La multa por no llevar la pegatina de la ITV


Poner pegatinas en el coche es una manera sencilla, barata y rápida de distinguirlo del resto. El Reglamento General de Circulación no prohíbe colocarlas. El artículo 19 solo establece que “la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos”.

Con esta apreciación, en teoría, sí se permiten los adhesivos sobre la carrocería–excepto los que se indican al final de este artículo– y aquellos que, colocados sobre los cristales –ambos parabrisas, ventanas laterales y retrovisores–, no dificulten visibilidad del conductor.

Sin embargo, en la práctica, al ser la norma tan ambigua, queda a la interpretación de los agentes de Tráfico imponer una sanción de 200 euros por llevar una pegatina sobre una zona acristalada del vehículo. Además, puede que al pasar la ITV los adhesivos que afecten a la visión del conductor sean causa de una inspección desfavorable.

Adhesivos permitidos

Justificante de la ITV. Según establece el Reglamento General de Vehículos, esta pegatina ha de colocarse en el ángulo superior derecho del parabrisas –mirando desde el interior–, ya que se considera que es el lugar que menos afecta a la visibilidad del conductor. Es obligatorio llevarla pegada, ya que acredita que se ha pasado la revisión técnica y complementa la tarjeta de la ITV. No hacerlo puede ser motivo de sanción, de entre 80 y 100 euros, sin detracción de puntos.

Solo está permitido llevar la pegatina de la última inspección: no se pueden coleccionar sobre el parabrisas las de otros años, ya que la visibilidad del conductor podría quedar reducida. En caso de necesitar otra pegatina –por ejemplo, por haberla perdido al sustituir el parabrisas– se puede solicitar un duplicado en el centro de la ITV donde se pasó la revisión aportando la documentación del vehículo. Al igual que los coches, las motocicletas también deben exhibir la pegatina de la ITV en el ángulo superior derecho del parabrisas. Si no cuentan con él, debe ser colocada en un sitio bien visible: el carenado, el chasis, la horquilla o el guardabarros delantero.

Distintivo medioambiental de la DGT. Desde 2016 los vehículos cuentan con la etiqueta ambiental, que los clasifica teniendo en cuenta las emisiones contaminantes. Actualmente hay cuatro modelos de pegatina –Cero, ECO, C y B–, existiendo vehículos que no tienen derecho a ella por superar en antigüedad o emisiones los márgenes establecidos. A lo largo de 2021 se esperan cambios en este etiquetado medioambiental, si bien aun no se ha especificado cómo o cuándo serán.

La Dirección General de Tráfico no obliga a llevar la pegatina del distintivo ambiental, pero sí recomienda hacerlo ya que algunos municipios, en sus ordenanzas, regulan o limitan la circulación de los vehículos en función del tipo de distintivo que les corresponda. Debe ponerse en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero; si no se tiene –como puede ser el caso de las motocicletas–, en cualquier sitio visible del vehículo.

Sistema de Telepeaje. Ya sea adhesivo o un dispositivo, debe colocarse en la parte superior central del parabrisas, por el interior, según indique el manual de usuario que se facilita al contratar el sistema. Y siempre en una zona que no interfiera la visibilidad del conductor.

Identificadores nacionales. Las placas de los vehículos matriculados con anterioridad a 1998 no tienen el formato europeo, por lo que no cuentan con la banda azul con la E de España. En estos casos se permite colocar una pegatina junto a la matrícula para identificar al país. Es importante recordar que no se pueden poner ningún adhesivo sobre la matrícula; la multa, en caso de hacerlo, es de 200 euros.

L de conductor novel. Sea o no en formato adhesivo, esta señal deberá ubicarse en la parte posterior izquierda del vehículo, en un sitio visible; en las motocicletas no se indica expresamente el lugar. La multa por no llevar la L durante el primer año tras la obtención del carné es de 100 euros. Circular con ella puesta cuando pase este tiempo también está sancionado con el mismo importe.

Pegatinas prohibidas

Reflectantes o luminiscentes. La DGT considera que las pegatinas reflectantes o luminiscentes pueden afectar a la visibilidad de otros usuarios de la vía cuando incide la luz sobre ellas. Por este mismo motivo tampoco está permitido utilizar este tipo de pinturas en el exterior del vehículo, salvo que esté expresamente permitido en el Reglamento General de Vehículos, como sucede con los vehículos prioritarios.

De competición. Según indica la aseguradora Mapfre, la DGT estima que este tipo de adhesivos –como dorsales u otros justificantes de participación en pruebas deportivas– pueden incitar a sobrepasar los límites de velocidad establecidos en la vía. Por ello llevar estas pegatinas está prohibido.

Divulgación: Club Autoescuela

Un juez condena a la DGT a pagar 400 euros por no garantizar el correcto funcionamiento de sus radares


El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid ha condena a la Dirección General de Tráfico (DGT) a pagar 400 euros por no garantizar “la aptitud del soporte donde instala sus radares”.

Así consta en una sentencia en el que se estima un recurso promovido por los servicios jurídicos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en defensa de uno de sus socios, anulando una multa de 300 euros y la detracción de dos puntos impuesta por un supuesto exceso de velocidad.

La nulidad se produce porque “al no constar el correcto estado del soporte del radar utilizado” no puede garantizarse su correcto funcionamiento. La sentencia condena, además, a la DGT al pago de 400 euros en costas.

