90 mil sentencias condenatorias en 2018 en España por Delitos contra la Seguridad Vial


El 34% de las condenas por cualquier tipo de delito en España tienen relación con los delitos viales. En total, en 2018 se dictaron 89.264 sentencias condenatorias, según los datos dados a conocer recientemente por el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, que destacó ante los medios que la mayoría de ellas estuvieron motivadas por conducción bajo la influencia del alcohol y drogas, con 56.173 resoluciones. Son situaciones complejas en las que el análisis jurídico y el diseño de una estrategia legal adecuada desde el punto de vista penal pueden ser clave.

En total, el pasado ejercicio se abrieron 110.651 procesos penales por delitos contra la seguridad vial, frente a los 96.303 registrados el año anterior. El 62% del total de expedientes se debió a consumo de drogas y alcohol al volante (69.121). Además, se abrieron 2.013 procedimientos por la negativa a realizar pruebas de alcoholemia, 200 más que en 2017.

Aumentan las acusaciones y las condenas

En 2018 aumentaron notablemente las acusaciones por delitos contra la seguridad vial, con un incremento del 17% hasta rozar las 8.000 acusaciones. De hecho, el 73% del total de escritos de acusación formulados por delitos de homicidio imprudente estuvieron relacionados con el tráfico.

Actualmente en España hay 5.164 personas presas por haber cometido algún delito contra la seguridad vial.

Pero las condenas también aumentaron de forma sensible respecto del anterior ejercicio. Las estadísticas muestran un incremento del 9%, es decir, unas 7.000 sentencias condenatorias más que en 2017.

Condena de trabajos en beneficio de la comunidad

El 80% de los procedimientos abiertos terminaron en sentencia condenatoria y una de las principales penas impuestas a los condenados es la de trabajos en beneficio de la comunidad.

El  pasado ejercicio hubo 24.068 condenados a realizar este tipo de trabajos, de los cuales 21.772 eran hombres y 2.296 mujeres. El 22% de estas penas se cumplieron a través de programas como Taseval (taller de sensibilización en seguridad vial de una duración máxima de 60 jornadas) y Proseval (programa psicoeducativo para condenados a realizar este tipo de trabajos durante un periodo más prolongado).

Las cinco comunidades que registraron más sentencias condenatorias por delitos viales fueron Cataluña (20.151), Andalucía (15.169); Comunidad Valenciana (10.779); Madrid (10.407) y Galicia (5.346).

Los controles de alcohol y drogas y de velocidad no pararán

Bartolomé Vargas ha advertido que los controles de alcohol y drogas continuarán, así como los controles de velocidad. La Unión Europea ya recomendaba en 2004 que uno de cada tres conductores del censo fueran sometidos a control de alcoholemia con el objetivo de generar conciencia en la población que la fiscalización es real y tiene consecuencias.

Divulgación: Club Autoescuela

Juicio Rápido y Cancelación de Antecedentes Penales por Delito de Conducción bajo la Influencia de Drogas Tóxicas o Alcoholemia 


El plazo para la cancelación de los antecedentes penales variará en función de la pena impuesta en sentencia.

Para saber el plazo de cancelación de los antecedentes, lo primero que hay que ver es la pena con la que el Código Penal castiga el delito de conducción de vehículos bajo el efecto de bebidas alcohólicas e influencia de drogas tóxicas.

En Julio de 2015 se modificó el Código Penal, el artículo 379 castiga la conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas o drogas tóxicas. 

Establece las siguientes penas:

El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meseso con la de multa de seis a doce meseso con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 

Se impondrá sólo una de estas tres penas: la prisión o la multa o los trabajos en beneficio de la comunidad.

Además, este delito siempre lleva aparejada la retirada del permiso de conducir por tiempo de uno a cuatro años.

Observación:

Aunque no se superen dichas tasas de alcohol, se puede condenar por dicho delito si se acredita que se conducía con indudable alteración de las facultades físicas o psíquicas.

