Un juez condena a la DGT a pagar 400 euros por no garantizar el correcto funcionamiento de sus radares


El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid ha condena a la Dirección General de Tráfico (DGT) a pagar 400 euros por no garantizar “la aptitud del soporte donde instala sus radares”.

Así consta en una sentencia en el que se estima un recurso promovido por los servicios jurídicos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en defensa de uno de sus socios, anulando una multa de 300 euros y la detracción de dos puntos impuesta por un supuesto exceso de velocidad.

La nulidad se produce porque “al no constar el correcto estado del soporte del radar utilizado” no puede garantizarse su correcto funcionamiento. La sentencia condena, además, a la DGT al pago de 400 euros en costas.

Los hechos ahora enjuiciados se iniciaron por una denuncia formulada el pasado año por el radar que la DGT tiene situado en el km. 59,2 de la N-VI. Curiosamente, este cinemómetro ostentaba ya en el 2017 el récord de ser el radar más activo de toda España, con 55.119 denuncias formuladas, según un informe elaborado por AEA.

En un comunicado en su página web, AEA ha recalcado que ahora la justicia ha estimado íntegramente los argumentos jurídicos invocados por los letrados de AEA en defensa de los legítimos derechos de uno de sus miembros al cuestionar la medición efectuada por un radar del que no constaba “el correcto estado del soporte del mismo”.

Medición de los radares

Según el fundamento de derecho primero de la sentencia “en la Orden ITC (3123/2010) se regula la verificación periódica, no sólo de los propios aparatos cinemómetros, sino también de las cabinas que constituyen su alojamiento, soporte o protección, como deriva del artículo 12 de la misma Orden, antes transcrito, pero en el expediente administrativo no consta ningún certificado o documento que garantice la obligatoria verificación de la cabina”.

Según los últimos datos facilitados por su director general en una reciente comparecencia ante la comisión de presupuestos del Congreso de los Diputados, la DGT dispone en la actualidad de 2.300 radares, que se incrementarán en 75 más el año que viene. Durante 2019 se formularon 4,6 millones denuncias, con una recaudación próxima a los 500 millones de euros.

Divulgación: Club Autoescuela

¿Competencia para sancionar?


En España existen tres órganos diferentes que pueden iniciar los procedimientos que dan lugar a las sanciones de tráfico. 

Existen diferentes autoridades competentes que pueden sancionar en materia de tráfico: la DGT, la Guardia Civil, los agentes de la policía local de una determinada localidad o los agentes autonómicos de Cataluña, País Vasco y Navarra.

A este respecto, la Dirección General de Tráfico nos aclara en qué “terreno” actúa cada uno de estos órganos competentes, ya que puede variar en función del tipo de vía. Y recuerda que, como recuerda la propia DGT, el procedimiento sancionador debe ser iniciado “por una autoridad competente que entienda que se ha cometido una infracción”, pero que puede ser por iniciativa propia o por la denuncia de otros agentes encargados de la vigilancia del tráfico o por “cualquier persona que tenga conocimiento de la misma”.

Así pues, lo habitual es ver a los agentes de la Guardia Civil en carreteras convencionales, por ejemplo, y a la Policía Local en las calles de la ciudad; pero no siempre es así.

  • La DGT como órgano administrativo, puede interponer multas a través de la Guardia Civil o de sus propios medios, como los radares. Su radio de actuación se centra, principalmente, en las vías interurbanas y en las travesías cuando no exista policía local en esa localidad. Su cometido es el de denunciar y sancionar las infracciones a las normas de circulación, en lo relativo a las condiciones técnicas de los vehículos y al Seguro Obligatorio

  • En Cataluña, los Mossos de Esquadra; en el País Vasco, la Ertzaintza; y en Navarra, la Policía Foral. Estos agentes se encargan de vigilar y de multar en vías interurbanas y en travesías sin policía local; en sus respectivas comunidades autónomas, claro, y con las mismas competencias que los agentes de la DGT antes mencionadas.

  • Los Ayuntamientos también tienen la autoridad competente para multar en materia de tráfico a través de sus agentes de policía local. Estos pueden ordenar, controlar y vigilar el tráfico, denunciar las infracciones cometidas en estas vías y aquellas que no estén atribuidas expresamente a otra Administración.

Fuente: Club Autoescuela