La pérdida del permiso de conducir por consumo de alcohol no permite la suspensión automática del contrato


Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo Social, Sentencia 157/2021 de 3 Mar. 2021, Rec. 75/2021

Ponente: López-Tames Iglesias, Rubén.

Nº de Sentencia: 157/2021

Nº de Recurso: 75/2021

Jurisdicción: SOCIAL

La pérdida del permiso de conducir por consumo de alcohol no permite la suspensión automática del contrato

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Pérdida del carnet de conducir por consumo de alcohol. La lista de causas fijada en el ET no es totalmente exhaustiva, pues en algunos convenios se admiten otros motivos. Pero si el convenio aplicable no expresa nada, la empresa no puede decidir la suspensión de forma unilateral sin someterse a ningún procedimiento o control. Podrá extinguir la relación laboral por ineptitud sobrevenida, pero no suspender el contrato con la mera comunicación al trabajador. Tampoco es un supuesto de fuerza mayor temporal porque en este caso, el consumo de alcohol es previsible y evitable.

El TSJ Cantabria estima el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador, revoca la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Santander y condena a la empresa a mantener de alta al trabajador al que le han retirado el carnet de conducir.

TEXTO

SENTENCIA nº 000157/2021

En Santander, a 03 de marzo del 2021.

PRESIDENTA

Ilma. Sra. Dª. Mercedes Sancha Saíz

MAGISTRADOS

Ilmo.Sr. D. Rubén López-Tamés Iglesias (Ponente)

Ilma. Sra. Dª. Mª. Jesús Fernández García

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria compuesta por los Ilmos. Sres./Ilmas. Sras. Citados/as al margen ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por D. Eloy contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº. tres de Santander, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Rubén López-Tamés Iglesias, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos se presentó demanda por D. Eloy, siendo demandado Arruti Santander S. A. sobre Suspensión de Contrato, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 4 de noviembre de 2020, en los términos que se recogen en su parte dispositiva.

SEGUNDO.- Como hechos probados se declararon los siguientes:

1º.- El demandante viene prestando sus servicios para la demandada desde el 17-6-99 con categoría de conductor y salario bruto mensual de 1.840,46 euros.

2º.-El 6-7-19 se dictó resolución por el magistrado del juzgado de Instrucción nº 5 de Santander en la que se privó al demandante del permiso de conducir por el plazo de un año.

El 19-8-19 la demandada remitió al demandante esta carta:

“Santander, a 19 de agosto de 2019

Estimado Sr.:

Por medio de la presente, procedemos a informarle de que, como consecuencia de los efectos producidos tras la Sentencia de fecha 6 de julio de 2019, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, en el procedimiento de Juicio Rápido 995/2019, por la que Vd., ha sido condenado entre otros extremos, a la “…privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotor por tiempo de un año…”, la empresa le comunica que, por la circunstancia que se deriva de la prohibición establecida en la sentencia, le resulta imposible y no puede usted, prestar sus servicios como conductor para la empresa ARRUTI SANTANDER, S.A., toda vez que la habilitación de su permiso de conducir es condición indispensable y obligatoria para la realización de su trabajo, es por ello, que en estas condiciones es imposible que continúe prestando servicios en esta empresa, con la categoría profesional de conductor, al no existir en este momento en la empresa ningún trabajo que pueda realizar Vd. Sin permiso de circulación.

A la vista de lo anterior, queda en suspenso el contrato de trabajo por ineptitud profesional temporal, con efectos de 20 de agosto de 2019 – no teniendo en ningún caso el carácter de despido o extinción del mismo-, hasta qué por su parte, se acredite que el Juzgado le ha devuelto el permiso de circulación, y que por ello, puede reanudar su actividad profesional en la empresa, momento en el que se procederá a su reincorporación en las mismas condiciones previas a la suspensión temporal, manteniéndole sus derechos contractuales.

La causa motivadora de la presente suspensión viene determinada, por la condena impuesta al trabajador, en la resolución judicial referida.

