Delito por imprudencia grave con presunto homicidio de la empresa tras la muerte de uno de sus conductores profesionales


Los Mossos d’Esquadra han denunciado en diciembre de 2020 ante el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Rubí a cinco hombres de nacionalidad española y colombiana, vecinos de Salou y Tarragona, como presuntos autores de un delito contra los derechos del trabajador y otro por homicidio por imprudencia grave.

Los hechos tuvieron lugar el 3 de julio, cuando un camión articulado de una empresa de obras y servicios que circulaba por la A-2 a la altura de Castellbisbal, sufrió un grave accidente. El conductor perdió el control del vehículo, cruzando el tercer carril de la autovía y chocando contra la mediana de hormigón.

El camión rebotó para nuevamente girar y volver a chocar, impactando en ese momento contra el soporte de un panel informativo. Esta viga de hierro, de grandes dimensiones, produjo grandes deformaciones en la cabina, con la consiguiente muerte del conductor.

Posteriormente, el informe pericial emitido por el Área Central de Investigación de Accidentes de Tráfico certificó que el motivo del accidente estaba relacionado con el deficiente estado de los neumáticos de la cabeza tractora.

Ante estos indicios, los investigadores realizaron un histórico de las reparaciones y revisiones de mantenimiento del vehículo, que había recorrido ya más de un millón de kilómetros, encontrándose con graves anomalías.

Para empezar, el camión no tenía pasada la ITV, que había caducado hace dos años. Tampoco se había realizado un correcto mantenimiento, lo que podría ser la causa directa del accidente.

Más irregularidades

Además, durante la investigación, se ha comprobado que las irregularidades e incumplimientos eran habituales en la empresa y en su parque móvil, formado por vehículos de transporte de gran tonelaje, pues acumulaban grandes retrasos en las revisiones obligatorias y ya se les habían inmovilizado vehículos en repetidas ocasiones.

Los Mossos también apuntan que los responsables de la empresa habían despedido anteriormente a algún chófer por negarse a conducir vehículos a los que les habían colocado neumáticos que habían sido desechados por su antigüedad por otros camioneros.

De hecho, el conductor fallecido había comunicado ya que ese era su último día de trabajo y que se negaba a seguir trabajando en esas condiciones.

Divulgación: Club Autoescuela

El Defensor del Pueblo insiste en que Industria ha actuado desproporcionadamente en la regulación de las ITV en el estado de alarma


El Defensor del Pueblo ha dictado una segunda Resolución que vuelve a criticar la regulación que ha hecho el Ministerio de Industria del calendario para que pudieran pasar la revisión los casi seis millones de vehículos afectados por el cierre de las estaciones de ITV durante el estado de alarma.

Tras una primera Resolución en la que instaba a Industria a que suprimiera esta regulación legal, ahora el Defensor del Pueblo insiste en que “quienes deben afrontar la ITV son personas y, por ende, sujetos de derecho, entre ellos, el derecho a una Administración que sirva objetivamente al interés general«.

En consecuencia, esta institución considera la «actuación claramente inadecuada por desproporcionada» e incluirá una mención a este asunto en el próximo informe anual a las Cortes Generales.

En este mismo sentido el organismo defiende que «detrás de esos vehículos hay otras tantas personas para quienes la ITV de su vehículo es una carga administrativa y económica” y que el “equilibro beneficioso a largo plazo (refiriéndose a las inspecciones futuras) no compensa el sacrificio singular de cientos de miles de afectados que son obligados a realizar dos inspecciones seguidas en un muy corto lapso de tiempo con la carga administrativa y el desembolso económico que esto conlleva”.

Así mismo, el Defensor del Pueblo afirma que Industria «trata de vincular el acortamiento artificial del plazo de vigencia de las inspeccione técnicas de vehículos con la mejora de la seguridad vial, lo cual no puede ser compartido por esta institución, puesto que la seguridad vial ya parece estar suficientemente salvaguardada con el plazo ordinario de vigencia de las inspecciones, sin que se aprecie conexión (por innecesario) entre el acortamiento del plazo de vigencia de las inspecciones y la mejora de la seguridad vial”.

Divulgación: Club Autoescuela

Aragón exigirá una Declaración Responsable a los transportistas que pretender acceder a servicios de restauración en la Comunidad Autónoma a partir de las 20:00 h.


El creciente número de casos positivos de Covid19 en los últimas días, más el repunte que se espera al acabar las fiestas de Navidad, ha llevado a la Comunidad Autónoma de Aragón a retroceder a la Fase 3.