Los hechos ahora enjuiciados se iniciaron por una denuncia formulada el pasado año por el radar que la DGT tiene situado en el km. 59,2 de la N-VI. Curiosamente, este cinemómetro ostentaba ya en el 2017 el récord de ser el radar más activo de toda España, con 55.119 denuncias formuladas, según un informe elaborado por AEA.

En un comunicado en su página web, AEA ha recalcado que ahora la justicia ha estimado íntegramente los argumentos jurídicos invocados por los letrados de AEA en defensa de los legítimos derechos de uno de sus miembros al cuestionar la medición efectuada por un radar del que no constaba “el correcto estado del soporte del mismo”.

Medición de los radares

Según el fundamento de derecho primero de la sentencia “en la Orden ITC (3123/2010) se regula la verificación periódica, no sólo de los propios aparatos cinemómetros, sino también de las cabinas que constituyen su alojamiento, soporte o protección, como deriva del artículo 12 de la misma Orden, antes transcrito, pero en el expediente administrativo no consta ningún certificado o documento que garantice la obligatoria verificación de la cabina”.

Según los últimos datos facilitados por su director general en una reciente comparecencia ante la comisión de presupuestos del Congreso de los Diputados, la DGT dispone en la actualidad de 2.300 radares, que se incrementarán en 75 más el año que viene. Durante 2019 se formularon 4,6 millones denuncias, con una recaudación próxima a los 500 millones de euros.

Divulgación: Club Autoescuela

Delito por imprudencia grave con presunto homicidio de la empresa tras la muerte de uno de sus conductores profesionales


Los Mossos d’Esquadra han denunciado en diciembre de 2020 ante el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Rubí a cinco hombres de nacionalidad española y colombiana, vecinos de Salou y Tarragona, como presuntos autores de un delito contra los derechos del trabajador y otro por homicidio por imprudencia grave.

Los hechos tuvieron lugar el 3 de julio, cuando un camión articulado de una empresa de obras y servicios que circulaba por la A-2 a la altura de Castellbisbal, sufrió un grave accidente. El conductor perdió el control del vehículo, cruzando el tercer carril de la autovía y chocando contra la mediana de hormigón.

El camión rebotó para nuevamente girar y volver a chocar, impactando en ese momento contra el soporte de un panel informativo. Esta viga de hierro, de grandes dimensiones, produjo grandes deformaciones en la cabina, con la consiguiente muerte del conductor.

Posteriormente, el informe pericial emitido por el Área Central de Investigación de Accidentes de Tráfico certificó que el motivo del accidente estaba relacionado con el deficiente estado de los neumáticos de la cabeza tractora.

Ante estos indicios, los investigadores realizaron un histórico de las reparaciones y revisiones de mantenimiento del vehículo, que había recorrido ya más de un millón de kilómetros, encontrándose con graves anomalías.

Para empezar, el camión no tenía pasada la ITV, que había caducado hace dos años. Tampoco se había realizado un correcto mantenimiento, lo que podría ser la causa directa del accidente.

Más irregularidades

Además, durante la investigación, se ha comprobado que las irregularidades e incumplimientos eran habituales en la empresa y en su parque móvil, formado por vehículos de transporte de gran tonelaje, pues acumulaban grandes retrasos en las revisiones obligatorias y ya se les habían inmovilizado vehículos en repetidas ocasiones.

Los Mossos también apuntan que los responsables de la empresa habían despedido anteriormente a algún chófer por negarse a conducir vehículos a los que les habían colocado neumáticos que habían sido desechados por su antigüedad por otros camioneros.

De hecho, el conductor fallecido había comunicado ya que ese era su último día de trabajo y que se negaba a seguir trabajando en esas condiciones.

Divulgación: Club Autoescuela

El Defensor del Pueblo insiste en que Industria ha actuado desproporcionadamente en la regulación de las ITV en el estado de alarma


El Defensor del Pueblo ha dictado una segunda Resolución que vuelve a criticar la regulación que ha hecho el Ministerio de Industria del calendario para que pudieran pasar la revisión los casi seis millones de vehículos afectados por el cierre de las estaciones de ITV durante el estado de alarma.

Tras una primera Resolución en la que instaba a Industria a que suprimiera esta regulación legal, ahora el Defensor del Pueblo insiste en que “quienes deben afrontar la ITV son personas y, por ende, sujetos de derecho, entre ellos, el derecho a una Administración que sirva objetivamente al interés general«.

En consecuencia, esta institución considera la «actuación claramente inadecuada por desproporcionada» e incluirá una mención a este asunto en el próximo informe anual a las Cortes Generales.

En este mismo sentido el organismo defiende que «detrás de esos vehículos hay otras tantas personas para quienes la ITV de su vehículo es una carga administrativa y económica” y que el “equilibro beneficioso a largo plazo (refiriéndose a las inspecciones futuras) no compensa el sacrificio singular de cientos de miles de afectados que son obligados a realizar dos inspecciones seguidas en un muy corto lapso de tiempo con la carga administrativa y el desembolso económico que esto conlleva”.

Así mismo, el Defensor del Pueblo afirma que Industria «trata de vincular el acortamiento artificial del plazo de vigencia de las inspeccione técnicas de vehículos con la mejora de la seguridad vial, lo cual no puede ser compartido por esta institución, puesto que la seguridad vial ya parece estar suficientemente salvaguardada con el plazo ordinario de vigencia de las inspecciones, sin que se aprecie conexión (por innecesario) entre el acortamiento del plazo de vigencia de las inspecciones y la mejora de la seguridad vial”.

Divulgación: Club Autoescuela