La suspensión tendrá efectos de 20 de agosto de 2019, estando Vd. dispensado en el día de hoy, de acudir a su puesto de trabajo.

Se informa, asimismo, de que, al suspender la relación laboral, circunstancia que la empresa comunicará a la TGSS, procede cursar su baja, cesando por ello su cotización, mientras dure esta situación.

Quedando debidamente informado de todo ello, a los efectos legales oportunos.

Atentamente,”

3º.- El 8-7-20 el demandante regresó a su puesto habitual de conducción (una vez recuperado el permiso de conducción).

4º.- El 16-9-19 se celebró acto de Conciliación con resultado infructuoso.

TERCERO.- En dicha sentencia se dictó el siguiente fallo o parte dispositiva:

Que desestimando la demanda interpuesta por don Eloy contra ARRUTI SANTANDER S.A., absuelvo a la demandada de la reclamación contra ella formulada.

CUARTO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandante, siendo impugnado por la parte contraria, pasándose los autos a la ponente para su examen y resolución por la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), se denuncia infracción, por aplicación indebida del art. 45 (LA LEY 16117/2015), 47.3 (LA LEY 16117/2015) y 51.7 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015)

El actor fue privado del permiso de conducir durante un año y el objeto del presente recurso es determinar si la suspensión del contrato de trabajo de éste, llevada a cabo de forma unilateral por la empresa, se ajusta o no a derecho.

La parte recurrente considera que tal suspensión no se ajusta a derecho, ya que las causas por las que se puede suspender un contrato de trabajo vienen establecidas en el art. 45 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015) y según expresa, ésta no es una lista cerrada porque existen otras causas de suspensión como la excedencia por cuidado de familiares ( art.46.2 ET), la excedencia por ejercicio de funciones sindicales ( art. 46.3 et), la declaración de invalidez permanente en grado de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez con previsión de revisión por mejoría ( art. 23.1.b ET).

Pero, como también defiende, todas las causas de suspensión del contrato o son o por voluntad del trabajador o por alguna otra causa, de forma que no dejan al trabajador desvalido y sin ningún tipo de recurso económico. En este caso, se ha procedido a dar de baja al actor en la Seguridad Social, dejándole sin derecho a ningún tipo de prestación.

Defendido que, de la misma forma, a través de la negociación colectiva, se puede pactar en los convenios colectivos la posibilidad de suspender los contratos de trabajo, cuando se den determinadas circunstancias. como ocurre, por ejemplo, en el convenio de transporte de viajeros por carretera, el cual prevé la posibilidad de suspensión del contrato por privación del permiso de conducir.

Es decir, que, si no viene regulado en el convenio, la empresa no podría suspender el contrato de forma unilateral. Entenderlo de otro modo supone que esta regulación convencional no tendría ningún sentido.

Referida la sentencia del Tribunal Supremo de 20-6-95, en la que estableció que la suspensión de los contratos de trabajo debe producirse por una de las causas legal o convencionalmente previstas, para continuar diciendo que, fuera de esas causas no se produce la exoneración de la obligación empresarial de remunerar el trabajo.

Lleva razón la parte recurrente. La discrepancia se plantea, en realidad, respecto a si la lista de causas de suspensión prevista en el artículo 45.1 del ET debe considerarse abierta o cerrada, optando la resolución de instancia por la primera de las alternativas.

Se trata, en cambio, de una cuestión resuelta por el Tribunal Supremo (por ejemplo, en la de 25 de octubre de 2.000 Rec. 3606/1998 (LA LEY 311/2001) . Como indica: El Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015) regula en artículos separados “las causas y efectos de la suspensión” del contrato de trabajo ( art. 45 ET ) y de las “excedencias” ( art. 46 ET ). La enumeración de causas de suspensión es una enumeración tasada o exhaustiva, en la que figuran numerosos avatares o incidencias atinentes bien a la vida personal o profesional del trabajador, bien al funcionamiento de la empresa. El denominador común de las causas de suspensión es, con excepción de la enunciada en el primer renglón de la lista [“a) Mutuo acuerdo de las partes”], el acaecimiento sobrevenido de una incompatibilidad, incapacidad, imposibilidad o impedimento para la ejecución del trabajo.