Este retroceso implica, entre otras restricciones de movilidad, que los servicios de restauración (bares, restaurantes, etc.) deben cerrar a las 20:00 h, salvo los situados en carreteras y polígonos industriales que pueden permanecer abiertos en sus horarios habituales, para dar servicio a los transportistas y a otros trabajadores desplazados a Aragón y que se encuentren fuera de su domicilio habitual.

Esto implica que, a partir de las 20:00 h estos bares solo pueden atender a transportistas y trabajadores desplazados y, para ello, estos conductores deben justificar su situación con una Declaración Responsable que justifica su actividad y que responde a un modelo recogido en una Orden de la Consejería de Sanidad (en la última página de la Orden está el modelo).

En el caso de que los transportistas, y resto de trabajadores desplazados, no presenten esta Declaración Responsable, realizada con carácter previo, serán sancionados así como el restaurante o bar en el que se encuentren.

Aquí tienes la Orden de la Consejería de Sanidad

Procedimiento de pérdida de honorabilidad mercantil en el Transporte por carretera


Durante la pendencia del procedimiento de impugnación del ROTT respecto al requisito de honorabilidad, se suprimió el último inciso del apartado 4 del artículo 116, aquel que dejaba la existencia y permanencia de la empresa a la suerte de una auténtica ruleta rusa, dependiendo del momento en el que hubiera adquirido firmeza la sanción y el momento en que tuviera que visar la autorización, se podría rehabitar la autorización de transporte o no, una vez suspendida por la pérdida del requisito de honorabilidad de su titular.

Y por otro, una cuestión de garantías y procedimiento que teniendo en cuenta la importancia y repercusiones que puede tener la pérdida de honorabilidad de la autorización de transporte, no es baladí. Según el artículo 119 del ROTT, una vez notificada a los interesados la inscripción en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte de una condena o resolución sancionadora que pudiera determinar la pérdida de honorabilidad del infractor, las personas afectadas por la pérdida de honorabilidad dispondrán de un plazo de 15 días para formular alegaciones ante el órgano competente para el otorgamiento de autorizaciones de transporte público en el territorio en que se domicilien.

Sin embargo, el Reglamento UE 1071/2009 que regula las condiciones ejercicio de la profesión de transportista por carretera, exige que los Estados miembros, ante sentencias o sanciones que conlleven la pérdida del requisito de honorabilidad, del titular de la autorización o incluso del propio gestor de transporte, deberán instruir un procedimiento administrativo completo con el fin de determinar si la pérdida de honorabilidad es desproporcionada o no (artículo 6.2.b).

El procedimiento de pérdida de honorabilidad debe ajustarse a los requisitos y garantías de todo procedimiento administrativo

Este procedimiento administrativo completo que requiere el reglamento comunitario, según ha sentado la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2020, no quiere decir que sea una nuevo procedimiento sancionador, ya que el propio procedimiento, penal o administrativo, en el que se imponen las penas o sanciones que llevan aparejadas la pérdida de honorabilidad se ha tramitado con todas las garantías procedimentales, y la pérdida de honorabilidad no deja de ser una consecuencia directa y automática de dichas penas o sanciones. Pero lo que también establece el Tribunal Supremo es que la regulación del artículo 119 del ROTT resulta insuficiente, pues un mero trámite de alegaciones, aun interpretándolo de forma amplia en el sentido de que incluyera posibilidad de prueba, no puede considerarse que constituya un “procedimiento administrativo completo”.

Por lo tanto, este procedimiento de pérdida de honorabilidad debe ajustarse a los requisitos y garantías de todo procedimiento administrativo, que vienen fijados con carácter general en los artículos 53 y siguientes de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo: derecho de información, defensa mediante las alegaciones y medios de prueba que se tengan por conveniente, así como la interposición de los recursos que correspondan, debiendo contar el procedimiento con el trámite de propuesta de resolución, como expresamente reconoce el Tribunal Supremo.

Todo ello a fin de determinar si la pérdida de honorabilidad es ajustada y proporcionada, puesto que, aunque la norma prevea que, en todo caso, se entenderá desproporcionada la pérdida de la honorabilidad cuando el infractor no hubiese sido sancionado por la comisión de ninguna otra infracción muy grave en los 365 días anteriores a aquél en que cometió la que ahora se sanciona (artículo 143.5 de la LOTT), habrá otras circunstancias y situaciones en las que pueda considerarse no ajustada o desproporcionada la pérdida de honorabilidad.

Divulgación: Club Autoescuela