Si el Juzgado apreciase que el conductor se encuentra afectado por el consumo de bebidas alcohólicas, es decir si conducía con indudable alteración de sus facultades psíquicas y físicas, puede ser igualmente condenado por dicho delito aunque no hubiese alcanzado las tasas reseñadas.

Ejemplo de sentencia:

Audiencia Provincial de Madrid (Sección 17ª), sentencia de 27.11.2015:

“El 13 de junio de 2010, el acusado conducía el vehículo Volkswagen ….,  haciéndolo bajo la influencia de una intoxicación etílica, que le mermaba en sus facultades psicofísicas, razón por la cual cuando circulaba por la Avenida Juan Carlos I, de la localidad de Leganés, perdió el control del vehículo, subiendo sobre un bordillo e introduciéndose en el interior de una glorieta, chocando contra una señal de tráfico y tres árboles propiedad del Ayuntamiento de Leganés. El acusado presentaba síntomas de hallarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, tales como ojos rojos, pupilas dilatadas, habla pastosa, boca seca, fuerte olor alcohol y deambulación vacilante. Al serle realizada la prueba de determinación del grado de impregnación alcohólica con etilómetro, arrojó unos resultados de 0,47 y 0,43 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Se CONDENA a xxxxx , como autor penalmente responsable de un delito contra la Seguridad Vial del artículo 379.2, por conducir bajo la influencia del alcohol, a las penas de 46 días de trabajos en beneficio de la Comunidad y de 15 meses de privación del derecho de conducir vehículos de motor y ciclomotores…”

Cuando llegan las actuaciones al Juzgado procedentes de la comisión “presunta” de un delito de conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas, lo habitual es que se celebre un juicio rápido.

Juicio Rápido

Es muy probable que el abogado del acusado llegue a una conformidad con el Ministerio Fiscal a la vista de que las pruebas de alcoholemia evidencian que su defendido superaba la tasa permitida, por lo que la mayoría de las veces es aconsejable tal acuerdo previo al juicio, ya que de esta manera el acusado puede acogerse por ley a una rebaja de UN TERCIO de la condena solicitada por el Ministerio Fiscal.

La “conformidad del acusado” en el juicio rápido ha sido una de las grandes innovaciones que se produjeron en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Permite que los acusados por uno de los delitos que se ventilan en este tipo de juicios rápidos puedan acogerse, en el supuesto de mostrar su conformidad con el escrito de acusación que presente el Fiscal, a la reducción de un tercio de la pena solicitada por dicha acusación.

Ejemplo:

La Guardia Civil abre atestado a un conductor por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, que ha dado positivo en el control de alcoholemia correspondiente y en base a la tasa de alcoholemia resultante, envía el expediente a juzgado de guardia.

Los Juicios Rápidos son los procesos penales por los que se enjuician los delitos castigados, con pena privativa de libertad que no exceda de 5 años o bien cualesquiera otra cuya duración no exceda de 10 años.

Es necesario que el proceso penal se inicie con atestado policial y la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de Guardia o que, aún sin detenerla haya sido citada a comparecer ante el Juzgado de Guardia por ser denunciado en el atestado, y que además concurran alguna de las siguientes circunstancias:

Se enjuician como delito rápido:

A – Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.

B – Delitos de hurto

C – Delitos de robo

D – Delitos de hurto y robo de uso de vehículos

E – Delitos contra la seguridad del tráfico

F – Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal

G – Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal

H – Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.

Cuando llega el atestado al Juzgado, el Ministerio Fiscal presentará un escrito de acusación en el que solicitará como penas que lleva aparejado este delito, la de retirada del permiso de conducir y la imposición además de una pena de multa económica (puede solicitar también prisión, pero no es lo habitual cuando los hechos ocurren por primera vez y no se producen lesiones).