Expresa así que la enumeración de las causas de suspensión es una lista tasada o exhaustiva y la referencia en otras resoluciones a lista abierta hay que entenderla en el sentido de que pueden existir otras causas de suspensión previstas en otros preceptos legales (artículo 48.2), o incluso en convenios colectivos (por ejemplo, algunos convenios o en la normativa de empleo público, cuando contemplan la posibilidad de suspender de empleo y sueldo de forma temporal a los trabajadores como medida cautelar durante la tramitación de expedientes contradictorios por faltas muy graves).

Es decir, se trata de un criterio contrapuesto al expresado por la referida sentencia anterior de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid de 20-3-2009 (3560/2009). (LA LEY 70534/2009)

Por ello, resulta rechazable que la empresa, de manera unilateral, decida suspender la relación laboral sin consentimiento del trabajador, sin que concurra ninguna causa legal o convencionalmente prevista y sin someterse a ningún tipo de procedimiento que permita el control de la legalidad de la medida.

Mediante escrito de 1 de agosto de 2019 la empresa intentó que el actor firmase dicha suspensión de mutuo acuerdo a lo que el actor contestó que no podía aceptarla por ser la única fuente de ingresos de su familia y “no poder permitírselo”, manteniendo su voluntad y disposición para seguir prestando sus servicios en otro puesto de trabajo en el que no se requiera conducir

No está entonces facultada legalmente la empresa para determinar por sí, cuándo concurren causas que obliguen a suspender total o parcialmente la actividad y cuándo ha de entenderse que aquellas causas han desaparecido (la validez y eficacia de las obligaciones no puede quedar al arbitrio de una de las partes, ex 1256 del Código Civil); pues una cosa es que puede sostenerse que el convenio colectivo, como antes se ha dicho, pueda introducir nuevas causas de suspensión no previstas en el Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015) (normas reglamentarias especiales, o que las partes lo convengan) y otra bien distinta es que se interprete, desacertadamente, que, ante el silencio del convenio colectivo sobre procedimiento para adoptar la suspensión, pueda ésta decretarse sin la concurrencia de ningún requisito salvo la mera comunicación a los trabajadores.

La empresa no ha extinguido la relación laboral (por ineptitud sobrevenida) y el actor ha de tener ocupación efectiva con la posibilidad de cobrar su salario porque lo contrario supone el incumplimiento de las obligaciones que al empresario imponen los apartados a) y f) del artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015).

El recurso ha de ser estimado.

SEGUNDO.- Con la finalidad de dar una respuesta íntegra a la cuestión debatida, la pérdida del permiso de conducir no podría tampoco subsumirse en las causas de suspensión del art. 45. 1 i), la fuerza mayor temporal.

La fuerza mayor es un concepto jurídico indeterminado cuyo contorno ha sido concretado por la doctrina jurisprudencial (así sentencias de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1998 o de 29 de junio de 1998 o de la Sala 4ª del mismo Tribunal de 27 de diciembre de 2001 y las que en ellas se citan) con fundamento en la existencia de las notas de ajenidad respecto del afectado, imprevisibilidad e inevitabilidad tanto del hecho en sí como de sus efectos perniciosos para el perjudicado ( STS, Sala 3ª, de 24 de febrero de 1999). Exige:

1º Imprevisibilidad de la acción. Este es un elemento importante en la calificación del acto. Debe producirse un acontecimiento impensado, entendido como imposibilidad circunstancial de prevenirlo.

2º Inevitabilidad de la acción. Al igual que en el anterior, este es elemento decisivo para la catalogación del acto como fuerza mayor para el caso de que sea previsible. El acontecimiento debe ser irresistible o inevitable, de imposible control o evitación, ya en su producción como en sus efectos. El carácter inevitable se predica sobre todo de la incidencia del suceso en la continuidad de la actividad laboral.

