¿Quién debe contratar un Seguro de Transporte de Mercancías?


El Seguro de Transporte de Mercancías garantiza los daños que sufran las mercancías durante su transporte, por cualquier medio (terrestre, marítimo o aéreo), hasta el lugar de destino intermedio o final.

A través de un contrato de seguro, la compañía aseguradora se compromete, a cambio del pago de una prima de seguro, a pagar una indemnización por los siniestros que ocurran durante la vigencia de la póliza y que estén amparados por las coberturas del seguro.

¿Es obligatorio contratar un Seguro de Transporte de Mercaderias?

La Ley 15/2009 del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías (LCTTM) y el Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías (CMR) delimitan las responsabilidades y las correspondientes indemnizaciones por los daños a las mercancías durante su transporte, desde el momento en el que éstas son cargadas en el medio de transporte correspondiente, hasta su recepción en el punto de destino.

Esta ley también limita el importe máximo legal de estas indemnizaciones por daños a las mercancías durante su transporte, situándose en 6,276 €/Kg (1/3 IPREM) en el transporte nacional y en 10,16 €/Kg (8,33 SDR) en el transporte internacional. Estos importes oscilan conforme lo hacen sus índices de medición.

Sin embargo, en muchas ocasiones y, dependiendo del contrato pactado con los clientes o el valor de la mercancía transportada, se pactan límites de indemnización superiores o, incluso, el 100% del valor de las mercancías.

Por tanto, aunque el Seguro de Transporte de Mercancías no es obligatorio, es muy recomendable su contratación, en primer lugar, para garantizar el importe máximo legal de las indemnizaciones por daños a las mercancías; y, en segundo lugar, en caso de acuerdos de indemnización superiores, garantizar cualquier daño que sufran las mercancías durante su transporte, sin afectar a los resultados económicos de las empresas por siniestros frecuentes o de importes elevados.

¿Quién debe contratar un Seguro de Transporte de Mercancías?

El Seguro de Transporte de Mercancías debe ser contratado por cualquier profesional o empresa involucrada en el transporte de mercancías, ya sea el propio propietario de las mercancías, las diferentes figuras intermediarias (transitarios, operadores logísticos, agencias de subcontratación de transporte, etc.), el transportista efectivo o, incluso, el destinatario final de las mercancías.

Qué pasa si no se devuelven los créditos con aval del ICO


Los créditos con aval público del Instituto de Crédito Oficial (ICO) han sido una de las ayudas a pymes y empresarios más relevantes, en número y cuantía, de las ofrecidas por el Estado durante la pandemia. La prolongación de la crisis ha llevado al Gobierno a adoptar sucesivas medidas respecto a ellos. En primer lugar, en noviembre, se permitió una primera ampliación de los periodos de carencia o vencimiento de estos préstamos ICO.

Más recientemente, en marzo, el Real Decreto-ley 5/2021 incorpora nuevas previsiones, con un doble alcance: por una parte, permitir que los ICO puedan ver renegociadas sus condiciones y, por otra, si a pesar de todos los esfuerzos estas deudas resultan impagadas a su vencimiento, se introduce un régimen singular para los créditos derivados de la ejecución de sus avales.

Los bancos examinan los préstamos ICO para fijar qué empresas no son viables

La peculiaridad ante esa posible insolvencia reside en tres novedosas previsiones que pueden permitir la agilización de los procedimientos concursales en los que se vean inmersos.

Esos cambios consisten, por un lado, en que estos créditos computarán como pasivo financiero en los acuerdos preconcursales; por otro, que en el concurso pasarán a ser créditos ordinarios en su totalidad, perdiendo la mitad del privilegio típico de los créditos públicos y, finalmente, que en el caso de personas físicas, cabe su exoneración.

La norma recoge tres tipos de medidas para renegociar los ICO: la extensión del vencimiento de los avales, su conversión en préstamos participativos manteniendo el aval público, y transferencias directas que reduzcan la deuda. Para hacerlas efectivas, deudores y entidades financieras deben alcanzar unos acuerdos de renegociación, cuyos detalles de ejecución están pendientes de desarrollo normativo.

Por una parte, queda la duda de “qué ocurrirá con la normativa del Banco de España sobre morosidad y dotación que tienen que hacer las entidades financieras”; por otra, “para ir a un acuerdo de renegociación, se precisa haber solicitado la ampliación de plazo aprobada en noviembre, por la que los ICO iniciales ya fueron novados”.

Desgraciadamente el impago de los ICO a su vencimiento “es algo que va a pasar, aunque estamos en un periodo de impasse por la moratoria concursal y los diferentes tipos de ayudas disponibles, muchas empresas que han recibido créditos ICO no van a poder afrontarlos cuando lleguen sus vencimientos”.

En este momento entrará en juego el último paso de la normativa citada, con las peculiaridades indicadas para el crédito que nace con la ejecución de los avales, y que tiene naturaleza pública por ser su acreedor el Estado. “La práctica demuestra que es frecuente que las empresas en dificultades, ante una tensión de tesorería, dejen de pagar antes a Hacienda que al proveedor que le suministra el material. Por eso, aproximadamente el 95% las empresas en concurso tienen deudas con los acreedores públicos”. El problema reside en que “los privilegios del crédito público hacen muy difícil sacar adelante convenios de acreedores o acuerdos de refinanciación con los organismos públicos.

