Reactivación del cierre de empresas por pérdida de honorabilidad


El Tribunal Supremo anuló el pasado mes de Octubre el procedimiento administrativo establecido en el nuevo ROTT en 2019 para declarar la pérdida de la honorabilidad y consiguiente cierre de la actividad de las empresas transportistas, por considerarlo poco garantista y trasponer incorrectamente el Reglamento europeo que lo regula.

Ahora el Ministerio de Transportes junto con las Comunidades Autónomas han acordado reactivar dicho procedimiento aplicando la Ley de Procedimiento Administrativo General para dar cumplimiento al fallo judicial, correspondiendo a los Directores Generales de Transportes autonómicos resolver sobre la revocación de las autorizaciones de transporte de las empresas transportistas y la inhabilitación de sus gestores de transporte.

Como se recordará, entre las novedades más controvertidas incluidas en el nuevo Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), que entró en vigor en Febrero de 2019, se encuentra la nueva regulación sobre el requisito de honorabilidad, que conforme a la normativa europea se considera uno de los 4 requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad del transporte por carretera.

En desarrollo de tal previsión comunitaria, el nuevo ROTT reguló los supuestos en que se puede perder el requisito de honorabilidad y las consecuencias de dicha pérdida. Así, entre los supuestos de pérdida se encuentra que la empresa transportista haya sido sancionada en vía administrativa por la comisión de una sola del catálogo de infracciones muy graves, aunque algunas de ellas no sean imputables a la empresa transportista, o bien de aquellas graves o menos graves cuyo Índice de Reiteración Infractora (IRI) alcance un valor igual o superior a tres. De hecho, desde su entrada en vigor, son decenas de miles las notificaciones de comunicación de pérdida de la honorabilidad que los servicios territoriales de inspección de las Comunidades Autónomas han venido dirigiendo tanto a las empresas transportistas como a sus gestores.

27 infracciones de transporte que suponen la pérdida de la honorabilidad inmediata:

A modo de repaso, vamos a ver los tres supuestos por los que se produce la pérdida de la honorabilidad, según la Ley Orgánica de Ordenación de los Transportes Terrestres:

  • Por comisión de delitos de transporte o de otro ámbito, que conllevan la inhabilitación especial del ejercicio de actividades de transporte.
  • Índice de Reiteración Infractora (IRI). Una fórmula matemática que pondera las infracciones cometidas en un periodo de tiempo concreto.
  • Comisión de infracciones muy graves, tras sanción firme por vía administrativa. Este es, tal vez, el supuesto más temido, ya que una única sanción puede impedir que la empresa ejerza durante hasta un año.

A continuación desarrollamos las infracciones que suponen la pérdida de la honorabilidad inmediata.

Infracciones que suponen la pérdida de honorabilidad

La lista de infracciones muy graves que conllevan pérdida de la honorabilidad toca todos los apartados del baremo sancionador. Por eso, aquí se encuentran divididas en cuatro bloques: generales, del tacógrafo, específicas de transporte de mercancías y, por último, referidas al transporte de pasajeros.

Recordamos que, además de perder la honorabilidad, cometer cualquiera de estas infracciones también conlleva la sanción económica reconocida en el baremo sancionador.

Infracciones muy graves generales

  1. Realizar transporte sin tener título habilitante.
  2. Contratar como porteador o facturar en nombre de otra persona que no sea titular de autorización de transporte ni operador de transporte.
  3. Arrendar un vehículo acompañado de prestación de servicios de conducción. Cesión de uso de un vehículo cuando el titular preste servicios de conducción al cesionario. Es decir, sustituir un contrato de trabajo por uno de alquiler.
  4. Cesión de títulos habilitantes a favor de otras personas. Esta cesión no puede ser ni explícita, ni sobreentendida.
  5. Falsificar cualquiera de los títulos habilitantes para el ejercicio de actividades profesionales reguladas por la LOTT.
  6. Falsear documentos que deban ser aportados para obtener cualquier título habilitante o certificación que expida la administración.
  7. Falsear documentos contables, estadísticos o de control que la empresa esté obligada a almacenar. Esta sanción incluye especialmente falsificar, disimular, eliminar o destruir los datos registrados por el tacógrafo o la tarjeta del conductor.
  8. Falsear las condiciones que determinaron que la empresa u operador de transporte se beneficiase de la exención de responsabilidad.
  9. Realizar actividades de transporte o de intermediario incumpliendo alguno de los requisitos necesarios para obtener la autorización de transporte.
  10. Contratar servicios de transporte a transportistas u operadores no autorizados.
  11. Realizar actividades de transporte, utilizando conductores que no tengan permiso de conducir, certificado de aptitud profesional o tarjeta de cualificación en vigor.
  12. Utilizar un vehículo que no haya superado la inspección técnica obligatoria.
  13. Faltar al mantenimiento de las condiciones de seguridad del vehículo utilizado, en caso de que haya deficiencias muy graves en los dispositivos de frenado, dirección, ruedas y neumáticos, suspensión, chasis, o cualquier equipo que suponga un riesgo inmediato para la seguridad vial en general.
  14. Conducir un vehículo de transporte, ya sea de viajeros o de mercancías, sin tener el permiso de conducción adecuado.

