Aragón exigirá una Declaración Responsable a los transportistas que pretender acceder a servicios de restauración en la Comunidad Autónoma a partir de las 20:00 h.


El creciente número de casos positivos de Covid19 en los últimas días, más el repunte que se espera al acabar las fiestas de Navidad, ha llevado a la Comunidad Autónoma de Aragón a retroceder a la Fase 3.

Este retroceso implica, entre otras restricciones de movilidad, que los servicios de restauración (bares, restaurantes, etc.) deben cerrar a las 20:00 h, salvo los situados en carreteras y polígonos industriales que pueden permanecer abiertos en sus horarios habituales, para dar servicio a los transportistas y a otros trabajadores desplazados a Aragón y que se encuentren fuera de su domicilio habitual.

Esto implica que, a partir de las 20:00 h estos bares solo pueden atender a transportistas y trabajadores desplazados y, para ello, estos conductores deben justificar su situación con una Declaración Responsable que justifica su actividad y que responde a un modelo recogido en una Orden de la Consejería de Sanidad (en la última página de la Orden está el modelo).

En el caso de que los transportistas, y resto de trabajadores desplazados, no presenten esta Declaración Responsable, realizada con carácter previo, serán sancionados así como el restaurante o bar en el que se encuentren.

Aquí tienes la Orden de la Consejería de Sanidad

Procedimiento de pérdida de honorabilidad mercantil en el Transporte por carretera


Durante la pendencia del procedimiento de impugnación del ROTT respecto al requisito de honorabilidad, se suprimió el último inciso del apartado 4 del artículo 116, aquel que dejaba la existencia y permanencia de la empresa a la suerte de una auténtica ruleta rusa, dependiendo del momento en el que hubiera adquirido firmeza la sanción y el momento en que tuviera que visar la autorización, se podría rehabitar la autorización de transporte o no, una vez suspendida por la pérdida del requisito de honorabilidad de su titular.

Y por otro, una cuestión de garantías y procedimiento que teniendo en cuenta la importancia y repercusiones que puede tener la pérdida de honorabilidad de la autorización de transporte, no es baladí. Según el artículo 119 del ROTT, una vez notificada a los interesados la inscripción en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte de una condena o resolución sancionadora que pudiera determinar la pérdida de honorabilidad del infractor, las personas afectadas por la pérdida de honorabilidad dispondrán de un plazo de 15 días para formular alegaciones ante el órgano competente para el otorgamiento de autorizaciones de transporte público en el territorio en que se domicilien.

Sin embargo, el Reglamento UE 1071/2009 que regula las condiciones ejercicio de la profesión de transportista por carretera, exige que los Estados miembros, ante sentencias o sanciones que conlleven la pérdida del requisito de honorabilidad, del titular de la autorización o incluso del propio gestor de transporte, deberán instruir un procedimiento administrativo completo con el fin de determinar si la pérdida de honorabilidad es desproporcionada o no (artículo 6.2.b).

El procedimiento de pérdida de honorabilidad debe ajustarse a los requisitos y garantías de todo procedimiento administrativo

Este procedimiento administrativo completo que requiere el reglamento comunitario, según ha sentado la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2020, no quiere decir que sea una nuevo procedimiento sancionador, ya que el propio procedimiento, penal o administrativo, en el que se imponen las penas o sanciones que llevan aparejadas la pérdida de honorabilidad se ha tramitado con todas las garantías procedimentales, y la pérdida de honorabilidad no deja de ser una consecuencia directa y automática de dichas penas o sanciones. Pero lo que también establece el Tribunal Supremo es que la regulación del artículo 119 del ROTT resulta insuficiente, pues un mero trámite de alegaciones, aun interpretándolo de forma amplia en el sentido de que incluyera posibilidad de prueba, no puede considerarse que constituya un “procedimiento administrativo completo”.

Por lo tanto, este procedimiento de pérdida de honorabilidad debe ajustarse a los requisitos y garantías de todo procedimiento administrativo, que vienen fijados con carácter general en los artículos 53 y siguientes de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo: derecho de información, defensa mediante las alegaciones y medios de prueba que se tengan por conveniente, así como la interposición de los recursos que correspondan, debiendo contar el procedimiento con el trámite de propuesta de resolución, como expresamente reconoce el Tribunal Supremo.

