Causas por las que hay falta de conductores de camión


España tiene un importante déficit de conductores profesionales de camión, al igual que otros muchos países de Europa. Con la evolución del mercado laboral en el sector del transporte y la logística la demanda es cada vez mayor, circunstancia que obliga a tomar medidas urgentes para cubrir las necesidades de la actividad. De hecho, un reciente estudio revela que el sector del transporte de mercancías por carretera español requiere de unos 15.000 conductores profesionales para poder asegurar el correcto funcionamiento de los servicios de transporte y la cadena de suministro.

Si no se ataja, esta situación no dejará de empeorar. De hecho, la elevada edad de los chóferes profesionales, la falta de atractivo del sector y el crecimiento de la demanda de transportistas en España puede provocar, según el modelo de previsión más radical, que España tenga un déficit de 40.000 conductores en sólo cinco años. No hay más que mirar los habituales portales de ofertas laborales para comprobar los problemas que tienen las empresas para encontrar profesionales del transporte con su formación correspondiente y todos los documentos en regla para su incorporación al sector.

Esta demanda no se corresponde con el volumen de personas que está completando la formación necesaria para ejercer de conductor de vehículos profesionales. Incluso si la pandemia de COVID-19 ha servido para fomentar que parte de la formación CAP (Certificado de Aptitud Profesional) se pueda impartir online. Aunque de esta forma se consigue una formación más flexible, variada y adaptada a los alumnos, la realidad es que está lejos de ser una solución.

Al final, el sector del transporte de mercancías por carretera sigue sin ser atractivo, incluso si se trata de una actividad clave para la economía nacional. Si bien representa el 5% del PIB y da trabajo a más de 500.000 personas, el envejecimiento de los transportistas profesionales -72% por encima de 50 años- y la falta de un relevo generacional suponen un quebradero de cabeza.

Divulgación: Club Autoescuela

La pérdida del permiso de conducir por consumo de alcohol no permite la suspensión automática del contrato


Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo Social, Sentencia 157/2021 de 3 Mar. 2021, Rec. 75/2021

Ponente: López-Tames Iglesias, Rubén.

Nº de Sentencia: 157/2021

Nº de Recurso: 75/2021

Jurisdicción: SOCIAL

La pérdida del permiso de conducir por consumo de alcohol no permite la suspensión automática del contrato

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Pérdida del carnet de conducir por consumo de alcohol. La lista de causas fijada en el ET no es totalmente exhaustiva, pues en algunos convenios se admiten otros motivos. Pero si el convenio aplicable no expresa nada, la empresa no puede decidir la suspensión de forma unilateral sin someterse a ningún procedimiento o control. Podrá extinguir la relación laboral por ineptitud sobrevenida, pero no suspender el contrato con la mera comunicación al trabajador. Tampoco es un supuesto de fuerza mayor temporal porque en este caso, el consumo de alcohol es previsible y evitable.

El TSJ Cantabria estima el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador, revoca la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Santander y condena a la empresa a mantener de alta al trabajador al que le han retirado el carnet de conducir.

TEXTO

SENTENCIA nº 000157/2021

En Santander, a 03 de marzo del 2021.

PRESIDENTA

Ilma. Sra. Dª. Mercedes Sancha Saíz

MAGISTRADOS

Ilmo.Sr. D. Rubén López-Tamés Iglesias (Ponente)

Ilma. Sra. Dª. Mª. Jesús Fernández García

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria compuesta por los Ilmos. Sres./Ilmas. Sras. Citados/as al margen ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por D. Eloy contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº. tres de Santander, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Rubén López-Tamés Iglesias, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos se presentó demanda por D. Eloy, siendo demandado Arruti Santander S. A. sobre Suspensión de Contrato, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 4 de noviembre de 2020, en los términos que se recogen en su parte dispositiva.

SEGUNDO.- Como hechos probados se declararon los siguientes:

1º.- El demandante viene prestando sus servicios para la demandada desde el 17-6-99 con categoría de conductor y salario bruto mensual de 1.840,46 euros.

2º.-El 6-7-19 se dictó resolución por el magistrado del juzgado de Instrucción nº 5 de Santander en la que se privó al demandante del permiso de conducir por el plazo de un año.

