial desglosado por sexos y apenas el 23% está preparada para aportar la información requerida en el mismo, según el último barómetro de los Gestores Administrativos, realizado entre los días 9 y 13 de abril.

Todas las empresas están obligadas desde el pasado miércoles, 14 de abril, a tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos, como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

La norma sobre igualdad salarial se aprobó en octubre del año pasado para su entrada el 14 de abril. Tiene por objetivo impulsar la transparencia salarial en las empresas para garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres en trabajos de igual valor. Se trata, en definitiva, de combatir la llamada brecha salarial de género.

El registro salarial al que obliga la norma debe incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo, entre otros datos. Pero, según los gestores administrativos, apenas una de cada cinco pymes podría aportar ahora la información que se exige en el registro.

“No parece de recibo que algo de tanta importancia no haya sido objeto de una potente campaña de información por parte del Ministerio correspondiente”.

Una de cada cinco pymes necesita ayudas directas

Según el barómetro, el 23% de las pymes que cuentan con un crédito ICO no podrán acogerse a las medidas de ampliación de la carencia y/o de la amortización que aprobó el Gobierno el pasado mes de noviembre debido a que tienen impagos con más de 90 días frente a entidades financieras.

Una de las condiciones para poder ampliar los plazos de carencia y amortización de los ICO-Covid es no estar en mora. “Es increíble que no sean conscientes de que las pymes están sufriendo un calvario, les falta liquidez y, en consecuencia, no pueden hacer frente a sus compromisos financieros. Por ello, precisan ayuda. Las que están al día necesitan las ayudas, las que no, las necesitan con más razón”.

Además, los datos del barómetro revelan que el 21% de las pymes precisan acogerse a las ayudas directas aprobadas recientemente por valor de 7.000 millones de euros. Sin embargo, denuncian los gestores, el 43% de estas empresas no podrán acceder a estas ayudas por no estar al día en sus pagos a Hacienda y a la Seguridad Social, requisito para poder cobrarlas.

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  • Orden TMS/369/2019 Registro estatal de entidades de formación
  • Periodo de adecuación
  • Orden ESS/1897/2013 Teleformación
  • Sistemas de Gestión Admisibles. SEPE.
  • Pasos para implantar y certificar la ISO 9001:2015