Imaginemos que el Fiscal solicita en su escrito de acusación la retirada del permiso de conducir por un año (pena mínima) y además la imposición de una multa de 1.200 euros. Si el acusado considera que no tiene forma de defenderse de esos hechos, ya que la prueba practicada ha dado positivo, puede conformarse con los hechos y el escrito de acusación presentado.

En este caso, la conformidad del acusado en el juicio rápido, sin necesidad de celebrarlo, le permitirá acogerse a una reducción de la condena solicitada en un tercio.

En este ejemplo si la acusación le pedía la retirada del carnet de conducir por un año, y se muestra conforme, al final la sentencia le rebajará dicha condena en un tercio, por lo que se le condenará a 8 meses de retirada del permiso de conducir. Igual pasará con la multa de 1.200 euros, reduciéndose en un tercio, por lo que la sentencia le impondrá una pena de multa de 800 euros.

¿Quedan antecedentes penales por un delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas o alcoholemia?

La respuesta es sí, van a quedar anotados los antecedentes penales en el Registro de Penados, puesto que conducir en estado de embriaguez es considerado un delito.

¿Qué plazo hay para la cancelación de los antecedentes penales por un delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas o alcoholemia?

Antes de ver los requisitos para la cancelación de antecedentes penales tenemos que saber la clase y cuantía de la pena que nos ha impuesto un Juez.

Por tanto, tendremos que leer el fallo de la sentencia y saber si nos han condenado a tantos meses o años de prisión, a tantos meses de multa, a tantos meses de retirada del permiso de conducir, ya que dependiendo de la pena o penas impuestas en la sentencia podremos calcular el tiempo que tardará en cancelarse nuestros antecedentes penales.

Uno de los requisitos para la cancelación de antecedentes penales, es que el culpable o condenado no cometa ningún otro delito dentro de los plazos que se establecen en el Código Penal.

Por tanto, una vez tengamos nuestra sentencia a la vista y sepamos a qué nos condenó el Juzgado, tendremos que acudir al artículo 136 del Código Penal para saber durante qué plazo no podemos cometer ningún otro delito para que se nos cancelen esos antecedentes penales.

El art. 136 Código Penal dice que han de transcurrir sin que el culpable cometa un nuevo delito, los siguientes plazos:

– 6 meses para las penas leves.

– 2 años para las penas menos gravesque no excedan de 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes.

– 3 años para el resto de las penas menos graves (las que excedan de 12 meses y no alcancen las graves).

– 5 años para las penas graves.

Opciones de Condena

Como hemos dicho, estos delitos llevan aparejada la imposición de 2 penas distintas:

1ª PENA. El juez aplica alguna de las tres opciones siguientes

a.- Pena de prisión (de 3 a 6 meses)

b.- “o” pena de multa (6 a 12 meses), el mínimo de la pena de multa a pagar para las personas físicas será de 2 euros día, y el máximo será de 400 euros día. En este caso se deja al criterio del Juez el importe que tenga que abonar el condenado, que deberá estar en sintonía con su capacidad económica.

Los Jueces fijarán en la sentencia, el importe de las cuotas de multa que debe abonar el condenado, teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo.

De ahí la importancia de que el condenado acredite con los medios de prueba que disponga (número de hijos, ingresos, hipoteca, etc.) las cargas familiares que tenga para que el importe de la multa sea consecuente con su capacidad económica.

El Tribunal, por causa justificada, podrá autorizar el pago de la multa dentro de un plazo que no exceda de 2 años desde la firmeza de la sentencia, bien de una vez o en los plazos que se determinen. En este caso, el impago de dos de ellos determinará el vencimiento de los restantes.

Esto significa qué si no se puede abonar de una sola vez la multa impuesta, se puede solicitar del juzgado el pago fraccionado, ahora bien, el compromiso que se asuma ha de cumplirse, pues se corre el riesgo que de no ingresar la cantidad en los plazos establecidos el Juez revoque el fraccionamiento y pueda convertirse la multa en días de prisión.