Infracciones muy graves del tacógrafo

  1. Manipular el tacógrafo, el limitador de velocidad o cualquiera de sus elementos. Esto incluye alterar el funcionamiento de estos elementos, o modificar sus mediciones.
  2. Carecer de tacógrafo, de limitador de velocidad, o de alguno de los elementos que forman cualquiera de estos aparatos. También carecer de otros medios de control que exista la obligación de llevar instalados en el vehículo.
  3. No llevar insertada en el tacógrafo la tarjeta de conductor en caso de tacógrafo digital, o el disco en el caso de tacógrafo analógico.
  4. Exceso igual o superior al 50% en los tiempos de conducción diaria, sin hacer un descanso de 4 horas y media como mínimo. Si se realiza un descanso superior a este, la infracción será grave y no conllevará pérdida de la honorabilidad.
  5. Exceso igual o superior al 25% del tiempo máximo de conducción semanal o bisemanal.

Infracciones muy graves de transporte de mercancías

  1. Transportar mercancías peligrosas por carretera, cuando no esté permitido hacerlo.
  2. Utilizar vehículos o depósitos no autorizados para transporte de mercancías peligrosas.
  3. Realizar transporte de mercancías peligrosas sin señalizarlo en el exterior del vehículo.
  4. Utilizar envases o embalajes no autorizados para el transporte de mercancías peligrosas.
  5. Exceso de peso sobre la masa máxima total autorizada:
    1. Igual o superior al 20% en vehículos N3
    2. Igual o superior al 25% en vehículos N2

Infracciones muy graves de transporte de viajeros

  1. Realizar transporte regular de viajeros de uso general sin haber sido contratado por la administración competente.
  2. Vender plazas individuales de transporte de viajeros, prestar servicios integrados de forma reiterada y con tráficos preestablecidos. Es decir, dar servicio de transporte regular con autorización de transporte discrecional.
  3. Interrumpir los servicios acordados en un contrato de gestión de transporte regular de viajeros sin consentimiento de la administración ni causa justificada.

Conclusión

Estas son las 27 infracciones muy graves que pueden conllevar la pérdida de la honorabilidad inmediata, aunque siempre siguiendo el procedimiento marcado por la normativa. Así, vemos que el primer paso para no incurrir en ellas es la buena fe al llevar nuestro negocio. Para el resto, y en especial las infracciones muy graves relacionadas con el tacógrafo, la gestión y análisis del tacógrafo digital es el mejor aliado.

Situación Actual

Las consecuencias de la pérdida de la honorabilidad son muy graves ya que, además de la inhabilitación del gestor de transporte de la empresa transportista, supone nada menos que la suspensión temporal de las autorizaciones de transporte, lo que en la práctica implica el cierre de la actividad de la empresa con la consiguiente pérdida de clientes, despido de trabajadores y quebranto económico.

Ello motivó, la impugnación de dicha regulación ante el Tribunal Supremo, por considerarlo poco garantista dadas sus consecuencias tan lesivas para la actividad de las empresas transportistas. Como resultado de dicho recurso judicial, el Alto Tribunal declaró nula la regulación contenida en el nuevo ROTT sobre el procedimiento establecido para decretar la pérdida del requisito de honorabilidad, al resultar contrario a derecho “por la incorrecta trasposición” del Reglamento europeo que regula dicho requisito al no contemplar un procedimiento administrativo completo: “La exigencia del procedimiento administrativo completo tras la imposición de la sanción no puede ser sino el deseo que haya un procedimiento cuyo objeto específico sea precisamente la comprobación de si la pérdida de la honorabilidad es o no proporcionada.”