Como parece lógico, la pérdida del permiso de conducir (por consumo de alcohol, al parecer) es previsible y también, por ello, evitable (si se bebe, no se puede conducir) además de que no se trata de una circunstancia ajena al círculo obligacional o de la empresa, como también esa definición exige.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que estimamos el recurso interpuesto por D. Eloy contra sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3, de fecha 4 de noviembre de 2020 (646/2019), dictada en virtud de demanda seguida por D. Eloy contra ARRUTI Santander, S.A., la cual revocamos, condenando a la demandada a mantener de alta y abonar el salario correspondiente al período que abarca desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 8 de julio de 2020, fecha de reincorporación del actor.

Pásense las actuaciones al Sr. Letrado de la Administración de Justicia para cumplir los deberes de publicidad, notificación y registro de la sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma.

Divulgación: Club Autoescuela

Usar la tarjeta de otro conductor es manipulación del tacógrafo y delito


La Audiencia Provincial de Tarragona ha desestimado el recurso presentado por los representantes legales de un conductor, contra el que se ha iniciado un procedimiento penal por falsificación en documento oficial al conducir utilizando la tarjeta del tacógrafo de otro conductor.

Los representantes legales de un conductor, contra el que se inició el año pasado un procedimiento penal por llevar insertada en el tacógrafo la tarjeta digital de otro conductor, presentaron un recurso ante la Audiencia Provincial de Tarragona solicitando el sobreseimiento libre y el archivo de la causa. La petición se basaba en que la conducción con la tarjeta de tacógrafo de otro conductor no supone una forma de manipulación o modificación de los datos, y, en segundo lugar, que el tacógrafo es un documento privado, no oficial o público, por lo que esta acción no tiene relevancia penal.

Sin embargo, los argumentos de la defensa no han sido aceptados por los magistrados de la Audiencia Provincial de Tarragona, que han desestimado el recurso, por lo que el procedimiento sigue adelante. Según consta en el auto de la Audiencia de Tarragona, de febrero de 2021, la desestimación del recurso se basa en la Sentencia 94/2020 de 15 de enero del Tribunal Supremo, con la que se fijó un criterio definitivo de interpretación frente a las sentencias contradictorias que hasta entonces habían emitido las Audiencias Provinciales sobre las denuncias por manipulación del tacógrafo y su consideración como delito.

Con la sentencia del Supremo de enero del año pasado se estableció que una de las modalidades de falsificación corresponde a los supuestos en los que “la formación de un documento parezca provenir de un autor diferente del efectivo (falta de autenticidad subjetiva o genuinidad)”, que es lo que ocurre cuando se conduce utilizando la tarjeta del tacógrafo de otro conductor.

Recordamos que el delito de falsedad documental se castiga con penas de entre seis meses y tres años de prisión y una multa económica de seis a doce meses. Además, la condena puede incluir una pena de inhabilitación especial que impida el ejercicio de las profesiones de transportista, de intermediario en la contratación de transportes o de gestor de transporte, ya que al tener antecedentes penales se puede perder la honorabilidad.

Difusión: Club Autoescuela

Reactivación del cierre de empresas por pérdida de honorabilidad


El Tribunal Supremo anuló el pasado mes de Octubre el procedimiento administrativo establecido en el nuevo ROTT en 2019 para declarar la pérdida de la honorabilidad y consiguiente cierre de la actividad de las empresas transportistas, por considerarlo poco garantista y trasponer incorrectamente el Reglamento europeo que lo regula.

Ahora el Ministerio de Transportes junto con las Comunidades Autónomas han acordado reactivar dicho procedimiento aplicando la Ley de Procedimiento Administrativo General para dar cumplimiento al fallo judicial, correspondiendo a los Directores Generales de Transportes autonómicos resolver sobre la revocación de las autorizaciones de transporte de las empresas transportistas y la inhabilitación de sus gestores de transporte.

Como se recordará, entre las novedades más controvertidas incluidas en el nuevo Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), que entró en vigor en Febrero de 2019, se encuentra la nueva regulación sobre el requisito de honorabilidad, que conforme a la normativa europea se considera uno de los 4 requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad del transporte por carretera.