Todo ello a fin de determinar si la pérdida de honorabilidad es ajustada y proporcionada, puesto que, aunque la norma prevea que, en todo caso, se entenderá desproporcionada la pérdida de la honorabilidad cuando el infractor no hubiese sido sancionado por la comisión de ninguna otra infracción muy grave en los 365 días anteriores a aquél en que cometió la que ahora se sanciona (artículo 143.5 de la LOTT), habrá otras circunstancias y situaciones en las que pueda considerarse no ajustada o desproporcionada la pérdida de honorabilidad.

Divulgación: Club Autoescuela

90 mil sentencias condenatorias en 2018 en España por Delitos contra la Seguridad Vial


El 34% de las condenas por cualquier tipo de delito en España tienen relación con los delitos viales. En total, en 2018 se dictaron 89.264 sentencias condenatorias, según los datos dados a conocer recientemente por el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, que destacó ante los medios que la mayoría de ellas estuvieron motivadas por conducción bajo la influencia del alcohol y drogas, con 56.173 resoluciones. Son situaciones complejas en las que el análisis jurídico y el diseño de una estrategia legal adecuada desde el punto de vista penal pueden ser clave.

En total, el pasado ejercicio se abrieron 110.651 procesos penales por delitos contra la seguridad vial, frente a los 96.303 registrados el año anterior. El 62% del total de expedientes se debió a consumo de drogas y alcohol al volante (69.121). Además, se abrieron 2.013 procedimientos por la negativa a realizar pruebas de alcoholemia, 200 más que en 2017.

Aumentan las acusaciones y las condenas

En 2018 aumentaron notablemente las acusaciones por delitos contra la seguridad vial, con un incremento del 17% hasta rozar las 8.000 acusaciones. De hecho, el 73% del total de escritos de acusación formulados por delitos de homicidio imprudente estuvieron relacionados con el tráfico.

Actualmente en España hay 5.164 personas presas por haber cometido algún delito contra la seguridad vial.

Pero las condenas también aumentaron de forma sensible respecto del anterior ejercicio. Las estadísticas muestran un incremento del 9%, es decir, unas 7.000 sentencias condenatorias más que en 2017.

Condena de trabajos en beneficio de la comunidad

El 80% de los procedimientos abiertos terminaron en sentencia condenatoria y una de las principales penas impuestas a los condenados es la de trabajos en beneficio de la comunidad.

El  pasado ejercicio hubo 24.068 condenados a realizar este tipo de trabajos, de los cuales 21.772 eran hombres y 2.296 mujeres. El 22% de estas penas se cumplieron a través de programas como Taseval (taller de sensibilización en seguridad vial de una duración máxima de 60 jornadas) y Proseval (programa psicoeducativo para condenados a realizar este tipo de trabajos durante un periodo más prolongado).

Las cinco comunidades que registraron más sentencias condenatorias por delitos viales fueron Cataluña (20.151), Andalucía (15.169); Comunidad Valenciana (10.779); Madrid (10.407) y Galicia (5.346).

Los controles de alcohol y drogas y de velocidad no pararán

Bartolomé Vargas ha advertido que los controles de alcohol y drogas continuarán, así como los controles de velocidad. La Unión Europea ya recomendaba en 2004 que uno de cada tres conductores del censo fueran sometidos a control de alcoholemia con el objetivo de generar conciencia en la población que la fiscalización es real y tiene consecuencias.

Divulgación: Club Autoescuela

Multa de tráfico anulada judicialmente por no probarse la supuesta infracción


El conductor alegó que no sabía que los agentes debían autorizar el cambio de piloto tras dar positivo en alcoholemia.

Un juzgado de Madrid ha anulado una multa de tráfico (200 euros y 4 puntos del carnet) a un conductor que dio positivo en alcoholemia por no respetar la orden de inmovilización del vehículo. En su resolución, la magistrada considera que la infracción no está suficientemente fundamentada al no existir pruebas que demuestren la desobediencia. De esta forma, aplica en el principio de presunción de inocencia para retirar la sanción.

El fallo concluye que la Administración (en concreto la Jefatura Provincial de Tráfico de Segovia) no demostró que el conductor se hubiera saltado la orden de los agentes de la Guardia Civil. Según argumenta la juez, no era posible saberlo porque el expediente sancionador no incluyó un acta firmada por el demandante en la que constara los términos y condiciones del mandato. Como alegó el conductor se había conculcado su derecho a la defensa al no ser posible conocer las razones por las que se le impuso la sanción, “ni si la versión de los hechos del denunciado se ajusta a la realidad”, agrega la magistrada.