Si el condenado no abonase la multa impuesta, queda sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de prisión por cada 2 cuotas de multa no satisfecha no satisfecha.

c.- “o” pena de trabajos en beneficio de la comunidad (de 31 a 90 dias), es muy importante, por parte del condenado que se cumpla escrupulosamente con la totalidad de los trabajos en beneficio de la comunidad impuestos en la sentencia, ya que de no hacerlo o no presentarse a las entrevistas previas que correspondan, puede dar lugar a un nuevo delito de quebrantamiento de condena o delito de desobediencia, que lleva aparejado consecuencias más graves.

Los trabajos en beneficio de la comunidad no podrán imponerse sin el consentimiento del penado.

Los trabajos no serán retribuidos y deben referirse a actividades de utilidad pública sin que se pueda atentar contra la dignidad del penado.

Estarán cubiertas por la Seguridad Social las contingencias que pudieran ocurrir por accidente o enfermedad profesionalLa duración diaria de los trabajos en beneficio de la comunidad no podrá exceder de 8 horas.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria es el encargado de controlar el cumplimiento de la pena impuesta, por lo que pedirá los informes que precise a la Administración o entidades públicas que prestan estos servicios para controlar que el penado cumple con la pena impuesta (“plan de cumplimiento”).

Los trabajos en beneficio de la comunidad son una pena y su incumplimiento acarrea graves consecuencias.

Los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena y, en todo caso, dice la ley que deberán remitir inmediatamente al Juez de Vigilancia, información de si el penado:

a)Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.

b)A pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo, su rendimiento fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible.

c)Se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se le dieren por el responsable de la ocupación referidas al desarrollo de la misma.

d) Si la conducta del penado fuere tal, que el responsable del trabajo se negase a seguir manteniéndolo en el centro.

Una vez valorado el informe, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá enviar al penado para que finalice la ejecución de la misma en otro centro o entender que el penado ha incumplido la pena.

Si la pena de trabajos en beneficio de la comunidad ha sido impuesta en la sentencia como pena originaria, y el condenado a dicha pena no cumpliese con los trabajos impuestos, se deducirá testimonio al Juzgado competente y se podrá iniciar otro procedimiento penal contra el sujeto por un presunto Delito de Quebrantamiento de Condena.

Cuando se impone la pena de trabajos comosustitutiva de otra, el incumplimiento no dará lugar a la comisión de un delito de quebrantamiento de condena.

Si el penado no pudiese acudir algún día concreto a realizar los trabajos en beneficio de la comunidad, deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la Asociación o entidad donde esté prestando dichos servicios, así como acreditarlo documentalmente (Certificado de enfermedad, fallecimiento de algún familiar, etc.).

La causa para no cumplir con el trabajo encomendado debe ser importante.

2ª PENA. Además, la pena de retirada del permiso de conducir por tiempo de 1 año hasta 4 años.

La duración de la misma depende de la gravedad que estime el juez en función de los hechos y de las circunstancias del conductor (reincidencia, etc.).

Periodo que transcurrirá para disponer de derecho a la solicitud de la cancelación de antecedentes penales

Según la duración de las penas impuestas en sentencia, el plazo de espera para la cancelación de antecedentes penales por un delito de alcoholemia o conducción bajo la influencia de drogas variará de la siguiente manera:

*Por la pena de prisión (de 3 a 6 meses)o la de multa (de 6 a 12 meses)o la de trabajos en beneficio de la comunidad (de 31 a 90 días):

La duración de cualquiera de estas penas, consideradas por el Código Penal como ”Penas menos graves” tienen un plazo de cancelación de los antecedentes de 2 años.

*Por la pena de retirada del permiso de conducir por tiempo de 1 año hasta 4 años:

Si la retirada del permiso de conducir ha sido por 1 año exacto (o menos si existe conformidad en el juicio rápido), el plazo de cancelación será de 6 meses.