En este sentido, el Ministerio de Transportes junto con las Comunidades Autónomas han acordado reactivar dicho procedimiento aplicando la Ley de Procedimiento Administrativo General para dar cumplimiento al fallo judicial, sin proceder a modificar la regulación anulada por el Tribunal Supremo, por lo que en próximas fechas todas las empresas transportistas que hayan cometido infracciones muy graves o que por acumulación de otras alcancen el mínimo necesario, recibirán una comunicación del Ministerio de Transportes en la que se le notificará el inicio del procedimiento de pérdida de honorabilidad, frente a la cual podrán plantear las alegaciones que estimen convenientes ante el Director General de Transportes de su Comunidad Autónoma, el cual deberá valorar sobre la proporcionalidad o no de revocar sus autorizaciones de transporte así como de inhabilitar a sus gestores de transporte.

Fuente: Club Autoescuela

El TC admite el recurso de amparo interpuesto por AEA contra la sentencia del Supremo que autorizó a los ayuntamientos a “inventar señales de tráfico”


El Tribunal aprecia que concurre una especial transcendencia constitucional  porque el recurso plantea o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo interpuesto por la organización de defensa de los conductores, AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA) contra una sentencia del Tribunal Supremo (STS nº 1727/2019, del 13/12/2019 (LA LEY 179256/2019)) que autorizó a los ayuntamientos a crear señales no contempladas en la legislación del Estado, “apreciando que concurre en el mismo una especial transcendencia constitucional (art. 50.1 LOTC (LA LEY 2383/1979)) porque el recurso plantea o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”

Los conductores tienen obligación de conocer todas las señales de tráfico, incluso las inventadas

AEA planteó el recurso ante el máximo interprete de la Constitución al considerar que la sentencia del Supremo -autorizando a los ayuntamientos a crear y utilizar señales no contempladas en la legislación nacional e internacional de carreteras-, vulnera el derecho a la libre circulación de los españoles por el territorio nacional con garantías de igualdad (art. 19 CE (LA LEY 2500/1978)), y ponen en riesgo la seguridad vial de millones de ciudadanos nacionales y extranjeros a los que se obliga a conocer las señales que pudieran inventarse los más de 8.000 ayuntamientos que existen en nuestro país.

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, “la admisión a trámite de este recurso de amparo abre una vía de esperanza frente al increíble pronunciamiento del Tribunal Supremo que autorizó a los ayuntamientos a crear señales, distintas y diferentes de las contempladas en el Catálogo Oficial de Señales y Marcas Viales, con el grave riesgo que ello supone para la seguridad vial.”

“Imagínense lo que podría ocurrir -añade Arnaldo- si a cada uno de los más de ocho mil ayuntamientos españoles se le ocurriera pintar de colores los pasos de cebra, o sustituir las señales de STOP por girasoles. Eso por no hablar del idioma a utilizar en los paneles complementarios de las señales. Esto sería el caos ”

Fallos en la notificación de la sentencia realizada electrónicamente por Lexnet

El otro aspecto del recurso de AEA sobre el que el Tribunal Constitucional también considera que tiene una “especial transcendencia constitucional”, se refiere al derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, ya que el contenido de la sentencia con la que esta organización de defensa de los derechos de los automovilistas recurrió en casación ante el Supremo era diferente a la que le fue notificada a la Administración y por ello no pudo ejercer su defensa conforme a los principios de bilateralidad, contradicción e igualdad de armas procesales.

En relación con esta cuestión, Arnaldo, también ha mostrado su satisfacción porque “va a ser la primera vez que el TC va a tener oportunidad de pronunciarse sobre la seguridad y eficacia de los emplazamientos, citaciones o notificaciones realizadas por medios técnicos o electrónicos, como es a través de Lexnet.”

“Desde el punto de vista del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva –concluye Arnaldo-, resulta inadmisible que el contenido de una misma resolución judicial difiera dependiendo de la forma en que se realice la notificación y su destinatario. En nuestro caso, la sentencia que le notificaron al Ayuntamiento de Madrid tenía 30 folios y la que nos notificaron electrónicamente a nosotros a través de Lexnet sólo 22. Los folios que faltaban era los votos particulares que nos daban la razón”.

Divulgación: Club Autoescuela

Desafíos legales en el sector de la movilidad: Car-sharing y mucho “MaaS”


La movilidad está experimentando (y va a seguir haciéndolo en los próximos años) una verdadera revolución. A la aparición de nuevos tipos de vehículos (bicicletas asistidas, patinetes eléctricos, sillas, triciclos, scooters… etc.), que buscan su hueco en los núcleos urbanos de nuestras ciudades, se unen nuevas formas de uso de los diversos medios de transporte: desde el abandono de la cultura de la propiedad hacia la del arrendamiento o cesión de uso (carsharing, moto-sharing y toda un panoplia de modalidades de intercambio), hasta la aparición de nuevos servicios que mediante aplicaciones móviles y geolocalización tratan de  conectar todos esos vehículos, a fin de ofrecer un servicio global.