Según este, después de ordenar la inmovilización del vehículo, los agentes le comunicaron de palabra que podría irse cuando otro conductor habilitado se hiciera cargo del coche. Sin embargo, y pese a que le dijeron que volverían en un rato, los guardias tardaron horas en regresar. Por este motivo, y puesto que ya le había sustituido una amiga que podía conducir, abandonó el lugar ocupando la posición de copiloto. Su sorpresa fue, más tarde, cuando recibió una multa por no haber respetado las señales de los agentes.

Estos alegaron, por el contrario, que advirtieron al sancionado de que no abandonara el lugar hasta que ellos lo autorizaran. Para apoyar su tesis se remitieron al informe y también a la nota interna aclaratoria al boletín de denuncia. Sin embargo, la magistrada echa en falta el acta de inmovilización del vehículo firmada por el demandante.

Tras analizar el expediente administrativo y la declaración jurada de las personas que acudieron en auxilio del conductor sancionado, la magistrada no encuentra una prueba “indubitada” que apoye una versión u otra. Pese a que las denuncias de los agentes de tráfico hacen fe de los hechos, la carga de la prueba corresponde a quien acusa, sin que “nadie está obligado a probar su inocencia”. Por este motivo concluye, procede absolver al conductor sancionado y anular la multa.

Descarga una Plantilla de Acta de Inmovilización del Vehículo

SENTENCIA:

Juzgado de lo Contencioso-administrativo N°. 31 de Madrid, Sentencia 295/2020 de 20 Nov. 2020, Proc. 126/2020

Ponente: Bris García, Miriam.

Nº de Sentencia: 295/2020

Nº de Recurso: 126/2020

Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

TEXTO

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid

c/ Princesa, 5 , Planta 3 – 28008

45029730NIG: 28.079.00.3-2020/0005979

Procedimiento Abreviado 126/2020

Demandante: D. ALFREDO

LETRADO D. FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARTINEZ, PLAZA DE CASTILLA, nº 3

Esc/Piso/Prta: 7, 2ºC C.P.:28046 Madrid (Madrid)

Demandado: JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE SEGOVIA

Sr. ABOGADO DEL ESTADO

SENTENCIA Nº 295/2020

En Madrid, a 20 de noviembre de 2020.

La Ilma. Sra. Dña. MIRIAM BRIS GARCÍA Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de MADRID ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo registrado con el número 126/2020 y seguido por el Procedimiento Abreviado en el que se impugna la siguiente actuación administrativa: sanción por infracción del artículo 143.1 del Reglamento General de Vehículos (sic) (LA LEY 1951/2003),

Son partes en dicho recurso: como recurrente D. ALFREDO, representado y dirigido por LETRADO D. FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARTINEZ y como demandada JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE SEGOVIA, representada y dirigida por Sr. ABOGADO DEL ESTADO,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación del recurrente se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la actuación administrativa arriba referenciadas.

SEGUNDO.- Dado traslado del recurso a la entidad demandada se sustanció por los trámites del Procedimiento Abreviado habiéndose solicitado por la representación de la Administración demandada sentencia desestimatoria.

TERCERO.- En este procedimiento se han observado las prescripciones legales en vigor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. – El objeto del recurso se concreta en determinar la conformidad al ordenamiento jurídico de la Resolución recaída en el expediente NUM001 Jefatura Provincial de Tráfico de Segovia, por la que se impone al recurrente la sanción de 200 €, que lleva aparejada la detracción de 4 puntos, por la presunta infracción del artículo 143.1 del Reglamento General de Vehículos (sic) (LA LEY 1951/2003), consistente en “NO RESPETAR LAS SEÑALES DE LOS AGENTES DE LA AUTORIDAD QUE REGULAN LA CIRCULACION. VEHICULO INMOVILIZADO A LAS 18:38 H EN N-VI PK 83,4 EL CUAL QUEBRANTA LA INMOVILIZACION. – VEHICULO-BASTIDOR: NUM002.” Hechos que fueron denunciados el día 08/09/2019 a las 21:15 en N-VI P. Klm.:83.4 sentido: CRECIENTE y con referencia al vehículo VEHICULO000

En la demanda, con las precisiones hechas en la vista, se alegaba en síntesis, la vulneración del artículo 24.1 CE (LA LEY 2500/1978), reiterando su disconformidad con los hechos alegados y la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, habida cuenta que “éste principio de presunción de inocencia implica que es la Administración sancionadora (aquí Jefatura Provincial de Tráfico de Segovia), y no el administrado, la que debe demostrar cumplidamente la realidad de los hechos narrados en el acta de la denuncia formulada” (…) Don Alfredo en ningún momento quebrantó la inmovilización del vehículo ya que, según declaración de Doña Rosa fue ella la que se hizo cargo del vehículo y lo desplazó del lugar donde estaba inmovilizado por los agentes de tráfico. (..)”