El 19-8-19 la demandada remitió al demandante esta carta:

“Santander, a 19 de agosto de 2019

Estimado Sr.:

Por medio de la presente, procedemos a informarle de que, como consecuencia de los efectos producidos tras la Sentencia de fecha 6 de julio de 2019, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, en el procedimiento de Juicio Rápido 995/2019, por la que Vd., ha sido condenado entre otros extremos, a la “…privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotor por tiempo de un año…”, la empresa le comunica que, por la circunstancia que se deriva de la prohibición establecida en la sentencia, le resulta imposible y no puede usted, prestar sus servicios como conductor para la empresa ARRUTI SANTANDER, S.A., toda vez que la habilitación de su permiso de conducir es condición indispensable y obligatoria para la realización de su trabajo, es por ello, que en estas condiciones es imposible que continúe prestando servicios en esta empresa, con la categoría profesional de conductor, al no existir en este momento en la empresa ningún trabajo que pueda realizar Vd. Sin permiso de circulación.

A la vista de lo anterior, queda en suspenso el contrato de trabajo por ineptitud profesional temporal, con efectos de 20 de agosto de 2019 – no teniendo en ningún caso el carácter de despido o extinción del mismo-, hasta qué por su parte, se acredite que el Juzgado le ha devuelto el permiso de circulación, y que por ello, puede reanudar su actividad profesional en la empresa, momento en el que se procederá a su reincorporación en las mismas condiciones previas a la suspensión temporal, manteniéndole sus derechos contractuales.

La causa motivadora de la presente suspensión viene determinada, por la condena impuesta al trabajador, en la resolución judicial referida.

La suspensión tendrá efectos de 20 de agosto de 2019, estando Vd. dispensado en el día de hoy, de acudir a su puesto de trabajo.

Se informa, asimismo, de que, al suspender la relación laboral, circunstancia que la empresa comunicará a la TGSS, procede cursar su baja, cesando por ello su cotización, mientras dure esta situación.

Quedando debidamente informado de todo ello, a los efectos legales oportunos.

Atentamente,”

3º.- El 8-7-20 el demandante regresó a su puesto habitual de conducción (una vez recuperado el permiso de conducción).

4º.- El 16-9-19 se celebró acto de Conciliación con resultado infructuoso.

TERCERO.- En dicha sentencia se dictó el siguiente fallo o parte dispositiva:

Que desestimando la demanda interpuesta por don Eloy contra ARRUTI SANTANDER S.A., absuelvo a la demandada de la reclamación contra ella formulada.

CUARTO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandante, siendo impugnado por la parte contraria, pasándose los autos a la ponente para su examen y resolución por la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), se denuncia infracción, por aplicación indebida del art. 45 (LA LEY 16117/2015), 47.3 (LA LEY 16117/2015) y 51.7 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015)

El actor fue privado del permiso de conducir durante un año y el objeto del presente recurso es determinar si la suspensión del contrato de trabajo de éste, llevada a cabo de forma unilateral por la empresa, se ajusta o no a derecho.

La parte recurrente considera que tal suspensión no se ajusta a derecho, ya que las causas por las que se puede suspender un contrato de trabajo vienen establecidas en el art. 45 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015) y según expresa, ésta no es una lista cerrada porque existen otras causas de suspensión como la excedencia por cuidado de familiares ( art.46.2 ET), la excedencia por ejercicio de funciones sindicales ( art. 46.3 et), la declaración de invalidez permanente en grado de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez con previsión de revisión por mejoría ( art. 23.1.b ET).

Pero, como también defiende, todas las causas de suspensión del contrato o son o por voluntad del trabajador o por alguna otra causa, de forma que no dejan al trabajador desvalido y sin ningún tipo de recurso económico. En este caso, se ha procedido a dar de baja al actor en la Seguridad Social, dejándole sin derecho a ningún tipo de prestación.

Defendido que, de la misma forma, a través de la negociación colectiva, se puede pactar en los convenios colectivos la posibilidad de suspender los contratos de trabajo, cuando se den determinadas circunstancias. como ocurre, por ejemplo, en el convenio de transporte de viajeros por carretera, el cual prevé la posibilidad de suspensión del contrato por privación del permiso de conducir.

Es decir, que, si no viene regulado en el convenio, la empresa no podría suspender el contrato de forma unilateral. Entenderlo de otro modo supone que esta regulación convencional no tendría ningún sentido.

Referida la sentencia del Tribunal Supremo de 20-6-95, en la que estableció que la suspensión de los contratos de trabajo debe producirse por una de las causas legal o convencionalmente previstas, para continuar diciendo que, fuera de esas causas no se produce la exoneración de la obligación empresarial de remunerar el trabajo.

Lleva razón la parte recurrente. La discrepancia se plantea, en realidad, respecto a si la lista de causas de suspensión prevista en el artículo 45.1 del ET debe considerarse abierta o cerrada, optando la resolución de instancia por la primera de las alternativas.