El cambio es que, aunque el crédito público siempre ha podido participar en esos convenios, las administraciones públicas no solían apoyarlos. Ahora, sin embargo, cabe la posibilidad de que adopten una posición más favorable al respecto. La normativa tiene mayor incidencia para los acuerdos preconcursales, apartándose de la legislación concursal general, pues en este caso, “este crédito público computará a efectos del total pasivo y sus votos afectarán a la quita y a la espera”.

Esta pérdida puntual de privilegios del crédito público por ejecución de los avales “puede ser entendida como una declaración de intenciones del legislador, que habrá que ver si tiene continuidad”. Deseamos que se plasme en la transposición de la Directiva de reestructuraciones y que la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social adopten posiciones más activas en la aceptación de propuestas de convenio y acuerdos de homologación”.

Al margen de la exoneración en el concurso de personas físicas, que opera de manera automática y no ofrece dudas, “Es bueno que estén y es bueno que se impliquen, pero esto segundo no lo dice el Decreto. “Será interesante comprobar si también hay cambio en el beligerante papel de las Administraciones con respecto a derivaciones de responsabilidad a los administradores de empresas insolventes”.

En todo caso, “si la refinanciación de los ICO no fructifica o se incumple una vez novada, cabría plantearse si la solicitud o su refinanciación constituyen un agravamiento de la insolvencia”. Y es que, afirma, “la moratoria exime del deber de presentar concursos si la insolvencia es debida a causa de la covid-19, pero en este supuesto estaríamos ante su agravamiento”. Concluyendo, “resulta peligrosa la laguna del legislador al respecto”.

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Multas de la DGT en tiempo de COVID


Ya están disponibles los datos referentes a la recaudación y tipo de multa impuestas por la DGT en 2020 y fueron más de tres millones. En concreto 3,87, muchas, pero un 17,25% menos con respecto a 2019 debido a las restricciones de movilidad (rondaron el 25%) provocadas por la pandemia del coronavirus.

Según los datos a los que ha tenido acceso AEA, Automovilistas Europeos Asociados, y que han permitido realizar un informe, esto supone 10.000 multas al día.

Ranking de multas

A pesar del descenso en el número de denuncias el exceso de velocidad sigue liderando el ranking de las sanciones impuestas por la DGT, con 2.430.056 denuncias. El listado completo es este:

    1. Exceso de velocidad: 2.430.056 denuncias
    2. No haber pasado la ITV, o ser desfavorable: 434.479
    3. Conducir utilizando el móvil: 96.181
    4. Conducir sin carnet: 94.457
    5. No utilizar el cinturón de seguridad (94.417)

El análisis de los datos muestra un llamativo descenso muy significativo de las denuncias por alcoholemia y drogas, con un –55,4% y un -48,9%, respectivamente, así como las formuladas a transportistas por no respetar los tiempos de conducción y descanso (-40,%) y los excesos de velocidad captados por radares móviles de la Guardia Civil con detención “in situ” de los infractores (-44,6).

Por el contrario, aumentaron las denuncias por excesos de velocidad captados por radares móviles de la Guardia Civil sin detención de los infractores (14,4%); por conducción negligente (2,6%); y por no utilizar el casco (17%).

Multas sin descuentos

Desde AEA califican como “muy sospechoso” el incremento de un 27,6% en el número de denuncias formuladas durante el estado de alarma por la negativa de los titulares de los vehículos a identificar a los conductores que han cometido las infracciones, lo que supone tener que hacer frente al pago duplicado o triplicado del importe de las multas, en lugar de poderlas pagar con descuento del 50%.

Desde esta asociación señalan que este hecho puede tener su explicación en las dificultades de los servicios de correos para poder notificar fehacientemente las denuncias en los domicilios de los interesados, así como en la dificultad de los ciudadanos para poder presentar escritos con la identificación del conductor en los registros administrativos, por cuanto el requisito de obtener una “cita previa” en cualquier organismo oficial convierte este trámite en un “acto heroico” y casi imposible de cumplir.

Por comunidades autónomas, se han reducido las denuncias en todas las autonomías, excepto en Aragón y Castilla y León, que han experimentado incrementos del 25,6% y 23,5%, respectivamente.

A pesar de ello, en Andalucía es donde más denuncias se formularon (858.631), si bien fue en Madrid donde se detectó el mayor número de infracciones en función de la extensión de su red de carreteras (143 denuncias por kilómetro), y en La Rioja, en relación a su parque de vehículos (0,21 denuncias por vehículo).

Por el contrario, en Ceuta y Melilla fue donde se contabilizaron menos sanciones, tanto en términos absolutos (8.372), como en función del parque de vehículos (0,06 denuncias por vehículo). Castilla y León y Extremadura fueron las comunidades con menos por kilómetro de carretera (11).