Por su parte la Administración demandada, interesaba la desestimación del recurso.

SEGUNDO. – La ausencia en el expediente de una respuesta sobre las cuestiones planteadas por el recurrente lleva al actor a invocar el derecho a la presunción de inocencia. Recogido como fundamental en el artículo 24 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) y aplicable también al procedimiento administrativo sancionador como ha señalado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 76/1990, de 26 de abril (LA LEY 58461-JF/0000), entre otras, comporta este derecho -como se refleja en esa sentencia- que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponde a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia y también que la insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio.

No obsta a esta conclusión, por lo demás, la previsión contenida en el artículo 88 del Ley Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre (LA LEY 16529/2015), y el artículo 14 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero (LA LEY 1452/1994) por el que se aprueba el Reglamento Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, según los cuales las denuncias efectuadas por los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, puesto esto lo es sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado, como se indica en ese precepto. Y, además, operara cuando aquella denuncia, reúna los requisitos que exige el artículo 5 del mismo Real Decreto, de tal manera que contenga una “relación circunstanciada del hecho”. En el presente caso la Resolución sancionadora impugnada lo es por no respetar las ordenes de los Agentes que regulan la circulación, en concreto, una orden de inmovilización de un vehículo tras dar positivo en un control de alcoholemia. Los agentes se remiten en su informe (folios 16 y 18) y también en su nota interna aclaratoria al boletin de denuncia documentada al folio 3, a los términos del acta de inmovilización y las advertencias allí consignadas. En concreto, señalan que allí se advertía al denunciado de que podría levantarse la inmovilización cuando el conductor fuera sustituido por otro, habilitado para ello, pero que los Agentes debían conocer y autorizar dicho extremo. Sin embargo, no existe constancia indubitada de los términos de dicha inmovilización ni las consecuencias de su quebrantamiento, al NO obrar en el expediente remitido ningún Acta de inmovilización firmada por el demandante.

Se desconoce así si en realidad el recurrente cumplió o no con lo ordenado por los agentes de la autoridad, pues lo cierto es que se acompañaban tanto al expediente como a la demanda declaraciones juradas que no han sido puestas en duda, asegurando que otras personas, en perfectas condiciones para ello, se hicieron cargo del vehículo.

En la actividad administrativa sancionadora no se puede desconocer que el procedimiento legal a seguir para la imposición de sanciones y, dentro de él la práctica de prueba y su correcta valoración, así como la «presunción de inocencia», mientras no se demuestre la culpabilidad, cuya carga incumbe al que intenta demostrar esta última, han de ser considerados como una garantía fundamental de la persona acusada, de la cual no puede ser privado sin vulnerarse con ello el art. 24 CE (LA LEY 2500/1978), sin que sea posible destruir la presunción de inocencia, mediante una valoración de pruebas inexistentes o a través de una deducción que viene del art. 1253 CC (LA LEY 1/1889), cuando no se han demostrado aquellos hechos directos, de los cuales y mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, hayan de referirse .

En otro caso se está produciendo indefensión en dicho denunciado, no siendo posible conocer las razones en base a las cuales se llegó a imponer la sanción, ni si la versión de los hechos del denunciado se ajusta a la realidad, impidiendo la revisión jurisdiccional de la actuación administrativa, que adolece por otro lado de incongruencia omisiva por falta de motivación.

En atención a todo lo expuesto, ha de estimarse la pretensión del demandante de que se anule la resolución impugnada, con los efectos a ello inherentes.

TERCERO. – Procede conforme a lo razonado la estimación del recurso contencioso administrativo, y en cuanto a las costas, de conformidad con el artículo 139 de la L.J.C.A (LA LEY 2689/1998), en la redacción dada por la ley 37/2011 (LA LEY 19111/2011), no procede especial pronunciamiento dadas las dudas fácticas que presentaba el asunto.

FALLO

Primero. – Estimar el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por D. ALFREDO, contra las resoluciones reseñadas en el F.D. 1º, anulando las citadas resoluciones por resultar contrarias al Ordenamiento Jurídico, con los efectos inherentes a dicha declaración.

Segundo. – Sin imposición de costas.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso ordinario de apelación.

Remítase testimonio de esta resolución a la Administración demandada, con devolución del expediente administrativo, interesando acuse de recibo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Divulgación: Club Autoescuela