Si la retirada del permiso de conducir ha sido por tiempo superior a 1 año (basta con 1 año y 1 día) e inferior a 3 años, el plazo de cancelación de antecedentes es de 3 años.

Si la retirada del permiso de conducir ha sido por tiempo de 3 a 4 años, el plazo de cancelación será de 5 años.

¿Desde cuándo se inicia el computo de los plazos para la cancelación de antecedentes por un delito de alcoholemia?

Los plazos señalados se contarán desde el día siguiente a aquel en que se haya extinguido la responsabilidad penal, es decir, desde que se ha cumplido la última de las penas impuestas.

Ejemplo: (pasos a seguir)

1º paso. Si una persona ha sido condenada por conducir un vehículo en estado de embriaguez y se le condena a una pena de multa económica de 6 meses (plazo cancelación 2 años) y a la retirada del permiso de conducir por un tiempo de 1 año (plazo cancelación 6 meses).

2º paso. El plazo para la cancelación de los antecedentes de este delito comenzará desde que se extinga la última de las penas impuestas: cuando se termine el pago de la multa o al finalizar el tiempo de retirada del carnet de conducir.

3º paso. A partir de la extinción de la última de las penas deberá transcurrir el mayor de los plazos de cancelación, en este caso es el de 2 años. Habrá que contar 2 años desde el día siguiente al cumplimiento de la última pena para la solicitud de la cancelación de los antecedentes penales.

Prescripción de los delitos contra la seguridad vial *

Los delitos contra la seguridad vial prescriben al igual que el resto, con arreglo al artículo 131:

– A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años.

– A los quince años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años.

– A los diez años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez.

– A los cinco años, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año.

Si la pena señalada por la ley fuera compuesta, habrá que atender, para la aplicación de las reglas comprendidas en este artículo, a la que exija mayor tiempo para la prescripción.

En otro orden, en los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave.

En virtud del artículo 132, los plazos anteriormente señalados se computarán desde el día en que se haya cometido la infracción. En los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta.

* Prescripción en material penal: Consiste en la imposibilidad de ejercer una acción judicial penal contra una persona porque la acción penal prescribió. … En otras palabras, la prescripción de delito corresponde a la imposibilidad de que el culpable de un delito cumpla la pena que se le asignó.

Divulgación: Club Autoescuela

Más de 1.159 personas se encuentran en prisión por delitos contra la seguridad vial


El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado el primer informe integral sobre delitos de seguridad vial y su incidencia en el ámbito penitenciario, que refleja que hay 4.542 personas privadas de libertad con algún tipo de delito relacionado con la seguridad vial (9% de la población penitenciaria). De ellos, 1.159 tenían como delito principal la seguridad vial (un 2,3% de las personas en prisión).

“El estudio nos devela que los delitos relacionados con la conducción de vehículos a motor llevan a prisión a un número cada vez más elevado de conductores. Tenemos que frenar esta tendencia, porque no debemos olvidar que, detrás de estas frías cifras hay personas con nombre y apellidos que en un momento dado incumplieron las normas y sufren las consecuencias ellos y sus familias”, ha señalado Grande-Marlaska.

El informe señala que el 97,3% de las personas en prisión son hombres, frente al 2,7% de mujeres. Así, la radiografía de este tipo delictivo determina que se trata de un varón con una edad media de 40 años (39,8), con condenas inferiores a tres años por conducir sin permiso o sin vigencia del mismo (54,4%), de forma temeraria (16,7%) y bajo influencia de bebidas o análogas (16,7%) y de nacionalidad española.

Además, 9 de cada 10 personas tienen condenas inferiores a tres años y la condena media se sitúa en los 667 días (1,8 años). En cuanto al ámbito geográfico, las provincias de residencia de los condenados más frecuentes son Madrid, Málaga, Sevilla, A Coruña y Pontevedra.