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo “la reducción de los desplazamientos por carretera debido a las limitaciones a la movilidad impuestas para frenar su propagación han sido, sin duda, la causa fundamental de que en España se hayan formulado menos denuncias. Sin embargo, nos preocupa que en este contexto hayan aumentado muy significativamente las infracciones relacionadas con los peatones (15,5%) y con los ciclistas (66,5%), por lo que creemos muy necesaria y urgente la realización de campañas dirigidas hacia la protección de estos usuarios vulnerables.”


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El juicio rápido desde la perspectiva policial.


Desde la perspectiva policial el juicio rápido es una herramienta muy efectiva para una gran mayoría de intervenciones con relevancia penal.

Primeramente cabe destacar que el juicio rápido puede iniciarse, policialmente hablando, siempre que el delito sea de pena inferior a 5 años de cárcel o 10 años en otras penas, sea flagrante, instrucción sencilla o entre en un catálogo de delitos descritos en el artículo 795 de la LEcrim, iniciado mediante atestado.

En la práctica, esto permite que ante una intervención donde hay la existencia de un delito menos grave, se pueda dar trámite para citaciones en referencia a la figura de investigado detenido o investigado no detenido -Denunciado es la figura en Juicio Inmediato por Delito Leve-, es decir a la persona a la que se le imputan los hechos.

Esta decisión pertenece a la policía judicial que decide proceder su intervención en un procedimiento por juicio rápido y para que esto suceda se necesita tener un autor y un hecho que encaje en lo anteriormente narrado. Así pues, se inicia mediante atestado, donde en la práctica se procede a la citación de las partes, al investigado detenido o investigado no detenido con sus derechos legales correspondiente y su citación donde irán expresamente su obligación de comparecer en el lugar, día y hora señalado con los apercibimientos legales de no hacerlo.

¿Qué consecuencias jurídicas tiene una notificación de juicio rápido realizada por la Policía Judicial? prácticamente plenas,  pues una atribución en este procedimiento confiere a los agentes a realizar una citación obligatoria en el juzgado y cuya incomparecencia tiene consecuencias jurídicas. Además, la tipificación del delito ya va realizada por el propio agente, donde se hará constar los extremos que implican al investigado de su participación en el hecho a enjuiciar.

Por todo ello, cuando se procede con un juicio rápido es el propio agente policial quién cita formalmente y atribuye un hecho concreto al autor pero ¿Y si la tipificación no es correcta? Pues si el delito está dentro de la misma naturaleza el procedimiento rápido puede continuar, sino no y por tanto pasará a un procedimiento abreviado que será instruido por el Juez. De ahí, se desprende que la tipificación tenga un encaje lo más exacto posible teniendo en cuenta las circunstancias de la intervención.

El atestado tendrá que llevar todas las diligencias necesarias para darle una forma cronológica al hecho con las pruebas preconstituídas, aquellas que no pueden volver a reproducirse en una fase oral como por ejemplo los tickets de alcohólemia o pruebas indiciarias que son aquellas que generan un indicio que apuntan al autor como puede ser una testifical, que puede volver a reproducirse y someterse al principio de contradicción.

¿Detener o no detener? El juicio rápido tiene la gran virtud de permitir que la Policía Judicial no debe obligatoriamente proceder con la detención del autor, sino que con su citación es suficiente para dar inicio al procedimiento. En la práctica real a veces la detención no es lo más acertado, bien por falta de medios, por mayor tiempo en elaboración del atestado, más derechos que dar al detenido y por tanto mayor tiempo de intervención (un investigado no detenido NO goza de ciertos derechos que tiene un detenido, pues está en libertad y dispone de ellos) y por ello, de no ser necesario detener resulta a favor de agilizar el procedimiento.

Por eso el Juicio Rápido desde la perspectiva policial es muy eficaz en la inmediatez en la que se produce el procedimiento. Primeramente se basa en la sentencia de conformidad que se producen en el Juzgado de Instrucción, por medio de las diligencias urgentes, donde el investigado puede acordar reducción de pena, hasta un tercio de la mínima, pero de no ser el caso se pasa al juicio oral en un plazo de 15 días en el Juzgado de lo Penal, con la ventaja de que las declaraciones de los testigos son recientes a los hechos, incluida la de los agentes policiales al no estar alejadas en el tiempo, como sucede muchas veces en otros procedimientos y el Juez dictará sentencia en 3 días.

Todo ello agiliza tremendamente el tiempo necesario de la instrucción, donde los testigos pueden narrar los hechos con mayor exactitud, donde se resarce más rápido a la víctima o agraviado y donde la condena se ejecuta antes de ser el caso con una importante reducción. Por otro lado, los Agentes no tienen que comparecer en el Juzgado en un primer momento si finalmente hay pena de conformidad, pues su declaración está plasmada de cierto modo en el atestado, salvo que sean llamados como testigos para el Juicio Oral. Esto genera menos comparecencias en el Juzgado, como sería la ratificación en el atestado cuando hablamos de otro tipo de procedimientos.

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