Se trata, en cambio, de una cuestión resuelta por el Tribunal Supremo (por ejemplo, en la de 25 de octubre de 2.000 Rec. 3606/1998 (LA LEY 311/2001) . Como indica: El Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015) regula en artículos separados “las causas y efectos de la suspensión” del contrato de trabajo ( art. 45 ET ) y de las “excedencias” ( art. 46 ET ). La enumeración de causas de suspensión es una enumeración tasada o exhaustiva, en la que figuran numerosos avatares o incidencias atinentes bien a la vida personal o profesional del trabajador, bien al funcionamiento de la empresa. El denominador común de las causas de suspensión es, con excepción de la enunciada en el primer renglón de la lista [“a) Mutuo acuerdo de las partes”], el acaecimiento sobrevenido de una incompatibilidad, incapacidad, imposibilidad o impedimento para la ejecución del trabajo.

Expresa así que la enumeración de las causas de suspensión es una lista tasada o exhaustiva y la referencia en otras resoluciones a lista abierta hay que entenderla en el sentido de que pueden existir otras causas de suspensión previstas en otros preceptos legales (artículo 48.2), o incluso en convenios colectivos (por ejemplo, algunos convenios o en la normativa de empleo público, cuando contemplan la posibilidad de suspender de empleo y sueldo de forma temporal a los trabajadores como medida cautelar durante la tramitación de expedientes contradictorios por faltas muy graves).

Es decir, se trata de un criterio contrapuesto al expresado por la referida sentencia anterior de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid de 20-3-2009 (3560/2009). (LA LEY 70534/2009)

Por ello, resulta rechazable que la empresa, de manera unilateral, decida suspender la relación laboral sin consentimiento del trabajador, sin que concurra ninguna causa legal o convencionalmente prevista y sin someterse a ningún tipo de procedimiento que permita el control de la legalidad de la medida.

Mediante escrito de 1 de agosto de 2019 la empresa intentó que el actor firmase dicha suspensión de mutuo acuerdo a lo que el actor contestó que no podía aceptarla por ser la única fuente de ingresos de su familia y “no poder permitírselo”, manteniendo su voluntad y disposición para seguir prestando sus servicios en otro puesto de trabajo en el que no se requiera conducir

No está entonces facultada legalmente la empresa para determinar por sí, cuándo concurren causas que obliguen a suspender total o parcialmente la actividad y cuándo ha de entenderse que aquellas causas han desaparecido (la validez y eficacia de las obligaciones no puede quedar al arbitrio de una de las partes, ex 1256 del Código Civil); pues una cosa es que puede sostenerse que el convenio colectivo, como antes se ha dicho, pueda introducir nuevas causas de suspensión no previstas en el Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015) (normas reglamentarias especiales, o que las partes lo convengan) y otra bien distinta es que se interprete, desacertadamente, que, ante el silencio del convenio colectivo sobre procedimiento para adoptar la suspensión, pueda ésta decretarse sin la concurrencia de ningún requisito salvo la mera comunicación a los trabajadores.

La empresa no ha extinguido la relación laboral (por ineptitud sobrevenida) y el actor ha de tener ocupación efectiva con la posibilidad de cobrar su salario porque lo contrario supone el incumplimiento de las obligaciones que al empresario imponen los apartados a) y f) del artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015).

El recurso ha de ser estimado.

SEGUNDO.- Con la finalidad de dar una respuesta íntegra a la cuestión debatida, la pérdida del permiso de conducir no podría tampoco subsumirse en las causas de suspensión del art. 45. 1 i), la fuerza mayor temporal.

La fuerza mayor es un concepto jurídico indeterminado cuyo contorno ha sido concretado por la doctrina jurisprudencial (así sentencias de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1998 o de 29 de junio de 1998 o de la Sala 4ª del mismo Tribunal de 27 de diciembre de 2001 y las que en ellas se citan) con fundamento en la existencia de las notas de ajenidad respecto del afectado, imprevisibilidad e inevitabilidad tanto del hecho en sí como de sus efectos perniciosos para el perjudicado ( STS, Sala 3ª, de 24 de febrero de 1999). Exige:

1º Imprevisibilidad de la acción. Este es un elemento importante en la calificación del acto. Debe producirse un acontecimiento impensado, entendido como imposibilidad circunstancial de prevenirlo.

2º Inevitabilidad de la acción. Al igual que en el anterior, este es elemento decisivo para la catalogación del acto como fuerza mayor para el caso de que sea previsible. El acontecimiento debe ser irresistible o inevitable, de imposible control o evitación, ya en su producción como en sus efectos. El carácter inevitable se predica sobre todo de la incidencia del suceso en la continuidad de la actividad laboral.