En desarrollo de tal previsión comunitaria, el nuevo ROTT reguló los supuestos en que se puede perder el requisito de honorabilidad y las consecuencias de dicha pérdida. Así, entre los supuestos de pérdida se encuentra que la empresa transportista haya sido sancionada en vía administrativa por la comisión de una sola del catálogo de infracciones muy graves, aunque algunas de ellas no sean imputables a la empresa transportista, o bien de aquellas graves o menos graves cuyo Índice de Reiteración Infractora (IRI) alcance un valor igual o superior a tres. De hecho, desde su entrada en vigor, son decenas de miles las notificaciones de comunicación de pérdida de la honorabilidad que los servicios territoriales de inspección de las Comunidades Autónomas han venido dirigiendo tanto a las empresas transportistas como a sus gestores.

27 infracciones de transporte que suponen la pérdida de la honorabilidad inmediata:

A modo de repaso, vamos a ver los tres supuestos por los que se produce la pérdida de la honorabilidad, según la Ley Orgánica de Ordenación de los Transportes Terrestres:

  • Por comisión de delitos de transporte o de otro ámbito, que conllevan la inhabilitación especial del ejercicio de actividades de transporte.
  • Índice de Reiteración Infractora (IRI). Una fórmula matemática que pondera las infracciones cometidas en un periodo de tiempo concreto.
  • Comisión de infracciones muy graves, tras sanción firme por vía administrativa. Este es, tal vez, el supuesto más temido, ya que una única sanción puede impedir que la empresa ejerza durante hasta un año.

A continuación desarrollamos las infracciones que suponen la pérdida de la honorabilidad inmediata.

Infracciones que suponen la pérdida de honorabilidad

La lista de infracciones muy graves que conllevan pérdida de la honorabilidad toca todos los apartados del baremo sancionador. Por eso, aquí se encuentran divididas en cuatro bloques: generales, del tacógrafo, específicas de transporte de mercancías y, por último, referidas al transporte de pasajeros.

Recordamos que, además de perder la honorabilidad, cometer cualquiera de estas infracciones también conlleva la sanción económica reconocida en el baremo sancionador.

Infracciones muy graves generales

  1. Realizar transporte sin tener título habilitante.
  2. Contratar como porteador o facturar en nombre de otra persona que no sea titular de autorización de transporte ni operador de transporte.
  3. Arrendar un vehículo acompañado de prestación de servicios de conducción. Cesión de uso de un vehículo cuando el titular preste servicios de conducción al cesionario. Es decir, sustituir un contrato de trabajo por uno de alquiler.
  4. Cesión de títulos habilitantes a favor de otras personas. Esta cesión no puede ser ni explícita, ni sobreentendida.
  5. Falsificar cualquiera de los títulos habilitantes para el ejercicio de actividades profesionales reguladas por la LOTT.
  6. Falsear documentos que deban ser aportados para obtener cualquier título habilitante o certificación que expida la administración.
  7. Falsear documentos contables, estadísticos o de control que la empresa esté obligada a almacenar. Esta sanción incluye especialmente falsificar, disimular, eliminar o destruir los datos registrados por el tacógrafo o la tarjeta del conductor.
  8. Falsear las condiciones que determinaron que la empresa u operador de transporte se beneficiase de la exención de responsabilidad.
  9. Realizar actividades de transporte o de intermediario incumpliendo alguno de los requisitos necesarios para obtener la autorización de transporte.
  10. Contratar servicios de transporte a transportistas u operadores no autorizados.
  11. Realizar actividades de transporte, utilizando conductores que no tengan permiso de conducir, certificado de aptitud profesional o tarjeta de cualificación en vigor.
  12. Utilizar un vehículo que no haya superado la inspección técnica obligatoria.
  13. Faltar al mantenimiento de las condiciones de seguridad del vehículo utilizado, en caso de que haya deficiencias muy graves en los dispositivos de frenado, dirección, ruedas y neumáticos, suspensión, chasis, o cualquier equipo que suponga un riesgo inmediato para la seguridad vial en general.
  14. Conducir un vehículo de transporte, ya sea de viajeros o de mercancías, sin tener el permiso de conducción adecuado.