Homicidio imprudente

El informe recoge que de estos penados, 26 personas se encuentran en la cárcel por estar acusadas o condenadas por homicidio imprudente con vehículo a motor. Este delito representa el 0,7% del total de delitos por homicidio, el 20% de los homicidios imprudentes y el 2,4% del total de internos contra la seguridad vial. Es decir, uno de cada cinco homicidios imprudentes se produce con un vehículo a motor.

El perfil del homicida imprudente en prisión, según se desprende del estudio, es hombre de edad comprendida entre 26 y 60 años, con una condena media de 4 años y de nacionalidad española. El análisis del ámbito geográfico indica que los delitos se producen tanto en grandes zonas urbanas como en rurales, costeras o del interior de la península.

De los 26 condenados por homicidio imprudente con vehículo a motor, dos de los infractores acumulan 6 y 7 condenas relacionadas con la seguridad vial. Únicamente dos de las 26 personas son mujeres. Lo que vendría a determinar que 1 de cada 10 personas condenadas por este delito son hombres.

El ministro del Interior ha señalado que “quienes cometen infracciones que les conducen a prisión lo hacen porque incurren en un doble error”. “Por un lado, no perciben el riesgo de las imprudencias que cometen pese a que, como hemos visto, las consecuencias son gravísimas y muy costosas. Por otro lado, muestran una equivocada sensación de impunidad cuando, según nos muestran las estadísticas, el grado de represión de estas conductas lesivas es muy alto”, ha indicado.

Tratamiento en centros penitenciarios

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha explicado que desde el 2010 está implantado un programa de intervención que lleva por título ‘Universalización de la educación vial en los centros penitenciarios’. El objetivo del mismo es sensibilizar a los internos de la importancia que tiene el comportamiento cívico y respetuoso con las normas a la hora de ponerse ante un volante. Asimismo, facilita la preparación para la obtención del permiso de conducir, permisos profesionales o la recuperación de puntos. A lo largo de estos diez años, 1.675 internos e internas han sido aptos para sacarse el teórico del carnet de conducir de los 2.501 que se han presentado.

Con relación a los aptos del examen práctico, los datos se refieren al período 2010-2016 ya que en años posteriores no se desarrolló el programa. Durante esos seis años, un total de 494 han conseguido el permiso de conducir, 463 eran hombres y 31 mujeres. El informe concluye que el número de internos que aprueban el examen práctico de conducir supera al de los aprobados del examen teórico.

Penas y medidas alternativas a la prisión

El informe también analiza la incidencia de estos delitos sobre las penas y medidas alternativas, que no implican penas privativas de libertad sino que obligan a las personas, bien a realizar talleres o programas de reeducación conductual, bien tareas de utilidad pública con el fin de reparar el daño causado, son los conocidos trabajos en beneficio de la comunidad (TBC). En 2019 el número de mandamientos recibidos por los servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas ascendió a 80.935, de los que un 30% responden a delitos contra la seguridad vial (24.487).

En cuanto a las tareas de utilidad pública, 10.683 personas realizaron trabajos en beneficio de la comunidad.

En resumen, en 2019 la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias gestionó la situación de alrededor de 30.000 personas condenadas por delitos contra la seguridad vial.

La última reforma del Código Penal en materia de seguridad vial beneficia a las víctimas


Reforma en Seguridad Vial del Código Penal de Abril de 2019
Reforma en Seguridad Vial del Código Penal de Abril de 2019

Por Manuel Castellanos Piccirilli, abogado, director de MCP Gabinete Jurídico y presidente de la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC)

Se acaba de publicar (BOE de 3 de marzo) la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ya en vigor, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción de abandono del lugar del accidente, y que ha tenido, en los últimos meses al mundillo jurídico del sector de la responsabilidad civil bastante inquieto desde la divulgación de la enmienda introducida el pasado día 20 de noviembre de 2018 en el seno de la ponencia que se tramitó en el Congreso de los Diputados, ratificada en el Pleno del día 22. En su preámbulo se justifica que responde a una importante demanda social, ante el incremento de accidentes en los que resultan afectados peatones y ciclistas por imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor, y se asienta sobre tres ejes:

1.° La introducción de tres supuestos que se van a considerar imprudencia grave por disposición de la ley, así como una interpretación auténtica de la imprudencia menos grave.
2.° El aumento de la punición de este tipo de conductas.
3.° La introducción del delito de abandono del lugar del accidente.