Como parece lógico, la pérdida del permiso de conducir (por consumo de alcohol, al parecer) es previsible y también, por ello, evitable (si se bebe, no se puede conducir) además de que no se trata de una circunstancia ajena al círculo obligacional o de la empresa, como también esa definición exige.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que estimamos el recurso interpuesto por D. Eloy contra sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3, de fecha 4 de noviembre de 2020 (646/2019), dictada en virtud de demanda seguida por D. Eloy contra ARRUTI Santander, S.A., la cual revocamos, condenando a la demandada a mantener de alta y abonar el salario correspondiente al período que abarca desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 8 de julio de 2020, fecha de reincorporación del actor.

Pásense las actuaciones al Sr. Letrado de la Administración de Justicia para cumplir los deberes de publicidad, notificación y registro de la sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma.

Divulgación: Club Autoescuela

Usar la tarjeta de otro conductor es manipulación del tacógrafo y delito


La Audiencia Provincial de Tarragona ha desestimado el recurso presentado por los representantes legales de un conductor, contra el que se ha iniciado un procedimiento penal por falsificación en documento oficial al conducir utilizando la tarjeta del tacógrafo de otro conductor.

Los representantes legales de un conductor, contra el que se inició el año pasado un procedimiento penal por llevar insertada en el tacógrafo la tarjeta digital de otro conductor, presentaron un recurso ante la Audiencia Provincial de Tarragona solicitando el sobreseimiento libre y el archivo de la causa. La petición se basaba en que la conducción con la tarjeta de tacógrafo de otro conductor no supone una forma de manipulación o modificación de los datos, y, en segundo lugar, que el tacógrafo es un documento privado, no oficial o público, por lo que esta acción no tiene relevancia penal.

Sin embargo, los argumentos de la defensa no han sido aceptados por los magistrados de la Audiencia Provincial de Tarragona, que han desestimado el recurso, por lo que el procedimiento sigue adelante. Según consta en el auto de la Audiencia de Tarragona, de febrero de 2021, la desestimación del recurso se basa en la Sentencia 94/2020 de 15 de enero del Tribunal Supremo, con la que se fijó un criterio definitivo de interpretación frente a las sentencias contradictorias que hasta entonces habían emitido las Audiencias Provinciales sobre las denuncias por manipulación del tacógrafo y su consideración como delito.

Con la sentencia del Supremo de enero del año pasado se estableció que una de las modalidades de falsificación corresponde a los supuestos en los que “la formación de un documento parezca provenir de un autor diferente del efectivo (falta de autenticidad subjetiva o genuinidad)”, que es lo que ocurre cuando se conduce utilizando la tarjeta del tacógrafo de otro conductor.

Recordamos que el delito de falsedad documental se castiga con penas de entre seis meses y tres años de prisión y una multa económica de seis a doce meses. Además, la condena puede incluir una pena de inhabilitación especial que impida el ejercicio de las profesiones de transportista, de intermediario en la contratación de transportes o de gestor de transporte, ya que al tener antecedentes penales se puede perder la honorabilidad.

Difusión: Club Autoescuela

Alegaciones de sanciones del tacógrafo


La rigidez de la normativa de transportes supone que las sanciones no sean desconocidas para los profesionales del sector. Esto se ve acrecentado por el elemento de vigilancia que es el tacógrafo. Sin embargo, precisamente el aparato de control puede ser de gran ayuda a la hora de presentar alegaciones de sanciones del tacógrafo, y de transporte en general.

Sanciones de tráfico y sanciones de transportes: diferencias y similitudes

En algunos casos, las sanciones de tráfico y las de transportes pueden confundirse. En caso de deberse a controles de carretera, la propuesta de sanción proviene de los mismos cuerpos del orden. Además, hay hechos sancionables parecidos, como es el caso de los excesos de velocidad, que también pueden ser sancionados por transportes por exceder el máximo marcado por el tacógrafo.

Sin embargo, no hay que olvidar que ambos tipos de sanciones provienen de normativa diferente. Por un lado, las sanciones de tráfico están recogidas en el Reglamento General de Conductores. Por su parte, las sanciones de transporte y en específico las del tacógrafo provienen de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre.

De cara a las diferencias, la más conocida entre sanciones de tráfico y de transportes es la económica: las sanciones de transportes son mucho más cuantiosas que las habituales de tráfico. El baremo sancionador vinculado a la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre recoge sanciones de hasta 6.000€. Esta suma puede llegar a triplicarse para las empresas reincidentes.