Infracciones muy graves del tacógrafo

  1. Manipular el tacógrafo, el limitador de velocidad o cualquiera de sus elementos. Esto incluye alterar el funcionamiento de estos elementos, o modificar sus mediciones.
  2. Carecer de tacógrafo, de limitador de velocidad, o de alguno de los elementos que forman cualquiera de estos aparatos. También carecer de otros medios de control que exista la obligación de llevar instalados en el vehículo.
  3. No llevar insertada en el tacógrafo la tarjeta de conductor en caso de tacógrafo digital, o el disco en el caso de tacógrafo analógico.
  4. Exceso igual o superior al 50% en los tiempos de conducción diaria, sin hacer un descanso de 4 horas y media como mínimo. Si se realiza un descanso superior a este, la infracción será grave y no conllevará pérdida de la honorabilidad.
  5. Exceso igual o superior al 25% del tiempo máximo de conducción semanal o bisemanal.

Infracciones muy graves de transporte de mercancías

  1. Transportar mercancías peligrosas por carretera, cuando no esté permitido hacerlo.
  2. Utilizar vehículos o depósitos no autorizados para transporte de mercancías peligrosas.
  3. Realizar transporte de mercancías peligrosas sin señalizarlo en el exterior del vehículo.
  4. Utilizar envases o embalajes no autorizados para el transporte de mercancías peligrosas.
  5. Exceso de peso sobre la masa máxima total autorizada:
    1. Igual o superior al 20% en vehículos N3
    2. Igual o superior al 25% en vehículos N2

Infracciones muy graves de transporte de viajeros

  1. Realizar transporte regular de viajeros de uso general sin haber sido contratado por la administración competente.
  2. Vender plazas individuales de transporte de viajeros, prestar servicios integrados de forma reiterada y con tráficos preestablecidos. Es decir, dar servicio de transporte regular con autorización de transporte discrecional.
  3. Interrumpir los servicios acordados en un contrato de gestión de transporte regular de viajeros sin consentimiento de la administración ni causa justificada.

Conclusión

Estas son las 27 infracciones muy graves que pueden conllevar la pérdida de la honorabilidad inmediata, aunque siempre siguiendo el procedimiento marcado por la normativa. Así, vemos que el primer paso para no incurrir en ellas es la buena fe al llevar nuestro negocio. Para el resto, y en especial las infracciones muy graves relacionadas con el tacógrafo, la gestión y análisis del tacógrafo digital es el mejor aliado.

Situación Actual

Las consecuencias de la pérdida de la honorabilidad son muy graves ya que, además de la inhabilitación del gestor de transporte de la empresa transportista, supone nada menos que la suspensión temporal de las autorizaciones de transporte, lo que en la práctica implica el cierre de la actividad de la empresa con la consiguiente pérdida de clientes, despido de trabajadores y quebranto económico.

Ello motivó, la impugnación de dicha regulación ante el Tribunal Supremo, por considerarlo poco garantista dadas sus consecuencias tan lesivas para la actividad de las empresas transportistas. Como resultado de dicho recurso judicial, el Alto Tribunal declaró nula la regulación contenida en el nuevo ROTT sobre el procedimiento establecido para decretar la pérdida del requisito de honorabilidad, al resultar contrario a derecho “por la incorrecta trasposición” del Reglamento europeo que regula dicho requisito al no contemplar un procedimiento administrativo completo: “La exigencia del procedimiento administrativo completo tras la imposición de la sanción no puede ser sino el deseo que haya un procedimiento cuyo objeto específico sea precisamente la comprobación de si la pérdida de la honorabilidad es o no proporcionada.”