La citada reforma, en esta recalcitrante legislación pendular a la que tristemente nos tienen acostumbrados nuestros políticos, se produce por el clamor de las víctimas y sus asociaciones, primero ante la alarma social generada por casos de las víctimas más desprotegidas en materia de seguridad vial como son los peatones y ciclistas, y en segundo lugar a la ausencia de sanción Penal de conductas imprudentes ante la deriva generada por la reciente reforma del Código Penal operada mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que despenalizada el procedimiento de Juicio de Faltas y con ello la reclamación, en vía penal, de las consecuencias indemnizatorias de los accidentes de circulación con lesiones que supusieran para la víctima, además de una primera asistencia sanitaria, un tratamiento médico o quirúrgico (Art. 147.1 CP).

En síntesis, la nueva reforma lo que hace es reconducir a la Jurisdicción Penal la práctica totalidad de los accidentes de circulación con víctimas dentro del parámetros del citado art. 147.1 (además del 149 y 150 CP) bajo la denominación de imprudencia menos grave, al tipificar los arts. 142.2 y 152.2 CP que se reputará este tipo de hecho delictivo, cuando no sea calificada de grave,  siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, apreciada la entidad de ésta por el Juez o el Tribunal. Es decir, hay que acudir al art. 76 del RDL 6/2015 de la Ley de Tráfico, parecida a la tipificación más antigua del CP cuando se refería a“la infracción de reglamentos”, y que incluye prácticamente la totalidad de las conductas al volante de falta de diligencia o infracción del conductor, por ejemplo y resumidamente hay que destacar algunas de las conductas del art. 76:

a) Límites de velocidad
c) Preferencia de paso, adelantamientos, cambios de dirección o sentido y marcha atrás, sentido de la circulación, utilización de carriles y arcenes
d) Parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones
e) Alumbrado reglamentario
f) Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular
g) Telefonía móvil, navegadores
h) No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco
j) No respetar las señales y órdenes de los agentes de la autoridad
k) Luz roja de un semáforo
l) Señal de stop o la señal de ceda el paso
m) Conducción negligente
ñ) Distancia de seguridad
r) Condiciones de carga del vehículo
t) Circular con el permiso suspendido
u) Aumentar en un 50 por ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor
x) Circular por autopistas o autovías con vehículos que lo tienen prohibido.

Ante este elenco de infracciones nos preguntamos si los agentes de la policía o guardia civil que intervengan en el atestado serán los que discrecionalmente enviarán estos asuntos de oficio a los Juzgados de Instrucción, o simplemente los mandarán todos para que sea el Juez quien determine quien se encuentra dentro del nuevo tipo delictivo.

También hay otras novedades como la elevación de penas para los homicidios imprudentes que suben uno o dos grados, por dos vías, introduciendo los nuevos artículo 142 bis y 152 bis, y la relevante introducción de un nuevo delito, el denominado delito de abandono del lugar del accidente en el art. 382.bis, que castiga como delito la huida o fuga del lugar del accidente después de haber cometido un ilícito penal del art. 142 o cause lesiones de los arts. 147.1, 149 y 150 CP, es decir, ahora no hace falta que la víctima se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave que articulaba el 195 CP, y que muchas veces lo que enmascaraba, además de a los conductores mal educados e insolidarios, eran personas que huían del lugar del accidente pues conducían bajo la influencia de alcohol o drogas, sin carnet o sin seguro, y se marchaban del lugar de los hechos antes de que pudiera llegar la autoridad policial.