Ambas categorías de sanción pueden tener graves consecuencias para la persona física o jurídica sancionada. Así, varias sanciones de tráfico acumuladas pueden suponer la retirada del permiso de conducción. De la misma forma, la reincidencia al cometer infracciones de transporte supone la pérdida del requisito de honorabilidad. Este hecho impediría a la empresa de transportes operar durante, al menos, 1 año.

Qué hacer tras una sanción de transportes

Además de estas diferencias y similitudes, existe otro parecido entre ambos tipos de infracciones: ambas sanciones pueden tener un descuento por pronto pago, o la opción de recurrirlas mediante la presentación de alegaciones.

Es habitual optar por el pronto pago para reducir el desembolso que supone la sanción, normalmente en un plazo de entre 10 y 15 días desde la notificación de la sanción. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el pronto pago supone renunciar a posibles alegaciones. En este caso, todavía sería posible presentar un recurso judicial, pero este es más costoso, tanto económicamente como por el proceso en sí.

Alegaciones de sanciones del tacógrafo

Vemos, pues, que existe la posibilidad de presentar alegaciones. Sin embargo, el proceso es muy específico, y la ventana temporal para hacerlo es limitada. Es importante que la empresa de transporte sancionada empiece el proceso de alegación lo antes posible, y que lo haga con un pleno conocimiento de la información recogida por su tacógrafo para asegurar que la alegación llegue a buen puerto.

Proceso de las alegaciones de sanciones de tacógrafo

El proceso para presentar alegaciones de sanciones del tacógrafo en particular, y de transportes en general, tiene unas fases y tiempos muy marcados. Son los siguientes:

  • Inicio del expediente sancionador. Comienza el proceso de la sanción, motivado por una posible infracción de la empresa de transporte e identificado por inspección o por un control de carretera.
  • Notificación del inicio del proceso sancionador y de la sanción propuesta. Existe la creencia popular de que, si no se recibe la notificación, es posible evitar el pago de la sanción. Esto no es cierto, ya que pasado cierto plazo, las propuestas de sanción son publicadas en el BOE y consideradas notificadas. Esto juega en contra de la empresa, ya que puede suponerle agotar el plazo para presentar alegaciones.
  • Presentación de alegaciones. Este es el momento clave para la empresa sancionada. Las alegaciones pueden deberse tanto a cuestiones de forma (datos incorrectos en la propuesta de sanción), que la sanción sea injusta, etc. Mediante la presentación de un escrito de alegación que vaya acompañado de las pruebas pertinentes, la empresa puede esquivar la sanción con facilidad.
  • Resolución definitiva. Se decide si efectivamente habrá sanción o las alegaciones han sido aceptadas.
  • Notificación definitiva, pago por parte del sancionado, inicio del proceso de recurso contra la administración. Llegados a este punto, habrá que recurrir la sanción por vía legal.

¿Cómo saber si corresponde hacer alegaciones de sanciones del tacógrafo?

De cara a presenciar alegaciones de sanciones del tacógrafo, el análisis de la información del aparato de control es esencial. Por eso es importante contar con un servicio de gestión y análisis del tacógrafo, preferentemente que incluya asesoramiento en caso de sanciones. De esta forma, personal experto en la materia podrá ayudarnos a presentar alegaciones de sanciones del tacógrafo injustas. Esto supone no sólo un importante ahorro para la empresa, sino que además garantiza poder seguir operando, sin miedo a posibles pérdidas de la honorabilidad u otras sanciones.

La protección contra sanciones injustas será total si, además, el servicio vigila la publicación de sanciones en el BOE. De esta forma nos aseguraremos de no agotar plazos en ningún caso, y poder presentar alegaciones de sanciones del tacógrafo con seguridad.

Roadpol, la red de cuerpos de seguridad de tráfico europea, efectúa de forma bianual su campaña Truck & Bus, en la que también participa la Guardia Civil. Esta acción tiene por objetivo reforzar la vigilancia de los vehículos profesionales, así como estimar las infracciones más frecuentes.

Todos los años, las sanciones más habituales son debidas a tiempos de conducción y al tacógrafo, con gran protagonismo también para las sanciones administrativas (vigencia de permisos y certificados). En todos estos casos, el tacógrafo juega un importante papel en el proceso sancionador. Por tanto, es importante conocer sus registros no sólo para evitar sanciones, sino para tener la posibilidad de recurrirlas.

Divulgación: Club Autoescuela