En este sentido, el Ministerio de Transportes junto con las Comunidades Autónomas han acordado reactivar dicho procedimiento aplicando la Ley de Procedimiento Administrativo General para dar cumplimiento al fallo judicial, sin proceder a modificar la regulación anulada por el Tribunal Supremo, por lo que en próximas fechas todas las empresas transportistas que hayan cometido infracciones muy graves o que por acumulación de otras alcancen el mínimo necesario, recibirán una comunicación del Ministerio de Transportes en la que se le notificará el inicio del procedimiento de pérdida de honorabilidad, frente a la cual podrán plantear las alegaciones que estimen convenientes ante el Director General de Transportes de su Comunidad Autónoma, el cual deberá valorar sobre la proporcionalidad o no de revocar sus autorizaciones de transporte así como de inhabilitar a sus gestores de transporte.

Fuente: Club Autoescuela

El TC admite el recurso de amparo interpuesto por AEA contra la sentencia del Supremo que autorizó a los ayuntamientos a “inventar señales de tráfico”


El Tribunal aprecia que concurre una especial transcendencia constitucional  porque el recurso plantea o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo interpuesto por la organización de defensa de los conductores, AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA) contra una sentencia del Tribunal Supremo (STS nº 1727/2019, del 13/12/2019 (LA LEY 179256/2019)) que autorizó a los ayuntamientos a crear señales no contempladas en la legislación del Estado, “apreciando que concurre en el mismo una especial transcendencia constitucional (art. 50.1 LOTC (LA LEY 2383/1979)) porque el recurso plantea o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”

Los conductores tienen obligación de conocer todas las señales de tráfico, incluso las inventadas

AEA planteó el recurso ante el máximo interprete de la Constitución al considerar que la sentencia del Supremo -autorizando a los ayuntamientos a crear y utilizar señales no contempladas en la legislación nacional e internacional de carreteras-, vulnera el derecho a la libre circulación de los españoles por el territorio nacional con garantías de igualdad (art. 19 CE (LA LEY 2500/1978)), y ponen en riesgo la seguridad vial de millones de ciudadanos nacionales y extranjeros a los que se obliga a conocer las señales que pudieran inventarse los más de 8.000 ayuntamientos que existen en nuestro país.

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, “la admisión a trámite de este recurso de amparo abre una vía de esperanza frente al increíble pronunciamiento del Tribunal Supremo que autorizó a los ayuntamientos a crear señales, distintas y diferentes de las contempladas en el Catálogo Oficial de Señales y Marcas Viales, con el grave riesgo que ello supone para la seguridad vial.”

“Imagínense lo que podría ocurrir -añade Arnaldo- si a cada uno de los más de ocho mil ayuntamientos españoles se le ocurriera pintar de colores los pasos de cebra, o sustituir las señales de STOP por girasoles. Eso por no hablar del idioma a utilizar en los paneles complementarios de las señales. Esto sería el caos ”

Fallos en la notificación de la sentencia realizada electrónicamente por Lexnet

El otro aspecto del recurso de AEA sobre el que el Tribunal Constitucional también considera que tiene una “especial transcendencia constitucional”, se refiere al derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, ya que el contenido de la sentencia con la que esta organización de defensa de los derechos de los automovilistas recurrió en casación ante el Supremo era diferente a la que le fue notificada a la Administración y por ello no pudo ejercer su defensa conforme a los principios de bilateralidad, contradicción e igualdad de armas procesales.

En relación con esta cuestión, Arnaldo, también ha mostrado su satisfacción porque “va a ser la primera vez que el TC va a tener oportunidad de pronunciarse sobre la seguridad y eficacia de los emplazamientos, citaciones o notificaciones realizadas por medios técnicos o electrónicos, como es a través de Lexnet.”

“Desde el punto de vista del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva –concluye Arnaldo-, resulta inadmisible que el contenido de una misma resolución judicial difiera dependiendo de la forma en que se realice la notificación y su destinatario. En nuestro caso, la sentencia que le notificaron al Ayuntamiento de Madrid tenía 30 folios y la que nos notificaron electrónicamente a nosotros a través de Lexnet sólo 22. Los folios que faltaban era los votos particulares que nos daban la razón”.

Divulgación: Club Autoescuela