MÉDICOS FORENSES

Todas estas medidas están muy bien, y recogen pretensiones que las asociaciones de víctimas demandaban tras la curiosa despenalización del juicio de faltas, oportunamente coincidente con la modificación de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor y la introducción de un nuevo y criticadísimo baremo de valoración del daño corporal pero, como dijimos, los beneficios de las víctimas son a medias, pues ahora vuelven a intervenir los médicos forenses para valorar su daño corporal de los lesionados en los siniestros de tránsito.

El problema con el que nos encontramos es que muchos forenses, no todos, pero un porcentaje preocupante, carecen de medios y de una formación adecuada, perjudicando gravemente a las víctimas al elaborar unos informes de sanidad que no se ajustan a la realidad lesional del perjudicado, valorando, tristemente a la baja, por ese mantra de que la víctima exagera o engaña sobre sus lesiones para obtener un enriquecimiento injusto, que tan hábilmente los sectores interesados han difundido e implantado en el subconsciente colectivo.

No es de recibo que la Administración no provea de una formación imparcial, desinteresada y de calidad al cuerpo de forenses, dotándoles de conocimientos especializados y actualizados en la materia y de medios para desarrollarlos,  permitiendo que los mismos tengan que autoformarse con cursos y jornada patrocinadas por las aseguradoras del ramo o que se dejen arrastrar por el tristemente célebre protocolo de Barcelona, en el que en el año 2002, en la torre de sede de una conocida aseguradora de esta ciudad, se reunieron médicos forenses con los jefes de servicio médicos y jurídicos de varias aseguradoras (sin presencia de representantes de las víctimas) para dar unas pautas interesadas de actuación para las lesiones más numerosas estadísticamente hablando que son las que afectan a la columna vertebral. Lo mismo podemos decir de los recién instaurados Institutos de Medicina Legal, los cuáles, y sin entrar en la inaceptable dilación en elaborar sus informes, algunos de ellos, han empezado muy bien y curiosamente, con el paso del tiempo, están derivando en el  favorecimiento de los intereses de las aseguradoras en perjuicio de las víctimas por los motivos anteriormente expuestos.

Los letrados que nos dedicamos a esto estamos aburridos de ver como los médicos forenses tienen que ver a 10-15 personas al día, sin un emplazamiento adecuado y ad hoc donde reconocer a los lesionados, sin anamnesis ni exploración de las víctimas, elaborando unos informes tipo formulario de uno o dos folios sin las debidas garantías de un correcto y estructurado informe pericial médico que se le exige a cualquier otro perito privado, para luego escuchar de los Jueces y Tribunales que estos informes forenses son privilegiados al ser objetivos o imparciales, como si el resto de peritos privados no lo fuera… (art. 335 LEC).

En definitiva, siendo importante para la seguridad vial que se persiga y castigue las imprudencias calificándolas como delitos graves o menos graves, se amplíen las penas y se introduzca el delito de fuga, pues con ello ayudaremos a que exista una menor siniestralidad (cosa no demostrada aún), también lo es que a las víctimas de los accidentes, que recordamos no los han buscado, se las trate con la consideración debida a personas que han sufrido un evento dañoso en sus vidas, tanto moral, física como patrimonialmente, las cuáles en Justicia deben ser adecuadamente resarcidas, y que dicha compensación solo se logra si tiene como apoyo un funcionariado médico verdaderamente imparcial y adecuadamente formado, dotándoles de medios materiales para el desempeño de su forensía, y sin influencias externas e interesadas que influyen en sus decisiones con las víctimas plasmadas en los informes de sanidad.

En conclusión, la unión de dos factores, una reforma del Código Penal como se ha expuesto, y una correcta e imparcial formación de los médicos forenses, dotándoles de medios, es el único modo de lograr ese avance en la protección de la parte mas débil de esta ecuación, que son precisamente las víctimas de accidentes de tráfico.