Esto último es lo que se ha venido en llamar “MaaS” (“mobility as a service”), en el cual los prestadores de este tipo de servicios buscan integrar a todos los proveedores de transporte, tanto públicos (tren, metro, autobuses) como privados (taxis, VTC, vehículos eléctricos, ciclomotores) en una sola plataforma. Permite a los usuarios buscar, planificar, reservar y pagar cualquier modo de transporte que elijan en una sola transacción.

La planificación es clave, pues permite adaptar la ruta a las condiciones cambiantes de cada día. En nuestro país empresas como MEEP están ya implementando este tipo de soluciones público-privadas, como el proyecto, en fase piloto, en la ciudad de Zaragoza.

¿Está nuestro ordenamiento jurídico preparado?

La revolución tecnológica y social que está experimentando la movilidad no está exenta de complicaciones, empezando por la existencia de competencias concurrentes de las distintas administraciones, que van siempre por detrás de las innovaciones: los Ayuntamientos, encargados de regular la movilidad en sus municipios, las Comunidades Autónomas (con competencia en transportes regionales) o el Estado en los transportes suprautonómico y en la normativa general en materia de tráfico.

Todas ellas deberán adaptarse a las innovaciones y crear una sana competencia entre operadores, agregadores y plataformas, buscando estándares abiertos, evitando situaciones de abuso de posición dominante (sin duda el derecho de la competencia va a tener mucho que decir aquí), y generando el necesario equilibrio entre la inversión privada (que tiene derecho a sus legítimos retornos de la inversión en recursos e I+D que están realizando) y la naturaleza de servicio público esencial del transporte.

El big data va a jugar también un papel central, pues la información que las ciudades van a tener de los patrones de sus habitantes va a permitir idear soluciones mucho mas precisas a las congestiones y también a los operadores, público o privados, hacer una organización más eficiente de las rutas y sus recursos. ¿Acabaremos con los atascos?

Desde el punto de vista penal, las lagunas legales y dudas generadas son numerosas, a la espera de que se promulgue el tan esperado nuevo Reglamento General de Vehículos (el actual data de 1998).

Es innegable que los patinetes, scooters y otros artefactos similares tienen la consideración de vehículos, pero ¿pueden considerarse vehículos a motor?

La diferencia puede ser acabar condenado por un delito contra la seguridad del tráfico (de alcoholemia, de conducción sin permiso o de conducción temeraria, entre otros) o quedar absuelto, lo cual está ocurriendo en muchos casos por apreciación de un error de tipo invencible (el que comete un delito pensando que estaba haciendo algo legal), dado el caos normativo que existe respecto a qué vehículos requieren permiso de conducción o seguro y la inestable definición del concepto de “vehículo a motor”.

Desde el punto de vista civil, los problemas no son menores, empezando porque España carece de regulación específica sobre el fenómeno del “sharing”, a diferencia de países como Alemania, Italia o USA, lo que nos lleva a la insuficiente regulación del contrato de arrendamiento de bienes muebles prevista en nuestro vetusto Código Civil.

Especialmente relevantes son los problemas que se crean en el ámbito del aseguramiento. Rara vez los usuarios de estos servicios son conscientes de que en caso de accidente están solo cubiertos frente a terceros o que han aceptado una franquicia de 500 euros.

Es precisamente el mundo de los seguros el que se abre a nuevos horizontes, siendo ya posible la contratación de un seguro personal para este tipo de vehículos o incluso de micro seguros temporales.

No está tampoco bien resuelto todavía cuándo responderá la empresa titular de los vehículos o del servicio en caso de accidente. Es evidente que si el accidente trae causa de que el servicio no se ha prestado en condiciones de idoneidad (defectos en el mantenimiento, por ejemplo) responderá la empresa por culpa in vigilando, aunque en estos supuestos, la prueba para el usuario puede ser complicada, máxime cuando previamente a la utilización se le exige confirmar, a través de su móvil, que encuentra el vehículo en un aparente buen estado.

Los nuevos modelos de negocio centrados en la movilidad: desafíos legales

Para terminar, nuevos modelos de negocio están llamando a nuestras puertas, en un sector que espera un crecimiento del 25 al 35% anual, generando importantes retos legales, comenzando por el ámbito contractual (colaboración público-privada en muchos casos), con cuestiones sensibles desde el punto de vista de la propiedad intelectual, la protección de datos y la protección a consumidores.

El objetivo será la creación de plataformas de transporte, que permitan mediante una única aplicación y un único pago acceder a un amplio menú de medios de transporte.

Es más: frente al modelo de pago por uso de un medio de transporte o de una serie de medios, se abren camino nuevas modalidades de tarifa plana, a imagen de tantos otros servicios que disfrutamos hoy en día (como Netflix, por citar uno de los más populares). Estas aplicaciones nos permiten incluso calcular la huella de carbono y seleccionar aquellas opciones más sostenibles.

En todos estos desafíos, que pueden mejorar sustancialmente nuestra calidad de vida, necesitamos políticos centrados en gestión y mejoras (no en un estéril debate guerracivilista), un ordenamiento jurídico claro y seguro que anime a los empresarios dispuestos a arriesgar y, por supuesto, abogados que entiendan bien el negocio de sus clientes y ayuden a hacer de puente entre el sector público y privado, con soluciones creativas que permitan impulsar la nueva movilidad.

Fuente: Club Autoescuela

El próximo verano, comenzaremos a despedirnos de los tradicionales triángulos de emergencia que nos acompañan desde julio de 1999. Llega la renovada V-16.


En caso de avería o accidente, la señal V 16 luminosa se colocará en la parte más alta del vehículo sin necesidad a la calzada.

El próximo verano, comenzaremos a despedirnos de los tradicionales triángulos de emergencia que nos acompañan desde julio de 1999. Llega la renovada V-16. Se trata de un dispositivo luminoso intermitente de color naranja. Sustituye a los triángulos que usábamos desde 1999.

¿Cómo se utiliza?

Para señalizar que nos hemos quedado detenidos en la vía, situaremos el dispositivo luminoso en la parte más alta posible del vehículo. Garantizamos así su máxima visibilidad. Para colocarlo, no necesitamos salir del vehículo ni caminar por la calzada sorteando el tráfico, como ocurría hasta ahora con los triángulos.

¿Cómo me localiza?

El dispositivo incorpora un sistema de geolocalización que, una vez activado, envía cada 100 segundos la ubicación del vehículo detenido a la nube DGT 3.0, para que esa información llegue a los demás conductores (ver infografía).

¿Desde cuándo?

A partir del 1 de julio de 2021. Aunque, hasta el 1 de enero de 2026, podremos utilizar los triángulos y la nueva señal (con o sin geoposicionamiento). Desde esa fecha, lo único permitido para señalizar las incidencias será la señal luminosa con geolocalización.

¿Por qué se cambia?

La modificación de la señal V-16 (denominación oficial, según el Reglamento General de Vehículos) está incluida en el Real Decreto que regula los servicios de auxilio en vía pública. Jorge Ordás, subdirector general de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la DGT, explica que se retiran los triángulos de emergencia debido al elevado número de atropellos mortales que se producían cuando los conductores salían de sus vehículos a colocarlos o recogerlos tras haber sufrido un percance en la vía (ver recuadro).

¿Y si tengo que salir del vehículo?

Según la nueva normativa, “como norma general”, saldremos del vehículo si existe un lugar seguro fuera de la calzada y siempre por el lado contrario al flujo de la circulación. Si no podemos salir con seguridad, esperaremos la asistencia dentro del vehículo con el cinturón de seguridad puesto.

32 fallecidos por bajarse del coche

Según los datos de la DGT (sin contar Cataluña y País Vasco), entre 2019 y 2020, 28 peatones murieron atropellados en la vía tras bajarse de su vehículo. A esta cifra, debemos añadir las 4 personas fallecidas en las mismas circunstancias que ya se han contabilizado hasta el 31 de enero de 2021.

V16 CLUB AUTOESCUELAEl coste las comunicaciones estará incluido en el precio de venta al público y estas se garantizarán durante al menos 12 años.

El dispositivo incluirá en el interior de su carcasa todos los elementos necesarios
para su operación, incluidos los de comunicaciones, sin depender en ningún caso de elementos externos como aplicaciones de teléfonos móviles u otros similares.

El listado de las marcas y modelos de dispositivos V-16 que cumplan con todo lo
establecido en este apartado, y por lo tanto sean válidos para señalizar un accidente, será publicado en la dirección http://www.dgt.es/v16.

Antes del 31 de junio de 2022 la Dirección General de Tráfico aprobará, mediante
resolución, el protocolo y el formato de envío de los datos requeridos por parte de los servicios de auxilio en carretera y de la señal V-16 a los efectos de su publicación en el punto de acceso nacional en materia de tráfico y movilidad.

Divulgación: Club Autoescuela